El pasado 27 de febrero, el presidente Abinader anunció, en su discurso sobre el Estado del País, los planes de su Gobierno para los próximos cuatro años. Ese discurso ha sido ampliamente analizado por la prensa que destacó la identificación de cinco grandes pilares, fundamento de un programa de largo alcance: la lucha contra la pandemia, blindar la protección social, relanzar la economía, la transparencia y la honestidad en el manejo de fondos públicos y realizar reformas estructurales.
La amplitud de esos temas contribuyó a que los análisis y los comentarios se enfocaran sobre las implicaciones de querer afrontar tamaños problemas. Se privilegió analizar aquellos aspectos que más llamaban la atención de la opinión pública, tales como el tiempo necesario para realizar un plan de esa envergadura, el costo de su implementación, y su compatibilidad con el actual nivel de endeudamiento del país, aspectos que pueden poner problemas de priorización, con decisiones que demandarán no solamente consideraciones económicas, sino también políticas y sociales.
Menor ha sido la atención por el impacto que las acciones específicas anunciadas puedan tener para el futuro desarrollo del país. Sin embargo, éste debería ser el criterio crucial y la prueba de fuego para determinar el costo de oportunidad de cada acción, y evaluar si una cierta iniciativa responda a un interés de largo plazo del país que justifique los sacrificios económicos que pueda demandar. Estas consideraciones generales tienen una especial relevancia, si se considera que entre los cinco pilares está la protección social.
En particular, una atención limitada fue dada al alcance de una propuesta, o mejor dicho del anuncio de una decisión tomada, la de crear en Puerto Plata una Ciudad del Saber, una Silicon Beach de República Dominicana, como la llamó el presidente Abinader, refiriéndose al modelo de la Silicon Valley californiana. Esta será “Un ecosistema de creatividad e innovación donde confluirán empresas de tecnología, universidades nacionales e internacionales, centros de investigación, corporativas y manufactura, que podrán instalarse y tener todas las facilidades para desarrollar sus productos y servicios. Los jóvenes dominicanos son tan talentosos como los más del mundo, y serán los grandes protagonistas de este proyecto, a través del cual tendrán todo un ecosistema de empresas en el que desarrollar su creatividad, consiguiendo con ello nuevas oportunidades de formación y empleo.”
Esta descripción muestra que, respecto a lo cinco pilares, la propuesta tiene un carácter transversal, con nexos, directos o indirectos, con cuatro de ellos.
Formalmente la propuesta es novedosa y se enmarca en la misma política del presidente Abinader perseguida con la decisión de extender la UASD a Santo Domingo Este. Por lo tanto, es incuestionable que es una propuesta del Gobierno actual. Sin embargo, son de apreciar los elementos de continuidad con el anterior, como debe ocurrir para cualquier política en Ciencia y Tecnología, sectores en los cuales los resultados esperados son de largo plazo. Esto requiere políticas de Estado que aseguren una continuidad de esfuerzo incompatible con cambios frecuentes y que cuenten con un amplio consenso nacional, libre de las normales diferencias políticas implícitas en cualquier democracia.
En el caso específico, recordamos la contribución del Dr. Rodríguez Peña al volumen de estudio que el MESCyT ha dedicado al aporte de Fondocyt al desarrollo de la Ciencia dominicana entre 1998 y 2018. En ella se hizo referencia a un eventual establecimiento de una Ciudad de Saber en el país, poniendo en evidencia la importancia de tomar en cuenta las capacidades e infraestructuras existentes, lo cual sugiere considerar también la hipótesis de un modelo de Consorcio parcialmente deslocalizado.
¿Existen las condiciones para realizar de manera sostenible esta propuesta? Me atrevo a afirmar que sí.
Según los criterios de un informe que Wagner, Brahmakulam, Jackson, Wong, y Yoda han preparado para el Banco Mundial, nuestro país se encuentra en el tercer grupo de los cuatro que ellos definen según el nivel de desarrollo científico, el grupo de los Países en Desarrollo científico. Es una necesidad impostergable que gracias al progreso registrado en el estudio del MESCyT podamos ingresar al Club de los Países con Competencia científica.
Para sustentar mi convicción y analizar las eventuales dificultades que puede tener que sortear la realización de la propuesta, quisiera recordar dos realizaciones latinoamericanas de proyectos que presentan muchos elementos en común con el anunciado por el presidente Abinader, la Ciudad del Saber de Panamá y el Proyecto Yachay de Ecuador.
El primero de ellos pudo aprovechar la oportunidad, única, por cierto, ofrecida por la restitución a Panamá del control sobre la Zona del Canal. Una de las instituciones de mayor interés de la Ciudad del Saber de Panamá es Indicasat, un centro de Alta Tecnología dirigido por el Dr Rao, quien muchos recordarán haber sido invitado especial en uno de los Congresos anuales del MESCyT. La analogía de las dos ciudades tiene una obvia limitante en la circunstancia irrepetible de que la Ciudad del Saber panameña pudo aprovechar la recepción de una infraestructura edilicia de primer mundo.
La idea de un Centro de Alta Tecnología está en la agenda de las cosas posibles en nuestro país. Cuando fue anunciada la decisión de crear un nuevo Campus de la UASD en Santo Domingo Este, hubo un editorial de Listín diario que, manifestando algunas veladas perplejidades, sugirió que más bien se creara un Centro de Alta Tecnología.
Estas dos propuestas, extensión de la UASD y creación de un tal Centro, no son alternativas, como destaqué en un artículo anterior.
El tema más bien es si existan las condiciones de sostenibilidad de un Centro de Alta Tecnología. La respuesta no puede que ser afirmativa. En los últimos meses, han sido inaugurados dos Centros que encajan en este esquema, uno en la Universidad Evangélica y el otro en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Y otro, sobre Ciencia de Materiales, ha sido objeto de una propuesta de los doctores Alberto Núñez- Selles y Fabrice Piazza, juntos con quien escribe. Esta propuesta, a pesar del amplio reconocimiento de su importancia y de haber encontrado en esas mismas dos universidades sus paladines, aún no ha podido realizarse. Incidentalmente, su creación no tendría carácter alternativo a la propuesta de un Centro de Alta Tecnología, dado que éste último podría incorporar varias áreas de actividad de importancia estratégica para el país, de las cuales las ciencias de materiales podrían ser una.
En múltiples sedes y circunstancias, he sostenido que, si se quiere garantizar la existencia de una masa crítica que asegure la sostenibilidad científica de un Centro de investigación en una región como la de los países del Sistema de Integración Centro Americano, SICA, ese Centro debe tener carácter regional.
Y debe haber una cultura de cooperación regional. El éxito de un Taller que acaba de concluirse, en el marco de un proyecto financiado por el SICA y el IDRC de Canadá, confirma la creciente difusión de esa cultura.
Posiblemente, el proyecto Yachay de Ecuador sea más cercano a lo que propone el presidente Abinader. Yachay fue una ciudad planificada y construida ex novo, cerca de Ibarra, alrededor de una finca histórica por haber pertenecido al primer presidente de Ecuador. Una de sus cuatro grandes áreas, la administrativa, incluye una universidad internacional autónoma (Yachay Tech), creada haciendo referencia a modelos californianos. Las otras están dedicadas a desarrollo industrial con investigaciones de alta tecnología, agroturismo y biotecnología. El cambio de gobierno de 2017 causó cambios importantes en la forma de gestión de Yachay. El carácter político de esos cambios deja abierto el tema de qué pasará después de la segunda vuelta electoral que tendrá lugar dentro de dos semanas, el próximo 11 de abril.
Entre los elementos que vuelven el proyecto Yachay cercano al de Puerto Plata, están elementos intrínsecos, tales como su proyección industrial y los incentivos para capitales de riesgo, y elementos de fondo, como la semejanza de las prioridades ecuatorianas con las dominicanas. Para mencionar algunas: las biotecnologías, la seguridad alimentaria y el desarrollo tecnológico, sin olvidar el tema de la salud, puesto en evidencia por la experiencia de la pandemia.
Tuve oportunidad de conocer muy de cerca el proyecto ecuatoriano, por haber colaborado, hace algunos años, con la empresa pública responsable de la gestión del proyecto, Yachay E. P.. El análisis de este proyecto (y de su crisis) no solamente confirma la validez del caveat que las políticas en ciencia y tecnología deben ser políticas de Estado, sino también puede resultar útil en la implementación del proyecto de la Silicon Beach.
Por supuesto, los aspectos extra-científicos de un proyecto de esta naturaleza requieren que los sectores productivos del país reconozcan que el futuro de nuestro país no puede limitarse a servicios, comercio y maquila. Esos sectores deben estar convencidos de la importancia de desarrollar proyectos industriales innovativos que contribuyan a un fortalecimiento industrial, y de que un modelo de desarrollo que favorezca el desarrollo de capacidades nacionales en el largo plazo es superior al de la importación de know-how.
No hay que ser tímidos. Un país que puede permitirse proponer a una grande empresa farmacéutica, como Moderna, producir su vacuna, no puede ponerse límites en sus planes de desarrollo industrial. Y el modelo Yachay es ideal para ello. El interés que, hace un año, registré, por la posibilidad de utilizar la Zona Franca de Santiago como sede del Centro de Ciencia de Materiales, me inspira confianza que una tal perspectiva está en la agenda de los sectores productivos más visionarios.
El apoyo de estos sectores, el académico y la sociedad civil a la propuesta del Gobierno, es indispensable, y para que esta propuesta se haga realidad, como una gran propuesta nacional de impacto regional, solamente se espera que el anuncio se concrete en acciones ejecutivas.
La articulación de la propuesta puede realizarse de varias maneras. Por su carácter transversal, parece imposible pretender incardinarla en un particular Ministerio, lo cual podría resultar contraproducente para conseguir las participaciones y los aportes no gubernamentales que mencionábamos. Probablemente debería haber un órgano que responda directamente a la Presidencia de la República que defina las pautas políticas de la iniciativa, acompañado por uno ejecutivo. Posibles modelos podrían ser el Gabinete de la Transformación Digital para el primero y el seguido por Ecuador con la Empresa Pública Yachay para el segundo.
Pero éstos son detalles. Lo que urge es que el proyecto se realice.
Jóvenes talentosos se están formando en nuestras universidades y en las de la región. Asumir el costo del financiamiento de la creación de la Ciudad del Saber, es una forma de pagar una prima de seguro para que las capacidades de estos talentos no se desaprovechen por falta de oportunidades o por migraciones que las harían aprovechar por otros países.
El retorno de esta inversión se podrá estimar en diez o veinte o treinta años. Hace ciento y cincuenta años el presidente Sarmiento hizo un memorable discurso para la inauguración del Observatorio de Córdoba. Recordar sus palabras y pensar en este proyecto me convence que son éstas las decisiones que distinguen los estadistas y las naciones que quieren contribuir al desarrollo de la humanidad.