Empresarios y sociedad civil (desde el Conep hasta Centro Bonó, pasando por Finjus, Participación Ciudadana y Profamilia, entre otros) se proponen (¡por fin, todos a una!) exigir el perfeccionamiento del sistema democrático con una nueva Ley de Partidos y Ley Electoral que establezcan reglas claras que garanticen transparencia, equidad e inclusión, y que los organismos de control ejerzan su función de fiscalización sobre el patrimonio, ingresos, gastos y uso de los fondos públicos. (Es posible que ahora sepamos si es verdad que el gas pela. Parece que sí. Quién sabe. Ojalá. Ojalá. Ojalá).