El sistema de salud dominicano siempre ha sido deficiente y peor aún en el sector público. Cuando la población del país era pequeña, las clínicas privadas atendían a la diminuta clase media y alta, y los hospitales públicos aliviaban a la masa pobre.
Actualmente, con una población de alrededor de 10 millones de habitantes, los hospitales públicos no tienen los recursos ni el personal suficiente ni adecuado para dar respuesta a las demandas de servicios. La remodelación reciente de muchos hospitales fue un paso importante, pero caótico e insuficiente. La inversión en salud todavía no alcanza el 2% del PIB.
La Ley de Seguridad Social 87-01 muestra que las buenas intenciones no necesariamente llevan a buenas políticas públicas.
En el 2001 se anunció la promulgación de la Ley que estableció diversos derechos a la población dominicana, entre ellos, el Seguro Familiar de Salud en tres categorías: el contributivo donde cotiza el empleador y el empleado, el subsidiado costeado totalmente por el Estado para los pobres, y el contributivo-subsidiado esencialmente para los informales con capacidad de hacer un aporte.
En este sistema, típico de la ola de privatización que se produjo en la década de 1990 y principios de este siglo, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son las intermediarias entre cotizantes y proveedores; es decir, fungen de aseguradoras.
Tener una instancia intermedia para el lucro como son las ARS privadas encarece los servicios de salud, y de existir, debió dejarse al sector empresarial negociar directamente sus planes de seguros privados con esas entidades, y el Estado tener solo un papel regulador.
Paralelamente, el gobierno creó el Seguro Nacional de Salud (SENASA), la ARS pública, donde están asegurados muchos pobres.
Algunas preguntas ante la situación actual: ¿cuál es la razón de asegurar a los pobres en una aseguradora pública? Una entidad burocrática como SENASA encarece más los servicios de salud para el Estado. ¿Cuál es la razón de que SENASA asegure los pobres para que vayan a hospitales públicos? Con servicios públicos de salud bien gestionados sería suficiente sin intermediación de ninguna aseguradora. Y si SENASA cubre servicios privados a los asegurados subsidiados, ¿por qué no ofrecerlos en la red pública?
La única forma de ofrecer servicios de salud de calidad a la inmensa población de escasos recursos en la República Dominicana es teniendo una buena red nacional de unidades de atención primaria para la prevención y atención básica, hospitales municipales generales para intervenciones esenciales, y centros de salud regionales especializados.
A todos esos centros de salud la gente debe acudir sin ninguna tarjeta. La cédula podría bastar, pero ni siquiera, porque hay muchos pobres que no tienen cédula y hay que atender.
Supuestamente, SENASA compensaría los gastos en asegurados subsidiados con los beneficios que dejan los contributivos, pero los contributivos nunca serán suficiente para cubrir el déficit por la gran cantidad de asegurados subsidiados.
La salud es un derecho fundamental de la ciudadanía como lo es la educación y debe ser de buena calidad al menor costo posible para el Estado.
El Gobierno no tiene que carnetizar a nadie para acceder a la salud y menos indiscriminadamente. Eso encarecerá más los servicios de salud al Estado. La carnetización es para las aseguradoras privadas que cobran una cuota, incluida SENASA en la parte que opera como aseguradora privada. Para el resto de la población, los servicios de salud deben ser de libre acceso y de calidad sin requerir tarjeta.
Artículo publicado en el periódico HOY