Con los profundos cambios que se han producido en la Procuraduría de la República, en su apenas cuarta semana, el gobierno da un paso de suma trascendencia en el camino hacia la institucionalización del país. Las profundas transformaciones en términos organizativos, de incremento de la cantidad de fiscales a dependencias claves y el talante de los fiscales nombrados al afrente de las mismas, indican que esta institución se organiza para enfrentar y romper la madeja de la corrupción de manera resuelta, respetando el debido proceso en cada caso. Esto constituye un signo inequívoco de la voluntad de romper el entramado de corrupción entronizado por el anterior régimen, sustentado en una sórdida madeja en la que convivían poderes políticos y económicos.
Con esos cambios, la máquina de la Procuraduría comienza a moler, conducida por una Procuradora con una trayectoria de verticalidad y nobleza que viene de lejos. Con capacidad de demostrar que aquí, como en diversos países, la Justicia puede ser objetivamente independiente, independientemente de que los jueces tengan posiciones políticas personales. ¿Acaso en Perú la Justicia no vive un momento de independencia? Allí, la fiscalía anticorrupción ha evacuado 1500 sentencias condenatorias a imputados de las esferas políticas económica, sin que el cambio de régimen haya significado una ruptura violenta del sistema, y en contra de las presiones de sectores político/empresariales para limitar las investigaciones.
En Italia, en 1992 se inició un proceso anticorrupción para producir una nueva institucionalidad política que se llamó, Mani Pulite, manos limpias. A ese proceso le antecedió un vastísimo movimiento de protesta contra la corrupción entronizada en la sociedad italiana por más de cuatro décadas de gobiernos básicamente del partido Demócrata Cristiano. En ese sistema de corrupción confluían sectores políticos, económico y hasta eclesiales. Muchos de ellos terminaron en la cárcel. El proceso produjo 1233 condenas contra sectores político/empresarial y la clase política, de todos los signos, se asustó y terminó sofocándolo. El contexto político no ayudó, pues el Partido Comunista había colapsado, junto a lo mejor de la Democracia Cristiana. Además, porque el movimiento contestatario se debilitó.
En nuestro caso, el proceso iniciado en la Procuraduría puede considerarse no sólo una clara voluntad de cambio de este gobierno, sino que también podría ser un triunfo objetivo, prima fase, del extenso sentimiento de condena a la corrupción en todo el territorio nacional en las marchas de Marcha Verde y en otras formas, durante el último gobierno del PLD. Este sentimiento, está presente, además fortalecido, en la conciencia nacional y este puede ser una óptima referencia para impulsar los cambios que desde la administración de la Justicia se ha planteado este gobierno. Querer centrar la discusión o enjuiciamiento de esta administración en uno que otro desatino de este, es desviarse de cosas esenciales.
Una justicia independiente es esencial para la institucionalización de cualquier sociedad, y es con el impulso de este tema donde radica la posibilidad de esta nueva mayoría en el poder para enrumbar este país por el camino de transformaciones trascendentes. Toca a la sociedad civil y a los partidos que integran la Coalición en el poder, exigir que la independencia de la Justicia lo sea no sólo del poder político, sino también de los poderes fácticos, porque la colusión de ambos determina el carácter sistémico de la corrupción. Por eso, seguir los hilos con que se teje la madeja corrupción identificará delitos que tipifican como corrupción, tanto en la esfera de la política como en la esfera de la economía.
Los cambios en las estructuras de la Procuraduría, constituye una acción en el ámbito de la Justicia que deberá tener un impacto determinante para el sistema político dominicano. Entre otros factores, porque no solamente adecentaría la política, sino también porque abarataría el costo de su práctica, muchos dejarían de invertir en ella como negocio. Pero, lo más importantes es que las acciones de la Procuraduría constituyen no sólo una posibilidad real de condenar los innúmeros actos de corrupción del anterior régimen, sino que son una seria advertencia a los funcionarios del presente gobierno para que, a diferencia de los anteriores, se abstengan de robar los dineros públicos.
Esta sociedad tiene ante sí la mejor oportunidad de que salgamos del eterno lastre de la corrupción, un lastre que nos ha llevado ser uno de los países más corruptos del mundo. Un fardo que socava nuestra autoestima y nuestra identidad que son las bases en que descansa la nación. Tenemos una sólida oportunidad de lograr que las cosas cambien y de nosotros depende de que así sea. La Procuraduría y la Procuradora esto lo tienen bastante claro. Esta última porque se juega su impecable trayectoria y muchos de los que la acompañan porque se juegan su futuro.