En un artículo anterior señalé que los programas de nuestros candidatos a la presidencia de la República reflejaban una notable falta de interés hacia la niñez, una población silenciosa que no opina ni genera votos.
¿Qué sería una política realmente dirigida a este importante segmento de la población que sencillamente no se menciona como actor?
Para diseñar los programas para la niñez hay que partir de la idea que cada acción, para ser eficaz, debe enlazarse de manera transversal e intersectorial a las causas que hacen que nuestros niños, niñas y adolescentes siguen desprotegidos a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando en este campo.
De entrada, está claro que cualquier programa a favor de la niñez pasa por la lucha contra la corrupción que liberaría sumas cuantiosas que se podrían usar en la implementación de políticas públicas focalizadas que ayuden a cerrar las brechas de desigualdad de nuestros sectores más desfavorecidos que se reflejan de manera dramática en la niñez.
Se necesita de una asignación presupuestaria equitativa y prioritaria para ejecutar programas y proyectos que generen un impacto directo en el mejoramiento de la situación de vulnerabilidad social y económica de la niñez y la adolescencia. Se requiere también de una medición, un monitoreo y un análisis de estos gastos para invertir más y con mejor calidad.
Esta posibilidad se ve comprometida a corto y mediano plazo con el anuncio de recortes presupuestarios hecha en días pasados por el Ministro de Hacienda, informando que se debe sacar del presupuesto nacional los fondos necesarios para las nuevas elecciones municipales, a sabiendas que generalmente en caso de recortes los primeros gastos que se disminuyen son los gastos sociales.
La cuestión es saber cómo, durante el próximo cuatrienio, se va a fortalecer el Sistema Nacional de Protección de niños, niñas y adolescentes y garantizar los derechos de la niñez, tomando en cuenta las difíciles condiciones de vida que padece casi el 50% de nuestra población.
Se requiere un plan de erradicación de la pobreza infantil basado en estudios que evidencian la situación de las familias con hijos e hijas, las familias lideradas por mujeres solas, las de abuelos que cuidan a sus nietos, con un enfoque que oriente sus prioridades hacia las que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Con estos factores bien establecidos se podrán implementar políticas correctivas de mitigación de la pobreza que no estén basadas en el asistencialismo y el clientelismo, ni en el personalismo político que caracteriza muchas acciones gubernamentales hoy en día.
Estas políticas de redistribución focalizadas y la generación de empleo e ingresos para las familias con mayor índice de pobreza son medidas de corto y mediano plazos.
Es importante recalcar que las problemáticas que atañen la niñez se encuentran en la intersección de todas las políticas gubernamentales. Ellas tocan, entre otros, los sectores de vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana, participación, seguridad alimentaria, y ambiental.
Todas estas políticas necesitan aplicaciones específicas para poder cumplir con los derechos de la niñez. En una palabra, todo está interconectado con la niñez; lo que hace que todas las políticas deben ser enfocadas en los aspectos que ayuden a proteger nuestros niños, niñas y adolescentes.
Por ejemplo, es deber del Estado de garantizar espacios seguros; dentro de este marco, una política de vivienda es imprescindible para luchar contra el hacinamiento generador de promiscuidad y de violencia intrafamiliar.
Lo anterior se debe acompañar de la creación de espacios de sano esparcimiento y de accesos fáciles a la cultura, para sustituirlos a las calles y los callejones, únicos lugares de juego accesibles a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de los sectores vulnerables y que son escuelas de violencia.
En materia de educación, si bien hemos progresado en cuanto a cobertura y a cantidad de planteles el reclamo de una educación de calidad se está generalizando, pues la supuesta revolución educativa no la ha traído en su estela.
La tanda extendida no puede ser solamente un beneficio social con comida y guardería. Debe ser algo más, o sea, debe proporcionar a cada niño y niña una educación de calidad e inclusiva para lograr tener recursos humanos de calidad y competitivos.
Tener dos tipos de educación, la de los niños ricos y la de los niños pobres, es un puro engaño que financiamos con nuestros impuestos.
Frente a los 360,000 niños y niñas víctimas del trabajo infantil y al número desconocido de menores explotadas en el servicio doméstico, en el programa de gobierno se podría proponer estrategias reales y efectivas para disminuir drásticamente este flagelo que viola los derechos de nuestra niñez.
Hay acciones que son parte de políticas a mediano y largo plazo; sin embargo, hay otras más fáciles de implementar a corto plazo. Así, garantizar la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres y adolescentes para reducir el número de madres menores que no quieren o no están en capacidad de atender sus hijos y reforzar los marcos legales para impedir el matrimonio de menores, tendría un efecto inmediato sobre la alta tasa de mortalidad neo natal y la desescolarización de las madres adolescentes, entre otras consecuencias.
En este tenor, el primer paso sería no dar más largas al establecimiento de cursos de educación sexual en las escuelas con profesores formados con criterios científicos rigurosos. Según los niveles se empezaría con temas de salud e higiene, hasta llegar a la educación sexual como la están recibiendo decenas de miles de alumnos dominicanos que estudian en los Estados Unidos.
Por otro lado, el gobierno puede hacer esfuerzos para lograr rápidamente la modificación del Código Civil y la Ley número 189-01, que permite el matrimonio entre adolescentes y con adolescentes.