Santo Domingo, acaba de cumplir 5016 años. Durante ese relativamente largo andar en la Historia, esta ciudad ha tenido una sostenida y descontrolada expansión de sus límites, que tipifica como ciudad región, nuevo concepto utilizado para definir las ciudades que como esta, han integrado sus áreas circundantes a su lógica territorial, económica y política. Esta circunstancia, además de su condición de Primada de América planean el tema de su gestión.
Por razones de carácter político administrativo, con la Ley 163-01 la metrópolis de Santo Domingo fue inicialmente dividida en cinco municipios, más el Distrito Nacional, que con casi un millón de habitantes es el punto de referencia de la metrópolis y lugar donde se concentra su mayor riqueza material, histórica y cultural y donde el Gobierno central hace las intervenciones urbanas de mayor calado sin la participación de su ayuntamiento municipal, el gran ausente en el proceso de construcción de las infraestructuras determinantes de la vida de la población capitalina.
Esas intervenciones tienen su impacto en discurrir de la vida económica, social y política del DN y a su vez impactan en sus relaciones con todas zonas urbanas y rurales de los municipios que la circundan, los cuales a su vez impactan en aquel, provocando una sinergia territorial que es propia de las regiones. Eso determina la necesidad de que la referida división territorial, administrativa y política sea acompañada de un marco regulador integral que le permita definir y normar a cabalidad los nuevos procesos de concentración poblacional en los territorios que la circundan.
Los sistemas de transportes, los flujos poblacionales, las poblaciones flotantes en cada uno de los municipios creados, sobre todo en el DN, determina que ninguna de las gestiones de los ayuntamientos municipales pueda concebirse la una al margen de la otra. Incluso los procesos de pérdida de población de muchos barrios del DN, que va buscando suelo más baratos en los municipios circundantes tiene un impacto sobre la lógica de crecimiento poblacional de este y de los otros municipios que de ser investigado.
Y lo que es más preocupante, es la ostensible la incapacidad de las autoridades del DN en cuanto a la gestión de la ciudad Primada de América. Esta es cara, sucia, de menor acceso a la vivienda y al suelo, sin servicio de transporte público digno de ese nombre, de pésima calidad de vida y quizás sea la única ciudad del mundo donde su alcalde no se ve, nada dice y de hecho no existe en tanto autoridad que se vincula a la población que lo eligió.
La ciudad de Santo Domingo al convertirse en una ciudad región de primera importancia nacional, regional y mundial, por demás coyunturalmente pésimamente administrada, plantea el tema de la necesaria relación que debe establecerse entre el Gobierno central y los ayuntamientos. El Gobierno central debe asumir el tema de la gestión de Santo Domingo, planteándose nuevas formas de relacionamiento con el ADN y otros municipios.
Las prerrogativas de los ayuntamientos son irrenunciables, decididamente defendibles y el caso del ADN no es una excepción, pero el tema es que hay ciudades de un valor histórico y jerárquico, a las cuales los gobiernos nacionales deben darle un tratamiento particular, no privilegiado con relación a otras ciudades del país pero sí con políticas que vayan en el sentido de fortalecer el papel de esas ciudades. A esos fines se crean mecanismos de incidencia para las autoridades locales y nacionales coordinen las acciones que fortalezcan la gestión de dicha ciudad.
En esas ciudades se desarrollan intervenciones de gran calado que impactan en el territorio que la circundan, por lo cual su realización implica una confluencia de actores que de una u otra manera son tocados por dichas intervenciones y es ahí donde los gobiernos centrales juegan un papel de primer plano, junto a los ayuntamientos municipales.
A ese propósito, podrían examinarse las experiencias de gestión de ciudades región que se han producido en Guayaquil, San Salvador, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Medellín, etc. para eventuales propuestas de nuevos relacionamiento, entre las autoridades locales-gobierno central y comunidad.