El caso del secuestro y asesinato del abogado Yuniol Ramírez ha conmovido la sociedad dominicana. De nuevo hay un hecho de sangre, una muerte prematura, una acción malévola proveniente del ámbito del poder fáctico establecido, primer responsable del sistema de robo público, corrupción e impunidad que campea en el contexto isleño, desde la llegada al territorio de los invasores y colonizadores europeos.
Pareciera que en el caso de Yuniol Ramírez, por la forma en que se organizó el crimen y por la crueldad y cinismo mostrada en su ejecución, la corporación económico-partidaria en el poder, quiso dejar un mensaje: no está dispuesta a tolerar a nadie que se interponga en su camino para impedir el desarrollo de la corrupción impune, y el mantenimiento del sistema estructural de apropiación de los bienes públicos en pocas manos. Hasta ahora dicha corporación ha manejado la justicia y los hilos del poder para mantener la impunidad en los diferentes casos de corrupción, incluidos los relacionados con la Sund Land, el CEA, los Súper Tucanos, la venta del barrio de los Tres brazos, Odebrecht y particularmente Punta Catalina, entre los casos más significativos.
La conexión social entre el robo público, la corrupción y los asesinatos ya la previó J. Bosch, el maestro traicionado por el liderazgo de las corporaciones económico partidarias en el poder: PLD,PRD/PRM, cuando señaló: “Detrás de los robos llega el crimen, porque se hace necesario ocultar el robo y por tanto hay que suprimir las libertades públicas, y para suprimir las libertades públicas es forzoso establecer el terror, y el terror se establece matando” (Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, 1963).
Yunior Ramírez, como líder de la Confederación Nacional de Abogados (CONA), no solo estaba investigando la corrupción en la OMSA, sino que, además, estaba indagando sobre otros casos como la supuesta corrupción y sobrevaluación relacionadas con el cambio de imagen del Banco de Reservas. Estuvo, además, involucrado en las investigaciones y acusación sobre casos de corrupción relacionados con el actual senador por San Juan de la Magua, Félix Bautista, involucrado, junto con su jefe corporativo Leonel Fernández, en varios casos de corrupción que el sistema de la mal llamada “justicia” dominicana se encargó de archivar.
Ante unas declaraciones del presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, que señaló que quienes no reconocieran los éxitos del gobierno de Danilo Medina y el PLD eran mediocres, mezquinos y miopes, Yuniol Ramírez cuestionó la validez de los argumentos presentados por el actual presidente del Senado y afirmó que el legislador estaba descalificado para acusar de mediocres y miopes a las y los ciudadanos que ejercen el legítimo derecho de criticar la gestión del presidente Danilo Medina. El jurista señaló, además, que las afirmaciones del Senador por el Distrito Nacional, al llamarlo mediocre, mezquino y miope, le dan el derecho de acusar a Reynaldo de corrupto, narcisista y desequilibrado, tras afirmar que si en República Dominicana el Poder Judicial no estuviera secuestrado por el partido de gobierno, él fuera el imputado número uno de los Casos Odebrecht y los Súper Tucanos, entre otros casos de corrupción entre los que podría tener responsabilidad penal.
El Ministerio Público, en la persona de la fiscal Olga Diná Llaverías, ha señalado como posible causa o detonante de la muerte de Yuniol Ramírez la extorsión que este le habría hecho al jefe de la OMSA Manuel Ant. Rivas. Y aunque esto está por probarse, lo que no está en discusión es la realidad de la corrupción en la OMSA que el periódico Diario Libre se encargó de desvelar desde el año 2013, mucho antes de que lo hiciera el jurista asesinado. (1)
No es nuevo en la historia de la humanidad, de América Latina, el Caribe y el país la persecución y la muerte tramadas por los detentores del poder económico y político contra quienes asumen la defensa de los derechos de las y los débiles y excluidos sociales. Entre los casos más conocidos tenemos a Jesús de Nazaret, asesinado por los poderes fácticos de la sociedad judía de su tiempo. En la India tenemos el caso de Mahatma Ghandi, en Estados Unidos el líder negro Martin Luther King y en El Salvador tenemos a obispo mártir, Oscar A. Romero; en Argentina y en Chile los desaparecidos durante los años de dictadura, entre otros. En el país tenemos los casos de Francisco del Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez, los múltiples asesinatos de la era de Trujillo, la matanza de haitianos del 1937, y los innumerables asesinatos de líderes populares y partidarios durante los 12 años de Balaguer. Y es que el poder funciona siempre de la misma manera: pretende destruir y desaparecer a quien se opone a sus excesos y desvaríos.
Sería de esperar que la Confederación Nacional de Abogados (CONA) le dé seguimiento a los casos que investigaba Yuniol Ramírez; sería una forma de reivindicar la calidad ética del jurista asesinado y así demostrar que su lucha se engloba dentro de los esfuerzos del sector social indignado que asume la lucha constante contra la corrupción y la impunidad. A ese esfuerzo debería articularse la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y otras instituciones y organizaciones que dicen luchar contra este flagelo social.
En el país, en América Latina y el Caribe es necesario aunar las fuerzas sociales y los esfuerzos orientados a luchar contra el robo público, la corrupción, y la impunidad. En nuestro territorio isleño esos esfuerzos deberían ser articulados en el marco del Movimiento de la Marcha Verde. Y una articulación de juristas insobornables daría un necesario impulso para desvelar y enfrentar la perversidad de un sistema de justicia dependiente de los centros del poder económico y partidario.
Nota
(1) Mariela Mejía y Tania Molina. Deudas, privilegios e ilegalidad en la OMSA. Diario Libre, 7/5/2013.
Disponible en:https://www.diariolibre.com/noticias/deudas-privilegios-e-ilegalidad-en-la-omsa-JDDL382391