La República Dominicana ha sido escenario de reformas legales en la administración pública, hemos presenciado cambios que buscan regular todos los órganos que componen la administración del Estado, mejorar su eficiencia, fortalecer los mecanismos de transparencia y control, al tiempo que es evidente bajos niveles de implementación de las políticas públicas y normas que regulan la administración pública.
Sin embargo, la burocracia estatal y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ostentan el poder administrativo del Estado han fallado en la promoción y ejecución de las normas y políticas innovadoras existentes, además de no garantizar el proceso de profesionalización de la administración pública.
El proceso de reforma del Estado, profesionalización y la mejora de la calidad de los servicios públicos, es uno de los desafíos más importantes del Presidente Danilo Medina, como jefe de la administración pública. Para concretizar dicha aspiración, debe transitar por el camino de la legalidad, el cumplimiento de los objetivos e intereses nacionales proyectados en la Constitución y en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
La construcción de un Estado Social Democrático de Derecho, se convierte en un desafío constante, por la ausencia del imperio de la ley, la no separación de los poderes, reiteradas ilegalidades de las acciones de funcionarios públicos, la vulneración de los derechos ciudadanos/as y libertades fundamentales.
La sociedad dominicana con más de una década de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se encuentra en una crisis estructural, profundizada por los niveles de corrupción e impunidad, convirtiéndose en un obstáculo para el buen uso del patrimonio público y para la garantía de los derechos fundamentales de la población, para democratizar la democracia, para construir un Estado Social y Democrático de Derecho.
En la República Dominicana para hablar de un Estado Social Democrático de Derecho y procurar, una “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”, la impunidad debe ser atendida, para romper el encadenamiento de diversos componentes que repercuten en ilegitimidad del sistema democrático, al existir personas que transgreden las normas o instituciones que no hacen cumplir las leyes existentes.
El Presidente Danilo Medina continúa con los mismos retos institucionales con los cuales inició su 1er período de gobierno, impulsar la carrera administrativa, prestar atención a la implementación de las carreras especiales, Docente, Sanitaria, Policial y Diplomática y Consular. Además de mostrar voluntad y firmeza para la implementación de la Ley Orgánica de Administración Pública, La Ley General de Salario del Sector Público, entre otras.
En materia de Administración Pública, el Ministerio de Administración Pública (MAP) debe retomar el proceso de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa, avanzar en la implementación de concursos públicos de oposición, redoblando los esfuerzos en el proceso de evaluación de desempeño y continuar desarrollando el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).
En relación a la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector de las contrataciones públicas, debe continuar, avanzar en el proceso de iniciado de promoción de una Ley de Concesiones y su respectivo Reglamento de Aplicación. Luego de más de diez (10) años de la adopción de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aun la modalidad las concesiones no está regulada con amplitud, seguimos en espera de una ley especial para esa materia, mientras tanto, seguramente la ausencia normativa está generando grandes limitaciones, múltiples contratos de concesiones onerosos y terreno fértil para la corrupción.
La regularización de los contratos de concesión de obras o servicios públicos, se convierten en una necesidad imperiosa, por ser el instrumento jurídico mediante el cual el Estado faculta, a cualquier persona moral o jurídica para diseñar, financiar, ejecutar por su cuenta y riesgo, en un plazo determinado, la construcción, desarrollo, mantenimiento de una obra de interés público.
El Presidente Danilo Medina Sánchez, debe impulsar todos los esfuerzos para avanzar en la implementación de los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, para desarrollar una “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”, entre ellos: Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado; Fortalecer el sistema de control interno y garantizar el cumplimiento de las funciones; Adecuar las estructuras salariales de la administración pública para reducir la disparidad y el desorden; Profundizar el proceso de reforma institucional de la Policía Nacional; Promover reestructuración del Consejo Económico y Social; Constituir el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, entre otros.