Entre los grandes desafíos fiscales que deberán ser enfrentados por el próximo gobierno resalta el de la deuda cuasifiscal y el déficit del Banco Central. A propósito de mi primer artículo de esta serie, me llamaba la atención un colega amigo, que el tema de la deuda del Banco Central es igual que el del resto de la deuda pública; lo mismo que el déficit del BC tiene igual implicación que el déficit presupuestario, por lo cual, tratarlos como separados puede inducir a minimizarlos. Tiene toda la razón.

Para ilustrarlo, veamos la siguiente hipótesis 1: como ahora, el Banco Central paga los intereses de su deuda con emisión monetaria; después recoge el dinero emitido vendiendo certificados; a continuación, lo registra en su contabilidad como cuentas por cobrar al gobierno. O bien, 2: el gobierno paga los intereses pero no paga a los maestros; entonces el BC paga con emisión monetaria el sueldo de los maestros; después recoge el dinero emitido usando el mismo instrumento; también lo registra como cuentas por cobrar al gobierno. Macroeconómicamente, el resultado es idéntico; las apariencias, diferentes.

Al pasado 31 de enero los estados financieros del Banco Central registran que el Gobierno le adeuda unos RD$633 mil millones (US$11,900 millones), entre ellos 132 mil en bonos ya emitidos y los otros 501 mil como cuentas a recibir. Que un día tendremos que pagarlos, no nos lo despinta nadie. Por lo demás, eso el BC lo debe a otros, principalmente a los fondos de pensiones y los bancos.

Para fines macroeconómicos, ha sido un invento dominicano eso de tener dos deudas públicas y dos déficits, pues no se usa en otros países. Para eso se consolidan las estadísticas. Y al final del camino, la fuente única para el repago de ambos es el bolsillo del contribuyente. Lo que pasa es que, mientras tanto, se pueden manejar de manera diferente.

Es evidente que la Ley de Recapitalización del Banco Central fue concebida con la idea de que formalmente el gobierno asumiera la deuda cuasifiscal, manteniéndola en el Banco sólo en apariencia. Pero resultó una Ley tan fallida como falsas eran sus premisas:

  1. que con la emisión y entrega al Banco Central de RD$320 mil millones en bonos soberanos, el Banco estaría plenamente capitalizado para el 2016;
  2. que el fisco tendría recursos suficientes, y los gobiernos estarían dispuestos a sacrificar otras responsabilidades sociales para transferir montos presupuestarios crecientes al Banco;
  3. que con esas transferencias (los intereses devengados por los bonos) más el rendimiento de sus reservas el Banco Central pasaría a tener ganancias; y,
  4. que con esas utilidades el BC podría hacerse cargo de redimir los bonos del Gobierno, por lo que éste no tendría que pagar la deuda.

¡Cuánta ilusión! Al momento de aprobarse la Ley de Recapitalizacion el gobierno le debía al BC apenas RD$207 mil millones; eso siguió creciendo, pero nunca se detuvo en RD$320 mil millones.

¿Y las utilidades del Banco? Excluyendo los aportes del gobierno, antes de la ley, en el 2006 el BC registró ingresos por RD$7,417 millones y gastos por 33,469 millones, para un déficit operacional de RD$26,052 millones. Doce años después, en 2018, los datos son: ingresos por RD$ 7,994 millones y gastos por RD$81,740 millones, ¿cuándo habrían aparecido las ganancias?

Cabría preguntarse, si la Ley 167-07 no fue solución, ¿cuál era la solución? Es una pregunta difícil, pero toda salida pasa porque el gobierno asuma dicha deuda y la maneje el Ministerio de Hacienda como toda deuda pública. 

Las razones son muchas, entre ellas, porque eso de dos organismos vendiendo títulos de deuda pública choca con varios objetivos de la política económica; porque hay que parar su crecimiento, lo cual es incompatible con un organismo que nunca ha sentido respeto por el dinero público, y porque su manejo choca con la naturaleza de un órgano responsable de la emisión monetaria y gendarme de la estabilidad macroeconómica.

Podría pensarse que lo mejor es dejar las cosas como van. No es que no se pueda, pues después de todo, al actual gobierno no le ha ido nada mal. Pero pensar que el contexto internacional va a ser tan benigno por cuatro años más sería apostar demasiado a la buena suerte.

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