Al comienzo de la Semana Santa, el Procurador General de la República emitió una enérgicas declaraciones advirtiendo que su despacho se mantendrá alerta para evitar la presencia de menores de edad en drinks, bares, colmadones y prostíbulos.
En estos últimos no es raro encontrar la existencia de jóvenes adolescentes ejerciendo la prostitución, muchas veces con conocimiento y anuencia de sus progenitores que sin recato ni cargo de conciencia, sacan provecho económico de la explotación sexual de sus propias hijas.
No hace ni tantos días, en un operativo encabezado por el despacho del propio doctor Francisco Domínguez Brito, se logró rescatar de sendos prostíbulos a varias menores de entre 12 y 17 años que habían sido vendidas por sus propios padres. No es por desgracia una situación infrecuente, como no lo es tampoco el de padres y padrastros que abusan sexualmente de sus hijas naturales o de crianza, a veces por largos períodos de tiempo. Más de una de estas infortunadas víctimas ha quedado embarazada como resultado de esas relaciones incestuosas.
Por otro lado, pese a estar estrictamente prohibido el despacho de bebidas alcohólicas a menores y adolescentes, la disposición es quebrantada con frecuencia, por lo general con total impunidad para los propietarios y empleados de los negocios donde se expiden. Solo de tarde en tarde, la prensa recoge los resultados de algún operativo de las autoridades que saca el caso a la luz pública. Y aunque se anuncia la clausura de los negocios y el sometimiento de los dueños a la justicia, estos no demoran en obtener su liberación, reabrir sus establecimientos y seguir operando bajo los mismos patrones.
Ahora mismo, con motivo de la Semana Santa, el COE reporta que 35 menores de entre 3 y 15 años tuvieron que ser asistidos por intoxicación alcohólica. De suponer que tal como se había advertido, los adultos responsables sean llevados ante los tribunales al igual que en caso de las menores vendidas como esclavas sexuales.
Pero al margen de las acciones penales, quedan estos hechos y muchos otros de parecida naturaleza que no llegan a conocimiento de las autoridades en unos casos y en otros, lamentablemente, cuentan con la lenidad y hasta la complicidad de estas como una palpable evidencia del alto grado de descomposición moral de la institución familiar en el seno de nuestra sociedad, que se refleja en esta cada vez más extendida ausencia de responsabilidad y conciencia paternal y maternal.
El reto en estos casos no puede quedar reducido a la simple aplicación de sanciones penales, sino que requiere emprender una gran cruzada de rescate de los valores esenciales de la familia como célula primaria y básica de toda la estructura social de la nación.
Es una necesidad que también debiera figurar como desafío de urgencia en la agenda de prioridades del país.