Las mujeres queremos un pacto que garantice nuestras vidas, dignidad, integridad, el derecho a decidir, y un poder entre iguales.
Más del 70 % de la sociedad dominicana aprueba el aborto en caso de que la vida de la mujer esté en peligro (79%), y cuando el cigoto, el embrión o feto sea incompatible con la vida fuera del vientre de la mujer (76%). En caso de que una mujer tiene un embarazo fruto de una violación o incesto el por ciento baja a un 67 %. Así lo revela “la Encuesta Nacional sobre Aborto publicada por la firma Untold Research, con sede en Estados Unidos…”. Por lo menos así lo reflejó un estudio del año 2018.
Aún estamos debatiendo el tema, a las mujeres no se nos ha podido seguir ninguneando, ya hablar del aborto no es un estigma, ni se puede tratar a las mujeres de delincuentes y criminales, “de vida fácil”. Tampoco se podrá seguir limitando programas efectivos de derechos sexuales y reproductivos con servicios limitados en materia de anticonceptivos, así como seguir torpedeando la educación sexual, con sus resultados de niñas y adolescentes embarazadas en un 36.5%. Estudio del UNFPA. https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/embarazoadolescentes4.pdf
La República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los países de América Latina y el Caribe. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009) un 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el país ha estado embarazada. https://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_25945.htm
A nadie le gusta ser tratado con categorías genéricas de discriminación. Mucho menos con categorías de sumisión, dominación, abnegación, martirologio y violencia. Para las mujeres que luchamos en el mundo por nuestra individualidad y autonomía, esa página de seres de segunda, del patriarcado, es inaceptable. Las mujeres pobres dominicanas no pueden seguir muriendo porque se les niega los servicios de salud pública para un aborto seguro.
Igual a las y los legisladores de RD le debe ser difícil vivir en dos (2) aguas.
Esperamos que el tema del aborto sea sacado del Código Penal en su artículo 317. O se apruebe un Código Penal con las tres excepciones o causales. Esperamos que predomine en nuestros legisladores el derecho a ser, a la libertad, a la individualidad, a la coherencia, a los compromisos programáticos de sus partidos. Que puedan nadar sueltos en aguas y luces, como representantes de la sociedad que las/ los eligió, con el deber de proteger a la mitad de la sociedad y principalmente a las mujeres pobres, cuya vida vive en un hilito por los abortos clandestinos, inseguros. Claro que hubiese sido más fácil para las y los legisladores legislar en un marco normativo constitucional sin contradicciones. Pero para eso fueron elegidos, para sopesar su carácter de representantes del pueblo, representantes de la mitad del pueblo que somos las mujeres.
Hay que comprometerse con la vida de la persona que puede ejercer conciencia, eso está en la Constitución, en los derechos humanos, y en preceptos teológicos, comprometerse con la persona que tiene ciudadanía plena. Parte de este planteamiento es analizado por el jurista constitucionalista Cristóbal Rodríguez, el cual plantea:
https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/aborto-y-constitucion-1-2-DA21302221
“Amplios sectores de la sociedad dominicana durante la discusión de la Constitución del 2010 opinaron que el tema del aborto debería estar en la Ley General de Salud.” Pero se impuso un sector anti derecho de las mujeres en el Congreso creyendo que con el artículo 37 de la Constitución se daría la misma dignidad y ciudadanía plena a un feto que a una mujer embarazada, aunque su vida, su salud, su integridad psicológica, estuviese comprometida porque puede morir, o si por llevar un feto inviable, o por violación o incesto.
Sectores que igualan al feto con la mujer, en dignidad y derechos, y que no le aceptan ejercen su ser consciente, y ético, impusieron esa definición sin importar que violentaran aspectos “fundamentales relacionados con la dignidad humana, la libertad individual, la salud, la vida, la integridad y la vida sexual y reproductiva de las mujeres.”
““El artículo 37 constitucional dispone: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. Entender este texto en el sentido de que establece una prohibición absoluta del aborto pasa por alto una serie de cuestiones sin cuya consideración no es posible entender adecuadamente el conjunto de disposiciones constitucionales relacionadas con el tema.””
Continúa señalando el jurista constitucionalista Cristóbal Rodríguez:
“Imaginemos en primer lugar el escenario, lamentablemente frecuente, de que el embarazo de la mujer constituya una amenaza para su propia vida. Si, conforme el texto de referencia, la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, impedir que la mujer interrumpa el embarazo para poder sobrevivir al mismo, entraña una flagrante violación de su derecho a la vida.”
El dilema que se quiso imponer en la Constitución no es posible. Dilema, que, según la diputada de entonces, Isabel Bonilla, y lo dijo públicamente, estuvo fundamentado en el miedo.
Tenemos alrededor de 20 años con este dilema.
No se puede servir a dos mandos, a dos aspectos contradictorios de normativas: O somos republicanos, democráticos, o somos un Estado teocrático. Y ojalá prime el carácter de representantes como legisladoras o legisladores y puedan hacer un pacto por la vida, la dignidad y el derecho a decidir de la mitad del país: las mujeres, y con las mujeres más pobres.
Sostiene Cristóbal Rodríguez: “… ¿Cuál es la mejor forma de proteger el derecho a la vida constitucionalmente establecido? La cuestión dependerá del universo de valores éticos y morales que informan la visión del mundo de la madre. Ésta siempre tendrá la opción de sacrificarse, si sus códigos morales, sus creencias religiosas o filosóficas así se lo dictan. Pero debe ser su opción. Su decisión no puede venir impuesta legislativamente, porque en la tradición republicana en la que se inscribe con fuerza nuestro texto constitucional, el Estado tiene un deber de neutralidad en asuntos morales. “(Negritas de Mildred Dolores Mata).