En el discurso de proclamación de su reelección, en enero de 2016, el presidente de la República, Danilo Medina, llegó a decir que comenzaría en su gestión la implementación de la República Digital, la cual sería un paraíso digital, como lo ha sido el turismo. Además, afirmó que el internet tiene un poderoso efecto en educación, salud, empleo, democratización, ciudadanía e integración con la economía mundial.
Tres días después de ese discurso de campaña reeleccionista, el entonces ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, anunciaba que a partir del año escolar 2017-2018, se iniciaría el programa “Un maestro, una computadora”. Luego, en la primera semana de febrero de ese año, el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, dijo que la República Digital tendría una gran impacto socio-económico en las familias de escasos recursos.
Algunos de los puntos fundamentales de la República Digital siguieron planteándose en el 2018-2019, en los que se incluía la Educación, cuyo objetivo apuntaba a que mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje, los dominicanos tuvieran acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); con esto se buscaba reducir la brecha digital y permitir el acceso al gobierno electrónico y un dinamismo socio-económico.
Parte de las reflexiones que hemos venido haciendo sobre este denominado paraíso digital, data del año 2016, algunas se encuentran recogidas en mi libro “La dominicanidad transida” (2017). Decíamos en ese entonces, que el presidente Danilo Medina debía diferenciarse en cuanto al discurso del expresidente Leonel Fernández, de quien fuera la iniciativa de la República Digital, en cuanto a involucrar, desde el Estado, a los diversos actores sociales ( Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, gremios profesorales, empresarios, sociedad civil), de lo contrario “No hacerlo augura un fracaso seguro a esa República Digital”(p199). .
Prueba de lo planteado es que antes de finalizar la gestión de gobierno de Medina, el 16 de agosto 2020, se ha firmado un convenio entre la empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana y el Ministerio de Educación Superior, Ciencias Tecnología (MESCYT), la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) y la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU), con el objetivo de que los estudiantes y docentes de las universidades privadas tengan acceso a planes especiales de internet fijo y móvil, lo que les permitirá navegar por el ciberespacio y a los entornos virtuales para la educación (29 de julio 2020).
Aunque este acuerdo ofrecerá tarifas muy moderadas para los 600 mil estudiantes y los 30 mil docentes de 51 universidades del país, en este acuerdo no entra la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ya que, como la principal universidad estatal, tiene que repensar las dimensiones sociales en se desenvuelven sus estudiantes y profesores, que es diferente a la educación superior privada en cuanto a la dinámica y la alta concentración de población estudiantil. Como entidad pública, la UASD no puede mover su base de datos entorno en torno a un determinado acuerdo que no se articule una agenda virtual con el Estado dominicano, ya que esta es la principal del Estado. A los estudiantes (en su mayoría de escasos recursos) de la UASD y a sus docentes, debe garantizárseles los recursos tecnológicos y de conectividad necesarios para el acceso al ciberespacio y a los entornos virtuales.
Con esto no digo que sin esto no se puede iniciar las docencias virtuales, sino que uno de sus principales recursos (docente) entraría en un proceso de desgaste físico y de tensión con los estudiantes (30 hasta 40 por secciones) que puedan conectarse de manera permanente, en una tensión en la que se entraría el “Cisne Negro como impacto de lo altamente improbable” (Taleb,2017). ¿Quiénes se imaginaron que la cotidianidad de sus proyectos del 31 de diciembre 2019 se transformaría en covidianidad en el 2020?
Con la entrada a escena el COVID-19, se ha evidenciado que la República Digital ha sido un fracaso, ya que la mayoría de los estudiantes del sector público no cuentan con dispositivos digitales y al acceso a la conectividad mínima, para iniciar la docencia, no solo virtual, sino también híbrida. No se generó la cultura educativa cibernética, tanto en educación de pregrado como en grado, a fin de que los alumnos y profesores comprendieran la importancia del cibermundo virtual en estos tiempos de incertidumbre.
Hoy, la República Digital, debe refundarse y darle prioridad a la educación de pregrado y grado, porque los niños, adolescentes y los jóvenes son estudiantes de las escuelas públicas y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, más en medio de esta debacle económica, producto del COVID-19, en la que solo una minoría social tiene acceso a la educación privada.
Ahora, que la pandemia y el tiempo cíclico de la temporada ciclónica se va tragando todos los proyectos del año 2020, los cuales fueron celebrados al despedir el 31 de diciembre de 2019, nos vamos dando cuenta que el cisne negro, forma parte nuestra existencia, como impacto de lo altamente improbable, al igual que la incertidumbre, el riesgo y los cibernético virtual.
De ahí, que hemos tenido que acelerar la virtualidad e improvisar, pero también inventar una forma de salir adelante. Lo hemos reiterado, no es solo que tengamos plataformas virtuales e incluso conectividad en el país, se necesita urgentemente desde el Estado, articulado con las empresas de telecomunicaciones, los empresarios, los gremios profesorales y más sectores de la sociedad civil, una cruzada virtual, que instaure la docencia virtual, pero sin descartar la híbrida en varios escenarios; combinada con lo virtual y presencial, incluso más allá de la pandemia. Esto significa interiorizar en nuestra existencia, en nuestra mente, que el mundo cambió y que el trabajo virtual e híbrido son el estándar de esta segunda década del siglo XXI.
Ante esta pandemia, el panorama de las escuelas públicas cuenta con más de dos millones de estudiantes y los que han sido favorecidos con la distribución de computadoras, no llegan al medio millón de alumnos; lo terrible de eso es que en su mayoría no están equipadas en contenidos ni programas para la docencia virtual. La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR-2018, dice que el 13.7 % de la población de 5 años y más, posee al menos una computadora; y mientras que el 70.7 % cuenta con al menos un teléfono celular, pero que estos, en su mayoría, son prepago y de personas que viven en sectores de pobreza moderada y pobreza extrema.
Ante el fracaso que ha evidenciado la República Digital, giro sobre los mismos puntos (1) que dije en el momento en que el presidente prometió implementarla:
a) Aprender a vivir en una cultura de incertidumbre – prevención- control (cibernética segundo orden y pensamiento complejo) para dejar de vivir en zozobra permanente, sea por temporada de nuestro tiempo atmosférico cíclico (tormentas o huracanes) o por una pandemia como el COVID-19. Para tales fines, hay que dotar al país de una infraestructura de red avanzada de banda ancha y de redes de equipos informáticos de punta e incluso de software libre para la viabilidad de una conexión a lo largo y ancho de la nación, en la que cobren vida las instituciones de salud, educación, comercio, seguridad, cultura y gobierno electrónico. Con esto, además, se va construyendo un sistema de red de bases de datos con información y control de los componentes sociales que van desde la población y sus características demográficas hasta el crecimiento y distribución por sexo y edad.
De esa manera, nos damos cuenta de los estudiantes que necesitan dispositivos y recursos económicos para la conectividad a las aulas virtuales; aunque sabemos que la mayoría no tiene dispositivos digitales (Tablet, computadora) y mucho menos acceso permanente a internet, por lo menos, se puede identificar quién tiene y quién no tiene estos dispositivos y acceso a la conectividad. No es lo mismo los alumnos que reciben educación privada que a la pública; a estos últimos se les ha de facilitar de manera gratuita la conexión al ciberespacio, a los entornos educativos virtuales, ya que esa es una de las funciones del Estado y la Constitución de la República.
b) Implementar la inversión de grandes recursos económicos en redes de acceso a dispositivos y simuladores digitales que permitan a los estudiantes y a los profesores, disfrutar del ciberespacio y del manejo de las plataformas, donde se encuentran sus aulas virtuales y contenidos educativos.
c) Impulsar una cultura de la virtualidad que forme parte de una cibercultura social, que eduque a los sujetos en ese mundo, en un proceso de alfabetización digital complejo que implica a los profesionales que se resisten a dicha alfabetización digital, por lo que no se trata simplemente de aumentar los dispositivos tecnológicos, sino de priorizar en esa cultura virtual educativa e invertir en los estudiantes y profesores del sistema educativo.
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