¡Repito! Lo que procede es aprobar una nueva Ley Electoral antes que la Ley de Partidos. Hacer ambas cosas a la vez es muy complicado, porque cada disposición en cualquiera de estas leyes genera ganadores y perdedores en la clase política, y nadie quiere perder. Por eso, los políticos viven boicoteando la aprobación de estas leyes aunque tomen poses supuestamente a favor de aprobarlas.
¡Pero ah! Los partidos son orgásmicos en la sociedad dominicana. Por eso la discusión se concentra en la Ley de Partidos, aunque la Ley Electoral es el fundamento para organizar elecciones.
A continuación resalto algunos principios generales que deberían guiar la reforma de la Ley Electoral, y también, la nueva Ley de Partidos, por si acaso las aprueban.
La democracia se afirma en tres dimensiones vitales: la participación, la representación y la gobernabilidad. Toda reforma política debe considerar estos tres aspectos para determinar las consecuencias positivas y negativas de cada disposición legal.
La participación se refiere a la incorporación de la ciudadanía al proceso político. La representación al sistema mediante el cual los votos se convierten en escaños y se crean mecanismos de toma de decisión (es a través de la representación que unos pocos adquieren legitimidad para gobernar a muchos). La gobernabilidad se refiere a la capacidad de ejecutoria y a la legitimidad de la gestión gubernamental.
Ninguna disposición electoral logra simultáneamente un balance perfecto entre participación, representación y gobernabilidad. Hay reformas que fomentan la participación, pero debilitan la gobernabilidad; otras favorecen la gobernabilidad y restringen la participación o la representación.
La funcionalidad de una reforma electoral debe evaluarse en función de sus méritos intrínsecos, pero también, de las características y posibilidades del sistema político en el que se aplicará.
No hay una fórmula exclusiva ni remedio perfecto. Hay democracias en países con sistemas presidenciales y parlamentarios, con sistemas bicamerales y unicamerales, con primarias abiertas y cerradas, con voto obligatorio y con voto voluntario, etc. Es decir, la democracia puede existir en una diversidad de situaciones políticas siempre y cuando se mantengan como referentes, y con un balance aceptable, los principios de participación, representación y gobernabilidad.
Aunque la política está siempre definida por intereses específicos, y asumir la acción política en función del bienestar colectivo es utópico, en el contexto político dominicano, reflexionar sobre el contenido e impacto de las reformas electorales, debe ser un ejercicio de compromiso con la consolidación democrática.
Los partidos y la sociedad civil organizada deben evitar nuevas reformas electorales para satisfacer intereses partidarios. Tampoco deben seguir posponiéndola por irresponsabilidad colectiva.
El legado autoritario en la política dominicana es real a pesar de la relativa estabilidad política. Los líderes carismáticos que dieron contenido a la política dominicana desaparecieron, y los problemas económicos y sociales han aumentado. En este contexto, la transparencia electoral y la eficacia política son cruciales para fortalecer la democracia.
El sistema electoral debe ser confiable y efectivo. Que sea confiable depende en gran medida de la efectividad de los mecanismos de registro y votación, y de la disposición de las élites partidarias de cumplir con las reglas de juego establecidas. Que sea efectivo depende de la agilidad de los mecanismos electorales y la facilidad con que los electores los entienden, aceptan y participan.
La reforma electoral, como cualquier otra reforma del sistema político, no debe ser producto de la coyuntura. Tiene que aumentar la credibilidad del sistema electoral, de su administración, y de los gobernantes que serán electos mediante el voto.
¿Está el Congreso Dominicano en disposición de hacerlo bien? En sus manos está el reto.