La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, presentó el Índice de Transparencia Legislativa, una medición independiente y objetiva acerca de la existencia y profundidad de políticas de transparencia y participación ciudadana en los congresos de Latinoamérica.
El Índice considera cuatro dimensiones en su evaluación: Normatividad, es decir, la existencia de leyes o reglamentos en temas claves para la transparencia y participación; la labor de los Congresos en cada país, esto es, la evaluación de la existencia de prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo legislativo; Presupuesto y Gestión Administrativa, referido a los niveles de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para el desarrollo de la labor del Congreso, por último, Participación de la ciudadanía, que constata la existencia de políticas que permitan y faciliten la intervención ciudadana efectiva en el proceso legislativo.
La tercera versión del estudio contempla la participación de 12 países de la región, siendo la 1er vez que la República Dominicana se somete a tan exhaustivo ejercicio de monitoreo ciudadana al Congreso Nacional, convirtiendo en una oportunidad de diagnosticar el estado de situación.
Los resultados para la República Dominicana se deben convertir en una agenda de trabajo, y realizar mayores esfuerzos en relación al desarrollo de normativa que puedan regular el cabildeo o Lobbying, como mecanismos claro de registro de intereses, además de promover instancia de comunicación o cercanía en las comunidades que permitan mayor vinculación y atención ciudadana, al tiempo que debe mejorar la publicidad de los gastos y fiscalización del Congreso, de manera que los mismos puedan estar disponible de forma más oportuna, desagregada y actualizada.
Un política pendiente de implementan en el Congreso Nacional de la Republica Dominicana está relacionada con la regulación, transparencia y publicidad de información sobre asesorías externas, publicación de información de viajes y el registro de obsequios o reglaos a los congresistas.
El Congreso Nacional debe adoptar medidas y políticas que permitan regular los regalos y obsequios a los legisladores, de manera que se pueda contralor los potenciales conflictos de interés, en ese sentido, se recomiendo establecer un registro de obsequios a los congresistas. Asimismo es necesaria la publicación de información sobre los estados financieros de los viajes de los legisladores por motivo de trabajo.
En relación a la publicación de llamados a concurso del personal del Congreso, se convierte en una tarea imperiosa, de manera que podamos avanzar en un proceso de desarrollo e implementación de la carrera administrativa en el ámbito legislativo.
También es necesario que el Senado de la Republica y la Cámara de Diputados, pueda publicar información amplia y detallada sobre los asesores de los legisladores, al tiempo que debe publicar de forma más clara, actualizada, completa y desagregada sobre los salarios y otras prestaciones de los legisladores.
Es recomendable que desde el Congreso Nacional se pueda seguir profundizando y avanzando en la publicación del presupuesto del Congreso con mayor nivel de descomposición de sus componentes en un formato abierto, amigable y entendible, junto a la ejecución del presupuesto y la ejecución del gasto de las fracciones parlamentarias, además de promover desde la Cámara de Cuentas la realización y publicación de auditorías externas más frecuente
En relación a la labor legislativa y el rol del Congreso Nacional es necesario que el mismo pueda jugar más una labor de contra peso del Poder Ejecutivo, jugando su rol de fiscalizador y control de los asuntos públicos, al tiempo que desarrollar más mecanismos e instancia que permitan el ejercicio de unos niveles de representación más adecuada y directa de esa manera ejerce el poder en nombre del pueblo y sus representados.
El mayor desafío está en garantizar el tránsito de una democracia representativa imperfecta y restringida a una democracia participativa, donde la soberanía popular resida exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.