La reciente observación al Código Penal con relación a la penalización del aborto en todos los casos fue una decisión muy oportuna del Presidente de la República, Danilo Medina. La acciónpreserva la vida y salud de niñas, adolescentes y mujeres en embarazos/ partos que requieren interrupciones de emergencia.
Cotidianamente encontramos múltiples casos de niñas, adolescentes y mujeres en comunidades rurales y urbano-marginales que viven situaciones de alto riesgo, muchas veces mueren por causa de un embarazo y /o parto, no cuentan con servicios de salud que garanticen una interrupción del embarazo, muchas veces provocado por violaciones e incestos.
Las prácticas de abortos ilegales en nuestro país están presentes en múltiples espacios y formas sin garantías para la salud de las niñas, adolescentes y mujeres.
El acceso de la niña, adolescente o mujer a unos servicios de salud que garanticen la preservación de su vida con la interrupción de un embarazo de alto riesgo es un derecho que no debe ser negado
Niñas y adolescentes que son violadas por hombres de la familia o comunidad se encuentran totalmente desprotegidas al quedar embarazadas. Intentan abortos con prácticas que provocan sangrados, desgarramientos por ingerir sustancias y quedan afectadas, lesionadas o muchas veces mueren.
Las prácticas de aborto ilegal con uso de sustancias es amplia y varía desde plantas, raíces, mezclas tóxicas que incluyen venenos como “tres pasitos”en comunidades rurales y urbano-marginales más aún cuando la población femenina pertenece a estratos muy pobres o pobreza extrema.
Mientras más pobre es la mujer, niña o adolescente más vulnerable se encuentra frente al abuso sexual y mucho más ante un embarazo no deseado y sus condiciones de riesgo.
Condenar a la niña, adolescente o mujer que ingiere una sustancia tóxica para abortar o al médico que la asiste con un desgarramiento interno en un hospital es un crimen.
El acceso de la niña, adolescente o mujer a unos servicios de salud que garanticen la preservación de su vida con la interrupción de un embarazo de alto riesgo es un derecho que no debe ser negado. La ilegalidad del aborto no garantiza que se elimine esta práctica, sino que por el contrario, incrementa su vulnerabilidad y riesgo.
¿Quién se beneficia de la ilegalidad/penalización total?
La ilegalidad genera un aumento de los costos de los servicios independientemente del lugar y la forma en que se hagan. Servicios que escapan de toda regularización y control. La penalización genera así más desigualdad, más riesgos para las más pobres y por tanto más muerte.
Otro beneficiario de la ilegalidad en los casos de abuso sexual es el hombre que comete la violación sexual. No se investigan las situaciones de riesgos provocados por violaciones o incestos, ocultándose el agresor detrás de la ausencia de controles, regulaciones y todo el clima de culpabilidad que recae en la victima.
Ofrecer garantías de salud en cualquier situación de emergencia es la responsabilidad del estado y con ello no se está promoviendo el aborto, se garantiza que no sigan muriendo las niñas, adolescentes y mujeres porque no cuentan con servicios de salud efectivos.
La ilegalidad del aborto en todos los casos, incluyendo emergencias, solo beneficia a quienes se enriquecen del comercio clandestino de la salud que no tiene ninguna regulación ni control.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY