Cuando en el 2012 el hoy presidente saliente inauguraba su primer mandato, su recepción fue un vendaval ciudadano que exigía cuentas frente al déficit fiscal de RD$187,000,000.00 de pesos dilapidados en la campaña presidencial que le permitió ganar las elecciones de ese año al PLD y que procuraba ser compensado con una reforma tributaria mercadeada, sin éxito, como reforma fiscal.
Aquellas fueron las primeras y más potentes expresiones que comenzaron a perfilar un movimiento cuyas características principales giraban en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero más adentro, en el corazón de sus demandas, y con mucho menos fanfarria prefiguraban un camino de lucha hacia la justicia social.
Inspirados en ese momento en la recién aprobada ley que instituía “La Estrategia Nacional de Desarrollo”, los ciudadanos que nos cobijamos bajo la sombrilla del movimiento “Justicia Fiscal” demandamos la aprobación de una ley de “Responsabilidad y Transparencia Fiscal” que estableciera reglas generales y controles estrictos para sanear y transparentar el proceso de diseño y ejecución del presupuesto, disciplinara y mejorara la calidad del gasto público y controlara el nivel de endeudamiento. Aquellas demandas fueron pisoteadas, los responsables quedaron impunes y las reformas que procuraban “ponerle la tapa al pomo” para acabar con el derroche y el robo público fueron ahogadas por el cansancio.
Para tener un panorama rápido de la situación, conforme cifras de OXFAM en su último informe “¿Quién paga la cuenta?”, se estima una contracción regional de 9.4%, lo cual representa que hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder sus empleos
Pero aquello no fue en vano, por el contrario, aquel movimiento fue parte de las semillas que ayudaran a germinar el sentimiento que permitió construir durante 8 años la amplia unidad ciudadana que terminó sacando al PLD del poder.
Como elemento innovador, una de las características de aquel movimiento social fue la impugnación al carácter regresivo de dicha reforma y como la misma cargaba las cuentas sobre las capas medias y los sectores populares.
Basta recordar que el único impuesto progresivo de aquella reforma, el impuesto a la circulación de vehículos, el cual sería de un 1% del valor del vehículo sobre las unidades con menos de cinco años, su entrada en vigencia fue suspendida por un decretazo del presidente en franca violación de la Constitución de la República. Pero ya sabíamos que, mientras el PLD gobernara no habría conquista ciudadana y que aquellas cuentas la terminaríamos pagando nosotros, como en efecto.
El camino hacía la recuperación
La entrada del nuevo gobierno se da en un contexto de extrema dificultad fruto de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Un contexto mundial, regional y local alarmante cuyas previsiones para el caso de América Latina y el Caribe anuncian un profundo retroceso económico y social, caldo de cultivo para el retroceso político.
Para tener un panorama rápido de la situación, conforme cifras de OXFAM en su último informe “¿Quién paga la cuenta?”, se estima una contracción regional de 9.4%, lo cual representa que hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder sus empleos. Para hacer más gráfico los datos, si la crisis fuera una máquina del tiempo nos hiciera retroceder 15 años. En el caso de la República Dominicana la estimación que hace CEPAL apunta a que la contracción será de 5.3%, cifra que por efecto del retroceso en la reapertura económica varios economistas sugieren que deberá ser revisada.
El golpe a la economía ha provocado el desplome de las recaudaciones, las cuales se estiman en un 2% del PIB regional. En el contexto local, conforme datos que ofrece el economista Pavel Isa como resultado de la paralización económica al mes de junio, las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (DGA), fueron inferiores a lo estimado en 96 mil millones de pesos o un 27%. En abril, los ingresos estuvieron por debajo en más de 42 mil millones.
Ahora bien, a pesar de la fatalidad de estos números, esta crisis ha tenido ganadores. Los mismos datos de OXFAM en el referido informe, refieren que durante los períodos de confinamiento, América Latina y el Caribe tiene 8 nuevos milmillonarios, es decir personas cuyo patrimonio es superior a los mil millones de dólares. Otros datos nos dicen que en el caso de EEUU por ejemplo durante la pandemia los muy, muy ricos como Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, L Page y Sergey Brin han aumentado sus riquezas entre todos juntos en un total de US$215 mil millones de dólares. ¿Caja chica, no?
Pero si algo nos han enseñado las crisis a escala mundial, como la del 2008, es que al final siempre hay quienes tendrán que pagar las cuentas y no precisamente los que beben y comen en la fiesta. La crisis del 2008 la pagó el ciudadano común bajo la bandera (excusa) de la austeridad que asoló las economías de los países del centro industrial que se vieron estremecidas por aquel cataclismo económico. La receta fue sencilla pero letal: Recortes por abajo para cuidar a los de arriba. Guardando las distancias, en el caso de nuestro país el déficit fiscal del 2012 impuso por igual que a costa de impunidad la ciudadanía pagará el costo del bacanal.
Reactivar la economía a través de una política de expansión del gasto público en sectores estratégicos de la economía, mantener y profundizar los planes sociales de protección de la ciudadanía, fortalecer el sistema sanitario modernizándolo y aumentado la inversión en salud demandará de que el gobierno movilice el máximo de recursos disponibles de una forma socialmente justa para garantizar los derechos de las personas, los cuales frente al desplome de la recaudaciones implicará determinar quienes habrán de pagar las cuentas de la crisis.
Mejorar la calidad del gasto a través de la reducción, eliminación y fusión de entidades puede dar un poco de aliento y legitimidad al gobierno, pero a corto plazo no es una medida que pueda ayudar a enfrentar la magnitud de los retos por delante. Para tener una perspectiva macro del problema, OXFAM proyecta que los programas de estímulos para América Latina y el Caribe requerirán de al menos un 3.2 del PIB regional.
En nuestro país la discusión (y la acción) coyuntural (por la crisis) y estructural (por justicia) es impostergable. La transición para el traspaso de mando nos lo demuestra, nos explica claramente como se manifiesta este modelo que ve la fiscalidad como herramienta para garantizar privilegios y no para generar desarrollo.
La muestra más clara es la exención impositiva otorgada por el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR) donde exonera tributariamente por 15 años al Aeropuerto Internacional de Bávaro, a pesar del informe del Ministerio de Hacienda que reconoce que dicho proyecto no resulta económicamente viable y que dicha exención representa un sacrifico fiscal para el Estado de RD$4,403.9 millones durante los años considerados, de los cuales solo el 73% corresponde al impuesto sobre las ganancias. Es decir para que un grupo muy pequeño gane la ciudadanía debe financiarlo no cobrándole impuestos.
Por mandato de la estrategia nacional de desarrollo y por imperativo de justicia social, principio y valor consagrado constitucionalmente en nuestro ordenamiento político y traducción de la fraternidad como valor olvidado pero orientador del republicanismo democrático contemporáneo, nuestro país deberá abocarse a un pacto fiscal.
Cambiar de verdad pasa por remediar las graves desigualdades que nos afectan y que producto de la crisis han puesto de relieve los altísimos y preocupantes niveles de vulnerabilidad a los que está sometido nuestra gente. Esto solo se logrará construyendo una ciudadanía resiliente que tenga la garantía de prestación de derechos sociales fundamentales y esenciales para el ejercicio de otros derechos y para garantizar la paz social. Esta es la agenda que en defensa propia y que en el ejercicio del derecho a vivir más y mejor nos toca asumir.
Frente a la pregunta: ¿Quién paga la cuenta? Pues de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente: quien más tiene, más debe contribuir. Solo así se construyen bases sólidas para alcanzar una sociedad auténticamente democrática. Exigir hoy justicia fiscal es exigir ¡Democracia real ya!