El análisis de la presente lucha interna en el PRD, no debe reducirse a una mera lucha entre facciones. Podría decirse que en su origen despuntaba como una recurrencia de sus tantas pujas entre tendencias, pero durante su desarrollo se han ido conjugando una serie de factores que determinan la real dimensión y significado de esa lucha.

En ese sentido, como en toda coyuntura, el análisis debe partir del contexto del actual momento del proceso político del país, de las viejas luchas entre el PRD y el PLD, de las reiteradas coincidencias políticas entre el gobierno y una de las partes en pugna, la de Miguel Vargas y la percepción que de esa colectividad política han creado sectores sociales, eclesiales y políticos de diversas adscripciones ideológicas   .

Sólo así se puede tener conocimiento objetivo sobre las decisiones que sobre dicho conflicto ha tomado el Tribunal Superior Electoral, integrado básicamente por miembros del PLD y de la facción de Vargas, las cuales han sido claramente favorables a esa facción, evidenciando el interés del PLD/gobierno de favorecer un sector del PRD que en determinadas coyunturas, como en recién pasado torneo electoral, ha sido más que su aliado.

En ese tenor, resulta vergonzoso ver a determinados abogados utilizar su talento para tratar de llevar a un tribunal claramente parcializado, un problema que es de naturaleza política y además, tratar de desconocer las decisiones de  una mayoría partidaria legal e incuestionablemente legítima por ser cualitativa cuantitativamente aplastante frente a la minoría que aquellos defienden.

Importantes sectores políticos y de los poderes fácticos de este país nunca han aceptado el significado social (cristalizado como político) del PRD, algunos lo han querido destruir, otros, con la aquiescencia de no pocos de sus propios dirigentes,   lo quieren adocenado y sin que en las calles nunca exhiba sus dientes. En gran medida, esto último lo han logrado y eso ha significado un lastimoso lastre para el desarrollo de la democracia dominicana y para que se postergue la inclusión social en el país.

Esa idea sobre lo entienden que es o sobre lo que entienden como buen comportamiento de  esta colectividad política, se ha constituido en una de las grandes expresiones del conservadurismo de la sociedad dominicana. Una sociedad no puede avanzar por los senderos de la democracia, la institucionalidad y la justicia, si siempre se empecina en taponar los conflictos, en resolverlos mediante arreglos afrentosos, a través de sinecuras casi siempre agenciadas por curas.

Por tanto, lo que está en juego no es sólo que se reconozca la legalidad de una mayoría partidaria, sino la idea de que todos nos sometamos a una única forma de entender la política y que se establezca la jurisprudencia de que un tribunal tenga la facultad de dirimir temas que por el momento son de carácter estrictamente partidario. Sólo la acción de masas, no sólo del PRD, sino de todos, puede vencer esa nefasta concepción.

Apostar a que esa lucha lo destruya, como podrían desear algunos compañeros de viaje, es apostar a una nueva quimera. En ese partido existen muchos dirigentes, de todos los niveles, que desearían un reorientación de esa organización, que se rencuentre con sus orígenes asumiendo las esperanzas de una base que siempre se ha batido por sus derechos a la inclusión social. Ese activo no desaparece fácilmente y no se diluiría en  organizaciones políticas de una cultura que le es ajena.

Finalmente, tampoco creo prudente, de parte del nuevo equipo que en agosto próximo se instalará en Palacio, que de encontrarse con esa crisis, intentar agudizarla con el objetivo de debilitar el PRD, pues sería un dislate. Ese equipo encontrará unas arcas vacías y una facción partidaria cuyo principal objetivo es prepararse de cara a las elecciones del 2016, no necesariamente contribuir que se haga un buen gobierno.

El desenlace de la crisis del PRD, quiérase o no, concierne a todas las fuerzas políticas y sociales de este país y hemos de apostar a que esta se resuelva a través de la lucha en todos los escenarios, no con pactos afrentosos, negadores de derechos y de razón y sin imposiciones de tribunales parcializados.