Una vez más la “seguridad ciudadana” vuelve a ser un tema de primera línea en la agenda pública del país, puesto de relieve con la emisión del Decreto 581-21, mediante el cual el Presidente Luís Abinader dispone la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Interior y Policía.
El decreto contempla el sutil mandato de que la naciente institución “deberá estar integrada por profesionales de diversas áreas de las ciencias sociales, del saber técnico y profesional”. El énfasis resulta oportuno a fin de evitar la tentación populista o el sesgo tecnocrático en el diseño de las soluciones que demanda la problemática.
La precisión constituye una apuesta a la efectividad y funcionalidad multidisciplinarias de la iniciativa, superando el tradicional predominio de la aplicación de la fuerza como acción principal de las políticas públicas de seguridad ciudadana como orden público.
La seguridad ciudadana se considera como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.
Se le considera un bien público e implica la protección eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y movimiento.
La seguridad ciudadana va allá de los métodos coercitivos y represivos, generalmente depositados en manos de la policía y otros agentes del orden. Implica también para la población adecuados niveles de educación, salubridad, distribución del ingreso, desarrollo infraestructural y tecnológico, calidad ambiental, paz social, factores que ayudan a explicar la inseguridad ciudadana cuando existe un déficit de gobierno.
En tanto, la inseguridad ciudadana es una construcción social basada en la reacción social con elementos tanto objetivos como subjetivos, y en la que intervienen diferentes actores (víctimas, victimarios, cuerpos policiales, ciudadanos, etc.), cuyos perfiles prosociales y antisociales pueden ser establecidos desde la perspectiva profesional de la psicológica.
En este sentido, la intervención del psicólogo se ha de plantear como necesaria, teniendo en cuenta todos los posibles campos, en función de los actores y de los procesos que se activan, respondiendo a un enfoque multidisciplinario desde diferentes aplicaciones de la psicología:
La psicología comunitaria, que busca generar capacidades en organizaciones comunitarias para prevenir e intervenir en casos de violencia.
La psicología social, que aborda temas de la percepción social de la inseguridad y analiza el entorno social como factores de riesgo para la criminalidad y el delito.
La psicología política, que analiza los actores políticos, sus decisiones y repercusiones en la población en temas de control social y seguridad ciudadana.
La psicología penitenciaria, que analiza entre otros temas, el desarrollo criminógeno de los individuos y el tratamiento especializado para la rehabilitación.
La psicología jurídica, que estudia la relación de la psicología con la justicia, y que su vez está estrechamente cercana a la psicología forense.
El psicólogo puede trabajar en beneficio de la seguridad mediante el diseño y aplicación de estrategias educativas, de sensibilización de intervención tanto a nivel individual como a nivel comunitario y colectivo.
En virtud de que la seguridad ciudadana puede ser considerada como parte de la "cultura ciudadana”, desde la psicología se puede trabajar en cuatro estrategias 1) impulsar el cumplimiento de las normas; 2) propiciar la cultura democrática; 3) propiciar la comunicación; y, 4) fomentar la solidaridad, entendiendo que los dos últimos componentes se desarrollan en el espacio público.
El psicólogo puede trabajar en el logro y promoción de los objetivos y metas de cultura ciudadana, como política pública, fundamentados en la vivencia de los derechos, deberes y responsabilidades sociales, la protección de la vida y en términos de convivencia y seguridad, la reducción de los índices de violencia y delincuencia que pueden ser abordados como procesos esencialmente educativos con todos los actores públicos y privados.
Igualmente puede trabajar en la capacitación para la prevención y solución de conflictos comunitarios. Se considera que la seguridad ciudadana indiscutiblemente demanda trabajar en torno a la resolución pacífica de los conflictos, que de no ser atendidos correctamente y a tiempo, pueden desencadenar problemáticas mayores o conductas peligrosas y delictivas.
El psicólogo puede participar en el diseño de estrategias sociales para educar para la convivencia, la seguridad ciudadana, el conocimiento y práctica de una jerarquía de valores y la educación a lo largo de la vida, que representa para el ser humano una construcción continua de sus conocimientos y aptitudes y de su facultad de juicio y acción de cara a lineamientos éticos.
Las formas de violencia que en la actualidad afectan a las personas y a las comunidades, en particular, el delito, hace referencia solamente a las formas de violencia tipificadas en los ordenamientos jurídicos-penales, lo que obliga a un abordaje integral de la problemática de la que se deriven acciones de prevención y control de diferente naturaleza, y que involucren, en su ejecución, también a diferentes actores del sector público y de la sociedad civil.
En esta tarea, la Psicología y los psicólogos resultarán de gran utilidad. Ojalá que sean tomados en cuenta en el reto que tiene por delante el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.