Para Luis Abinader y el PRM (Partido Revolucionario Moderno) la salud de los dominicanos y sobre todo de los más necesitados y vulnerables junto al grave problema que afronta la humanidad revisten mayor interés que el tema político inmediato. Sin embargo, a Luis, al PRM y a gran parte del liderazgo sensato y responsable les preocupa también, de gran manera, la suerte de la institucionalidad de la nación.
Si no tenemos orden institucional y un gobierno legítimo y responsable será casi imposible afrontar el porvenir que vendrá modificado por la desgracia que actualmente vivimos, tanto en el plano económico como en lo social, político y hasta en la salud mental de mucha gente.
Si no varían favorablemente las condiciones de salud actuales, las elecciones tendrán que posponerse. Ni la Ley Electoral ni la propia Constitución son expresas y específicas sobre la facultad de la JCE al respecto, sin embargo ya existe un precedente cuando en el febrero recién pasado la Junta suspendió las elecciones municipales por un grave problema técnico que impedía el ejercicio del voto electrónico.
Los partidos políticos, que se presume son nuestros representantes, tienen el deber histórico de ponerse de acuerdo para que, si fuere necesario, se busque una nueva fecha dentro del marco legal. De seguirse las disposiciones de la ley 15-19 deberá respetarse el plazo de 30 días para la nueva convocatoria, lo cual implica pensar en la primera quincena del mes de junio para la nueva fecha.
Por otro lado, de la combinación de los artículos 209-3 de la Constitución y 92-2 de la ley 15-19 se infiere la posibilidad de la convocatoria de elecciones extraordinarias precedida de una ley para tal fin en cuyo caso el plazo se ampliaría a 70 días.
La salud está primero que todo, pero se impone elegir un nuevo gobierno que pueda actuar con legitimidad y enderezar el rumbo del país que, obviamente, no va bien.