La alharaca que se ha formado en torno al intento de cobrar impuestos a las compras por internet es una muestra más de lo difícil que es aplicar impuestos a los estratos altos. Desde tiempos inmemoriales los economistas, dominicanos y extranjeros, vienen sorprendiéndose de la incapacidad de la sociedad dominicana de encontrar un sistema tributario razonablemente progresivo, que no recaiga tanto sobre los pobres. La escasa cohesión y carencia de solidaridad social es una particularidad que opaca las muchas virtudes de nuestro país.
Me consta que al momento de preparar la última reforma tributaria, los técnicos participantes pusieron un empeño especial en procurar potenciar los instrumentos más progresivos, es decir, hacer recaer gran parte de la carga sobre los grupos altos. Pero cada uno de ellos fue chocando contra barreras infranqueables. Tras entorpecer o mediatizar los esfuerzos por racionalizar la política de exenciones impositivas, los intentos de ampliar la tributación basada en la propiedad inmobiliaria, gravar las ganancias derivadas de intereses, hace sólo algunos meses vimos el reperpero que se armó al intentar gravar los vehículos lujosos al cobrarles la placa en base a su valor.
A todo se le encuentra una razón para objetarlo, y se presenta como la defensa de una causa justa. Sin embargo, ya quisiera yo ver un movimiento de opinión oponiéndose tan enfáticamente al impuesto que se cobra al gas kerosene, el que pagan los más pobres entre los pobres, al usar dicho combustible para alumbrarse donde no llega la luz eléctrica. De eso nadie habla o escribe.
Ahora se ha armado tremendo reperpero al intentar la Dirección General de Aduanas cobrar los impuestos correspondientes a los productos que llegan vía los courriers. Se ha discutido mucho sobre la legalidad del intento; ya el Tribunal Superior Administrativo mandó parar el cobro y es posible que las cosas no terminen ahí.
Ya me gustaría ver a los nacionalistas de nuevo cuño discutiendo sobre esto en vez de cogerles con los negros pobres dominicanos.
En mi condición de economista, no tengo calidad para discutir temas en base a criterios de legalidad, pero sí de racionalidad económica y justicia social. Creo que esa razón me impulsa a analizar los fenómenos, no a partir de lo que dice la ley, sino de lo que debería decir. Y dejar de cobrar impuestos a un producto por el sólo hecho de haber sido comprado por internet es una irracionalidad con letras mayúsculas.
Normalmente la decisión sobre cobrar impuestos a un bien o servicio se toma a partir de la naturaleza del mismo, no del procedimiento de compra o transporte. Si tras analizar el caso se entiende que es justo cobrarle el impuesto, entonces se le cobra sin atender a que haya llegado por barco, por avión o hasta en burro que fuera. Si un litro de leche está exento es por ser leche, y si un litro de whisky está gravado es por ser whisky, no por cómo llegó.
Se ha hablado mucho de lo que dicen los tratados comerciales, particularmente el DR-CAFTA. Como no soy experto en el asunto, no voy a discutir sobre lo que dice, pero sí sobre una cosa que no puede decir. Los acuerdos comerciales se dan para eliminar barreras al comercio, y el único impuesto que traba el comercio es el arancel, por cobrarse a un producto por el hecho de ser importado.
El ITBIS es un impuesto que se cobra a los bienes por el hecho de ser consumidos, y eso no tiene que ver de donde vengan. Los impuestos selectivos se cobran a algunos bienes por el hecho de ser suntuarios o perniciosos a la salud o al ambiente, sin importar de donde vengan. Si son producidos en el país se les aplica igual que si vienen de fuera, y por tanto no afectan el comercio. ¿O acaso alguien cree que, por haber libre comercio, si en los Estados Unidos un consumidor pide por internet un litro de Ron Brugal, cuando llegue no va a pagar impuestos?
Lo único que el DR-CAFTA podría impedir que se cobre es el arancel, y limitado a los productos que se demuestre fueron producidos en uno de los países firmantes, en este caso, los EUA. Decidir sobre los impuestos al consumo interno (ITBIS o selectivos) es un derecho inalienable de cada país. Los tratados comerciales no se meten con ellos, y ningún país extranjero, por muy poderoso que sea, puede hacerlo. Ya me gustaría ver a los nacionalistas de nuevo cuño discutiendo sobre esto en vez de cogerles con los negros pobres dominicanos.
El otro aspecto más discutido es el de la justicia social. Algún día quisiera yo ver un pobre comprando por internet. Pero esa no es nuestra realidad. Podrá decirse que dichas compras se deben dejar exentas como un mecanismo de aliviar la carga a la clase media, pero no comparto ese criterio. Primero, estoy casi seguro que los principales beneficiarios no son tal clase media, sino ricos; y segundo, estoy convencido de que mucha gente que se considera clase media dominicana está ubicada en un estrato bastante alto, que en cualquier otro país pagaría impuestos más altos que los que paga aquí.
La situación puede ser peor si, como dice la DGA, la alharaca fue impulsada por sectores que aprovechan este comercio como una forma de masiva evasión de impuestos, de competencia desleal, y que hasta se ha estado usando para el lavado de activos y el tráfico ilegal.