En el mundo entero la red Uber que a través de una aplicación instalada en los celulares conecta choferes con pasajeros para ofertarles nuevas opciones de transporte está causando una revolución, que ha suscitado conflictos con los taxistas en las ciudades donde se ha instalado y provocado ya, interesantes decisiones judiciales.

En nuestro país tenemos probablemente uno de los sistemas de transporte colectivo más anacrónico, deficiente e inoperante del mundo, secuestrado por empresarios escudados bajo el ropaje de sindicalistas a los que nuestros gobernantes les han permitido convertir a los pasajeros en sus rehenes y a las calles en su propio territorio en el que no existe el imperio de la ley.

La llegada de Uber al país de inmediato ha generado virulentas reacciones de parte de algunos  empresarios del transporte, que amenazan con impedir sus operaciones so pretexto de que las mismas afectarán a muchos padres de familia, como si los conductores que se sumarán a la red en el país no fueran a su vez también ciudadanos que tuvieran derecho a ejercer una actividad lucrativa.  Estas expresiones demuestran que para ellos lo que cuenta es su  interés particular  y no el interés general de todos los ciudadanos a tener acceso a opciones seguras, confortables, eficientes y competitivas de transporte.

Sorprende que en medio del desastre total del transporte en el país y el caos del tránsito vehicular, aparezca de repente una supuesta autoridad regulatoria de los taxistas, que exige que Uber cumpla con la ley, al mismo tiempo que admite que a buena parte de los taxistas que supuestamente debe regular,  no lo hace.

Nadie discutirá la necesidad de que se cumplan con los requerimientos legales necesarios  para que opere esta red de transporte, pero lo que  todos debemos exigir es que no podemos seguir teniendo un sistema que opere en la total ilegalidad para unos, y bajo reglas que aplican solamente para  otros.

Sorprende que en medio del desastre total del transporte en el país y el caos del tránsito vehicular, aparezca de repente una supuesta autoridad regulatoria de los taxistas, que exige que Uber cumpla con la ley, al mismo tiempo que admite que a buena parte de los taxistas que supuestamente debe regular,  no lo hace

En un panorama de vehículos inservibles que no pasarían ninguna revisión, de rutas controladas de manera salvaje, de supuestos taxis que no son más que los mismos carros de “concho”  con pasajeros únicos, de ausencia total de regulación y de garantías para los pasajeros de que están transitando con un chofer confiable y que podrán reclamar cualquier falta en el servicio o agresión, el tránsito de Uber en el país deberá enfrentar cosas que van mucho más allá de lo que ha sido el caso en otras partes del mundo.

La competencia es sana y es la mejor aliada para los usuarios, por eso tenemos un sistema de transporte pésimo, porque en vez de competencia y de servicio al cliente, existe un monopolio apoyado por las autoridades en base a un clientelismo inaceptable que ha preferido invertir en costosas soluciones de transporte para un puñado de ciudadanos como el Metro de Santo Domingo, o como lo será el Metrocable de La Barquita, para no asumir la responsabilidad de hacer lo necesario para que todos los ciudadanos tengan derecho a un transporte colectivo digno.

Aunque en otras jurisdicciones se trata de que los pasajeros tengan derecho a disfrutar de opciones de transporte modernas, o de que no se frene el progreso que trae el uso de la tecnología,  aquí se trata de que unas autoridades irresponsables que durante décadas han permitido el abuso de empresarios pseudosindicalistas, serán puestas a prueba por el poder de la tecnología, que no podrá ser detenido ni por la politiquería ni por la fuerza bruta.