Desde el mismo momento en que se anunció la aplicación de las Pruebas Nacionales (PN) en las escuelas y colegios del país, comenzaron los cuestionamientos y aunque hubo propuestas, no prosperaron. Las autoridades de la otrora Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos las impusieron, como una medida para enfrentar la gran crisis de la educación nacional.
Las PN fueron concebidas y aplicadas dentro de la política del Plan Decenal de Educación 1992-2002, no como un fin, sino como un medio para: (a) elevar la calidad de la educación; (b) integrar más a los padres de familia y a la escuela a los procesos de enseñanza-aprendizaje; (c) producir y hacer llegar a los educandos y a los educadores, textos escolares, cuadernos de trabajo y guías actualizadas para todos; (d) desarrollar una intensa actividad de capacitación a educadores; (e) hacer efectiva la supervisión escolar; (f) lograr un mayor esfuerzo del educador; (g) aportar informaciones sobre el Sistema Educativo Dominicano (Marco Teórico Conceptual de las Pruebas Nacionales).
Más de veinte años después, a pesar de su existencia, la educación no ha mejorado como esperaban y las PN continúan impertérritas, aunque sin provocar el agobio inicial. Los avances han sido mínimos, aunque las autoridades pregonan una “revolución educativa” en los niveles preuniversitarios, sin definirla y establecer sus alcances, pues es mucho más que infraestructura y aumento del horario escolar en parte de las escuelas del sistema.
Cada año durante la aplicación y/o publicación de sus resultados, los cuestionamientos se reactivan. Por tanto, no es extraño que la prensa haya publicado que personalidades públicas y de la comunidad educativa, pidieran al MINERD que revisara estas pruebas, las hiciera diagnósticas, inclusive, que las eliminara, porque “perdieron su razón de ser”.
El MINERD, presto, salió en su defensa, considerándolas que “constituyen el mecanismo más idóneo de supervisión escolar que permite conocer la realidad de los aprendizajes y sirven de instrumento para que el sistema educativo no camine a ciegas”. Y la Dirección de Evaluación de la Calidad en el documento ¿Qué son las Pruebas Nacionales? “considera que las críticas a las pruebas nacionales han sido sistemáticas, aunque en su mayoría superficiales, pues se acusa de que no cumplen su cometido, pero la realidad es que el objetivo consiste en evaluar e informar sobre los aprendizajes, y en ese sentido sí está cumpliendo con el objetivo”.
Llama la atención que autoridades del MINERD atribuyan a las PN que son “el mecanismo más idóneo de supervisión escolar”. Y que tal “idoneidad” produjera lo que publicó la prensa en junio pasado: “Setenta mil 421 estudiantes tienen 10 años rezagados por pruebas nacionales” Ninguna justificación es válida para aceptar tal resultado, y mucho menos la que reseña la nota periodística de que “el alto número de estudiantes rezagados por pruebas nacionales a que tienen una nota de presentación baja del centro educativo ‘y por eso se les dificulta promover, pues presentaron debilidades en su proceso escolar’”. Ante estos argumentos, caben algunas preguntas: ¿dónde están las medidas preventivas, no correctivas, para evitar los mismos bajos resultados y rezagados de cada año? ¿Los responsables están solo en las escuelas? ¿Discrepar con ese tipo de pruebas censales sumativas es ser superficial?
Si los resultados de las PN impactaran el desarrollo del curriculum y fuesen un mecanismo idóneo de supervisión escolar -este informe confirma que no ha sido así- debería tener fecha de los años noventa, y no de 2014. El Informe Curricular de los Resultados de las Pruebas Nacionales, Primera y Segunda Convocatorias 2014, elaborado por el Equipo Técnico de Ciencias Sociales “con la idea de mejorar los resultados de las pruebas y con ello del sistema educativo dominicano”, recomienda: “Impartir cursos de actualización de contenidos en las diversas disciplinas de las ciencias sociales dirigidos a profesores, directores y técnicos del sistema a través de centros de estudios superiores y los que reciban estos cursos se conviertan en multiplicadores o socializadores en centros sedes para el personal docente de escuelas y liceos, especialmente los grados objeto de pruebas nacionales”. Por tanto, cuesta creer que han sido un mecanismo idóneo de supervisión escolar.
Y se entiende que sea así, porque el MINERD parece ser que continúa careciendo de un equipo de supervisores en calidad y cantidad suficientes para ejercer esta función. De paso recordar que la supervisión educativa es una función técnico-administrativa que realiza acciones de asesoría, de orientación, seguimiento, coordinación y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en cualquier sistema educativo, por tanto, no se realiza por generación espontánea; necesita recursos humanos, materiales y económicos y atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el proceso educativo. Por eso, Neagley y Evans afirman que la moderna supervisión escolar es la acción positiva y democrática destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación continua de todos los interesados: el alumno, el maestro, el supervisor, el administrador y el padre o alguna otra persona interesada en el problema.
Por último, si se considera que el objetivo de las PN “consiste en evaluar e informar sobre los aprendizajes, y en ese sentido sí está cumpliendo con el objetivo”, confirma que es innecesario aplicarlas a todo el universo de estudiantes de los grados donde se aplican, porque con una muestra sería suficiente para “informar sobre los aprendizajes”, dando razón a quienes demandan que sean diagnósticas y comparte quien escribe.