El debate en torno a la aplicación del sistema de escrutinio y conteo electrónico de los votos en las elecciones del próximo 15 de mayo ha devenido en más tenso y preocupante de lo esperado.
Ni Roberto Rosario, ni el CONEP, ni las personalidades que apoyan el escrutinio electrónico han podido rebatir convincentemente el planteamiento de que la propuesta de la JCE, de aplicarse, violaría flagrantemente la ley electoral (Ley 275-97) en por los menos sus artículos 127, 133 y 135.
Los que defienden la posición de la JCE argumentan que ya “no hay tiempo” y que el “conteo electrónico sería más rápido y transparente”; algunos han llegado hasta señalar que se ha gastado demasiado dinero en esos equipos para finalmente no utilizarlos – ¡Vaya justificación¡-. Según informaciones, el sistema completo habría costado a la JCE uno 32 millones de dólares, un poquito más – opinan algunos – de lo que valdría la paz social de los dominicanos y la estabilidad política basada en la credibilidad de las instituciones electorales.
Es preocupante el hecho de que la legitimidad jurídica y constitucional del proceso final de conteo y validación del voto no aparezca como una preocupación en las intervenciones públicas de influyentes sectores de la sociedad dominicana.
Es una actitud que debería generar alarma, un peligroso indicio, puesto que promover o aceptar tranquilos el desconocimiento de la ley que sustenta asunto tan trascendente es abrir las puertas a enfrentamientos y a la inestabilidad política.
Que algunos desorejados lo hagan desde litorales extremistas es casi normal en todas las sociedades, pero que estamentos de los llamados sectores “pensantes” sustentados en actividades económicas que requieren sosiego lo hagan, eso sí que no se entiende.
La resolución de la JCE del 5 de mayo último abre las puertas a impugnaciones, enfrentamientos y eventualmente al caos al excluir del conteo manual a los miles de aspirantes a posiciones legislativas y municipales. Los candidatos congresuales de la oposición saben del manifiesto interés de Danilo y el PLD por ganar una mayoría aplastante del Congreso, que les permita realizar las modificaciones institucionales que requieran sus planes continuistas y de control absoluto de las altas cortes. En esas perspectivas, nadie puede esperar que esos candidatos al Congreso confíen en un sistema impuesto unilateralmente contra viento y marea. No es difícil imaginarse a cientos, o miles, de candidatos a senadores, diputados y alcaldes impugnando en cada colegio electoral.
A lo largo de esta disputa llama a la atención que se intente calificar a los que critican la disposición de la JCE como rémoras del atraso y opuestos a la modernización.
¿Cómo hablar de modernización si la resolución de la Junta que dispone un cambio tan radical de escrutinio y validación de los votos fue publicada – el 23 de abril – tres semanas antes de la fecha de las elecciones? ¿Es la improvisación un valor de la modernización?
Aprobar unas elecciones al margen de la ley, sin preparación técnica y organizacional suficientes y, además, para elegir a unos candidatos con un método de escrutinio y a los demás con otro, es una riesgosa provocación contra la institucionalidad política. ¡Nadie debería pedirle al PRM que acepte eso¡