Si echamos un vistazo serio a la realidad nacional, encontraremos que sobran motivos para la protesta, el enojo, la indignación y la desobediencia civil. Personas, grupos y comunidades están expresando a gritos las cosas que le duelen y le preocupan. Los ciudadanos están manifestando su disgusto provocado por acciones del gobierno consideradas como inmorales, corruptas y urgidas de sanción. La lista es larga y conocida por todos.
Las protestas van en aumento en todo el país y nadie podrá acallarlas sin lesionar la democracia. El derecho a la protesta es legítimo y debe ser protegido en democracia. Es una expresión del derecho a la libre expresión y reunión garantizado por la Constitución y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El derecho a la protesta no es un derecho más, es considerado como el “primer derecho”.
Sin embargo, el gobierno actual está dando muestras de intolerancia y mal manejo de las protestas populares. En vez de interpretarlas en su justa medida y de atender los reclamos contenidos en las mismas, más bien las desvaloriza, las descalifica y las reprime utilizando el poder político mediático para justificar la acción punitiva del Estado, llegando a la criminalización de la protesta y apelando al abuso policial.
A mayor represión de las protestas populares por parte del gobierno, mayor deberá ser la capacidad de protesta por parte de los ciudadanos, llegando hasta la desobediencia civil si fuese necesario. La desobediencia civil no es un llamado a la rebelión contra el gobierno. No es una apuesta a la anarquía; no es una invitación a la sedición y a la resistencia clandestina; no es una incitación a la violencia ni a la comisión de actos delincuencia. La desobediencia civil es también democracia.
La desobediencia civil se considera como “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas y medidas del gobierno”. Es un acto público que no sólo se dirige a principios públicos, sino que se comete en público. Debe darse a conocer abiertamente y con el aviso necesario para quitarle el carácter de encubierto o secreto. La desobediencia civil no es violenta, cualquier violación a las libertades civiles de los demás desvirtúa la calidad de la desobediencia civil. La desobediencia civil debe ser estrictamente pacífica.
Queda claro. La desobediencia civil, en tanta expresión de protesta y de resistencia ciudadana pacífica, no está prohibida por la ley, pero debe cumplir unos requisitos estrictos. La desobediencia busca generar previamente un estado de ánimo y una reacción en la opinión pública que haga visible al legislador la necesidad y urgencia de derogar o reformar la ley o norma en cuestión y de obligar al gobierno a atender el punto de vista y los reclamos de los “desobedientes” o insumisos.
El término “desobediencia civil” fue utilizado por primera vez por Henry David Thoreau, filósofo y escritor norteamericano, quien en 1848 en su escrito “Del deber de la Desobediencia Civil” justificó su negación a pagar impuestos al Estado como una manifestación de no-cooperación con un Estado que sostenía una guerra colonialista con México y que permitía la esclavitud y que, por tanto, era un gobierno injusto. Y para esta demostración afirmaba: “Votar no es suficiente”.
Siguiendo la idea de Thoreau de una “revolución pacífica”, Ghandi y Luther King enfatizaron más bien el carácter colectivo de la protesta. En la actualidad se han sumado como métodos de desobediencia civil las marchas multitudinarias, el boicot a determinados productos y servicios, el impago de impuestos y contribuciones, el incumplimiento colectivo de normas y decretos; la sentada o inasistencia al trabajo público, las huelgas de hambre, las asambleas de protesta, marchas y declaraciones públicas.
La desobediencia civil adquiere todo su sentido como mecanismo de participación dentro de la sociedad civil, orientado hacia la formación y robustecimiento de la opinión pública, provocando la discusión y llamando la atención del sistema representativo para que esta discusión permee en los partidos políticos, alcance las instancias legislativas y pueda dar lugar a una nueva ley o la modificación de la existente; así como a un cambio de actitud del gobierno en asuntos de interés ciudadano.
Siendo que la desobediencia civil se considera un mecanismo de participación, moral y políticamente justificado, los tribunales y los organismos represivos del Estado no pueden tratar al “desobediente” como un delincuente común. Si obedecer las leyes justas es muestra de madurez ciudadana, también lo es el desobedecer las leyes injustas, así como rechazar y condenar los desaciertos de un gobierno que no se somete ni somete a sus miembros al respeto de las leyes y a los derechos de los ciudadanos.