La concepción del ejercicio del poder local en la perspectiva de un proyecto global del desarrollo nace en la década de los 80, y ha permitido a muchos países lograr importantes niveles de descentralización/democratización del poder, institucionalidad, de participación y de calidad de vida de la gente. Esto ha significado un replanteamiento de las relaciones Estado/ayuntamientos en la gestión del territorio en los niveles locales y nacionales para hacer más eficiente y democrático el ejercicio del poder político. En tal sentido, los partidos que en el presente proceso electoral plantean un cambio deberían lograr que las ideas centrales de ese cambio se reflejen en sus programas municipales.
Así como la propuesta de una nueva gestión del Estado se basa en un diagnóstico/crítica de las políticas que han provocado el virtual colapso de la sociedad dominicana, los programas de gestión municipal y de la ciudad deben basarse en un diagnóstico objetivo sobre las causas que han provocado una virtual quiebra del Gran Domingo y Santiago, además de otras ciudades del país de dimensiones menores. En estas últimas, en gran medida, los procesos disgregadores también comienzan a despuntar. Pienso en Higüey, San Cristóbal y Baní. En todas estas, el acelerado y descontrolado crecimiento espacial y poblacional está signado por la negación a la gente de su derecho a la ciudad, vale decir, su acceso a los servicios básicos, al suelo y la vivienda.
En esencia, ese tipo de crecimiento tiene una causa política primero y económica después. En tanto fenómeno mundial, fue lo que sucedió en los gobiernos coloniales de Asia y África, y en las dictaduras militares en esta región que mantuvieron férreas medidas para impedir que la población rural migrara hacia las ciudades. Aquí, tuvimos la política de control migratorio de Trujillo. Entonces, las ciudades de los países pobres crecían lentamente, pero con el final de las formas represivas de dominación política se inicia un acelerado proceso de crecimiento de las ciudades en estos países, signado por el flujo de población rural que va a las ciudades buscando los servicios e integración social que le niega el campo.
La pobreza del campo expulsa gran parte de su población hacia las ciudades, pero la lógica de la producción de espacio y riqueza de éstas la expulsa hacia sus periferias, negándole su derecho a la ciudad. Es un fenómeno mundial que crea ciudades y municipios con vastas zonas degradas, con incremento de la informalidad, con una vida cotidiana signada por inseguridad, violencia y criminalidad. Eso describe el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, entre otras, con sus zonas hiperdegradadas por el cambio de uso de suelo sin control y la acción desenfrenada del capital, que expulsa la población de sus barrios tradicionales, céntricos y pericentrales.
El caso del Distrito Nacional, es único y quizás el más complejo. Es la capital del país y la mayoría de sus barrios que rodean su centro histórico conocen un preocupante proceso de pérdida de su población y de degradación física/ambiental. Poseen cerca del 30% de su territorio en el cual vive malamente con cerca del 70% de su población. Un cambio desenfrenado de uso de suelo ha determinado que la antigua vocación residencial de esos barrios en algunas de sus áreas sea casi exclusivamente de vocación comercial, algo que es contrario al ideal de que las áreas urbanas combinen las vocaciones residenciales/comercial que permiten que la vida y la cotidianidad urbana discurran mejor.
La regeneración de esas zonas es de capital importancia para la economía urbana del DN, es la única vía para que esta ciudad logre suelo urbano para proyectos de viviendas para la población de recursos bajos y medios, que eviten le sostenido proceso de degradación de la mayor parte de su territorio y la sostenida migración de la población del DN hacia los municipios que la rodean. Enfrentar este tema no incumbe sólo al ayuntamiento, incumbe también al gobierno central, pues la regeneración de la casi tercera parte del DN requiere de recursos materiales y humanos que el ayuntamiento no posee. La limpieza de cañadas y del Ozama, algunas acciones de carácter puntal/asistencial son importantes, pero insuficientes para detener la degradación de esos espacios.
La retórica, ni el mero cumplimiento de las normativas del inefectivo marco competencial de los ayuntamientos cambian ese drama. Este se cambia con políticas urbanas que pongan freno a la especulación edilicia, que controlen la construcción de edificios de grandes superficies (mall) en los centros de las ciudades, por ser factor de congestionamiento vial, y que, además, junto al gobierno central, asuma los compromisos contraídos por este país en la Tercera Cumbre de Hábitat Internacional, Quito 2018, que establece que la relación urbano rural, el acceso al suelo y vivienda constituyen la base del desarrollo nacional y de ciudades sostenibles.
Son cuestiones nodales, entre otras, cuyo espíritu debería reflejarse en los programas municipales.