“No por ello dejarán de experimentar que los hombres se procuran con mucho mayor facilidad lo que necesitan mediante la ayuda mutua y que solo uniendo sus fuerzas pueden evitar los peligros que los amenazan por todas partes”. –Baruch Spinoza-.
El Estado, en su infinita función de regular la convivencia de los ciudadanos, brindar protección y seguridad, así como, garantizar el fiel cumplimento de los requerimientos normativos que vierten sobre su estatuto general, las disposiciones establecidas para la incorporación de derechos que permitan al individuo, en su condición de hombre colectivo, disfrutar de forma plena, esas prerrogativas. Otorga a los municipios la capacidad de brindar y promover el bienestar social y económico de sus habitantes.
Los ayuntamientos, instituciones de carácter administrativo con capacidad legal para instituir mediante los mecanismos establecidos previamente en la Constitución y la ley orgánica. Por ello, están en la obligación de crear las condiciones para satisfacer, con la ejecución de políticas públicas, las aspiraciones humanas y producir la mitigación de las carencias surgidas en el conjunto social. Instaurando factores adecuados con el fin de mejorar sustancialmente la vida de estos a partir de la inversión de recursos humanos y económicos con dirección a la búsqueda del bien común.
En esa búsqueda, de carácter permanente, han de procurar la adquisición de elementos cohesionadores en los que prevalezca el germen de la colaboración, la integración del conjunto social tutelado y la conexión armónica entre las necesidades previamente identificadas y la aplicación del poder en función de la medidas adoptadas por vía de la autoridad delegada. Reconociendo, el valor surgido de la unidad de los grupos componentes de los espacios vitales y actuando apegado a los criterios que beneficien al mayor números de personas posibles.
De ahí, supongo, el empeño del Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial Luis Abinader, de elaborar un protocolo que permita dentro del marco de aplicación de cada demarcación, por aquello de las peculiaridades características, culturales y socioeconómicas de los municipios, un plan de ejecución pensado en el cumplimiento riguroso de los parámetros legales, morales y éticos advertidos en las normas de la administración pública para la realización de labores municipales con estricto apego a sus lineamientos filosóficos.
Con esto, envía a la población las señales necesarias, de que, desde el régimen de Estado a partir de un gobierno perremeísta, se persigue la visión integral de la administración de la cosa pública, con cimientos en la inclusión de los estamentos estatales para la argumentación y posterior puesta en marcha de proyectos destinados a producir mejoras sustanciales a los hijos de Duarte y Luperón. Y, despeja cualquier duda fundamentada en el pasado, sobre la capacidad gerencial y el enfoque práctico de su dirigencia, marcada desde ya con la fe que genera en el político la vocación de servir a los demás.
Se cristaliza el sueño del más importante mentor de la organización, quien abogó en vida por un poder municipal más robusto, por la articulación presupuestaria de cara a la descentralización y hacer del aparato municipal el mejor aliado del pueblo. Esas acciones, sin dudas, enseñan a otros partidos, como dice Elsa Saint-Amand Vallejo, “la conveniencia de compartir, de modo que los bienes puedan ser adquiridos de manera colectiva, en el marco de una filosofía de respeto por las diferencias”.