Las fabulas que crean los “noms de plume” de los intereses de las AFP en el país, inventan cada semana una historia nueva. De hecho, ante el éxito de la campaña por una Seguridad Social Digna, es claro que las AFP y su asociación se han lanzado a una enorme campaña publicitaria y a la contratación de los autores de siempre en la defensa del orden neoliberal. La primera fabula consiste en que cambiar el sistema de capitalización individual, y en particular devolver una proporción determinada de los ahorros forzados con casi 20 años de existencia, era “dar un golpe de Estado macroeconómico” al Presidente de la República, Luis Abinader.  Ahora es que cambiar el sistema llamado de capitalización individual, que sería mas apropiado llamar, capitalización bancaria contra los intereses de los ahorrantes individuales forzados, es imposible, debido a que el país tiene apenas un 14% de presión fiscal.

En primer lugar, el sistema solidario intergeneracional de pensiones, llamado también de reparto, se financia principalmente por los aportes de los trabajadores en activo, que con dichas aportaciones engrosan la alcancía de las pensiones o fondo común. De hecho, debido a lo que se llama “bono demográfico”, es decir la enorme cantidad de población joven trabajadora que hay en el país, esa alcancía, será superavitaria por muchas décadas, tendrá mas aportes que pagos de pensiones y el ahorro nacional creado será mayor que los pagos de pensiones a los envejecientes. La República Dominicana pasó de 4 millones de habitantes en 1970 a unos 11 millones en 2020 y por tanto tiene una alta proporción de población joven. Y la proyección de crecimiento económico y crecimiento poblacional es también alta. Agreguemos la enorme masa de trabajadores jóvenes migrantes que integra la Fuerza de Trabajo, y que con su formalización también contribuiría a crear una fuerte base contributiva. Además, al transformase el sistema de pensiones y de seguridad social de un sistema privado, en un sistema público, inmediatamente la presión fiscal aumentará entre dos y tres por ciento del PIB ya que esos aportes sí pueden considerarse parte de la presión fiscal. Es decir, aceptando que hoy es un 14%, podría subir a 16 o 17%. Una de las ideas manejadas en el país por los neoliberales es que los aportes obligatorios de los asalariados a la Tesorería de la Seguridad, era parte de presión fiscal, situación absurda cuando esas cotizaciones son aportadas a fondos privados.  Igualmente, el sistema solidario intergeneracional, será el mas fuerte estimulo a la formalización de la población trabajadora, ya que de su formalización dependerá el disfrute de la pensión digna a partir de la edad de retiro, que podría estar entre 63 y 65 años.

¿Cual es el principio del sistema de pensiones de solidaridad intergeneracional o reparto? Primero, es un sistema único y público, de beneficios definidos y aportes definidos. Hoy los privatizadores dicen que con un 10% de aportes para pensiones “no da, o no es suficiente”. Que hay que subir la edad de jubilación y el porcentaje de aportes. De 10% actual, a 14 o 15%. La masa salarial del sector formal actual, según las cifras del Banco Central al primer trimestre de 2021, de la Población Económicamente Activa (PEA) es de 1.755.686 personas y según datos nacionales de la misma fuente hablan de un sector informal de 51.5% de la PEA, de unos 2.544.714. ¿Cuántos informales de hoy se formalizarían al saber de los beneficios de un sistema reparto que asegure su ingreso al momento del retiro? No se pueden decir cifras concretas, pero el estimulo será muy alto. Además hay que incluir en la ecuación los mas de 700.000  millones de pesos que tienen depositados a esta fecha las AFP, que deben pasar a la gestión de la Caja Única de Pensiones, de titularidad pública, totalmente transparente y profesional, sin intervención de ningún tipo de los gobiernos del Estado.

Habría que instituir como en muchos países de América Latina una Pensión Básica Universal o Pensión Solidaria, no contributiva, para el 100% de los retirados, viudas, discapacitados hoy desamparados, entre otros, con aportes o no, equivalente a un Salario Mínimo Nacional Unificado. También llamada Pensión Universal en Argentina, Renta Dignidad en Bolivia, Pensión Universal en Guyana, Pensiones no contributivas por vejez o invalidez en Uruguay, o Régimen no contributivo por monto básico en Costa Rica, entre algunos países de la región. Este pilar del sistema dominicano debería ser financiado por el Estado, y tendría en las condiciones actuales un monto básico de 21.000 pesos, asumiendo ese monto como Salario Mínimo Nacional Unificado.

El siguiente pilar seria financiado por los trabajadores en activo, los empleadores y el Estado, a un fondo común, la Caja Dominicana de Pensiones, para pagar la pensiones de los ya retirados, por edad o por algún tipo especial de condición como viudez o incapacidad. Este es el verdadero pilar de reparto, universal y obligatorio. No es opcional cotizar o no a este pilar, y a diferencia del primer pilar, y es la base fundamental del cambio necesario. El monto de la pensión debe ser definida en los cálculos actuariales, pero nunca menor a 70% del último salario. Es muy importante que la gestión de esos fondos sea totalmente independiente del gobierno de turno, totalmente transparente,  y sin ningún tipo de favoritismo. El siguiente video, de Virginia Antares, explica de forma sencilla y clara las características de estos sistemas (https://www.youtube.com/watch?v=NiXFutntcXw&t=195s)

Finalmente, la reforma del sistema de seguridad social dominicana debe incluir, de forma opcional, voluntaria y privada, la existencia de fondos de administración de aportes pensionales, en la cual los trabajadores si podrán hacer aportes particulares para incrementar sus ingresos al momento del retiro. Estas son la cuentas de capitalización individual, pero nunca como obligadas, sino como opcionales y  de decisión privada e individual de cada asalariado o ciudadano independiente. Esto es como el famoso libro de Eduardo Galeano, El Mundo al Revés, poner como el sistema obligatorio, lo que debe ser una decisión completamente individual y personal.

Uno de los absurdos del razonamiento de lo pequeño del PIB y por tanto la supuesta imposibilidad del sistema de reparto de carácter público en nuestros país, es el sistema educativo. ¿Por qué entonces se justifica la existencia de un sistema educativo público, universal, gratis y de carácter obligatorio en la educación nacional? ¿No debería por tanto privatizarse también la educación de esos millones de niños y adolescentes ya que el país no puede dedicar un porcentaje tan alto al “gasto en educación”? Idéntico razonamiento debería hacerse con el sistema sanitario público. ¿Por cuál razón tiene el Estado que ofertar servicios sanitarios a la mayoría de la población? El Estado es muy pobre. Y por tanto debería dejarle dicha actividad a los proveedores privados de salud. Cuando quiere justificarse algo para beneficio de sus detentadores, aparecen todos los “escribidores y escribanos” para justificar el mayor de los asaltos públicos de la historia dominicana.