Por múltiples razones en nuestro país existen sectores y personas que entienden que la ley no les puede ser aplicada, a quienes nuestras autoridades han malacostumbrado a pensar que no importa lo que hicieren, estarán protegidas por el manto de la impunidad.
Con el paso del tiempo es cada vez más numeroso ese grupo, unos porque detentan algún nivel de poder, otros porque han sabido utilizar muy bien el chantaje y algunos porque hartos de ver como muchos políticos se reparten los bienes públicos sin ninguna consecuencia, han caído en el error de emularlos, apropiándose ellos también de una parte.
El hecho de que un grupo de sindicalistas de choferes de Boca Chica impidiera llegar a su destino a un minibús contratado por un colegio de esa comunidad para llevar a sus estudiantes a la Feria del Libro, el cual ha provocado un justificado escándalo en nuestra sociedad, es gravísimo.
Pero esas sanciones solo podrán tener un verdadero efecto ejemplarizante en la medida que no sean hechos aislados sino que respondan a una clara voluntad de hacer respetar la ley por todos
Sin embargo no se trata de algo nuevo, sino simplemente lo mismo que acontece a diario desde hace décadas porque las autoridades han permitido a los empresarios del transporte escudados bajo un injustificado fuero sindical tener un ilegal monopolio que imponen a la fuerza, así sea desmontando pasajeros sean estos niños o turistas, bloqueando rutas, ejerciendo acciones vandálicas, profiriendo amenazas de todo tipo y reteniendo ilegalmente unidades de transporte.
De esa forma mantienen un anacrónico, ineficiente, desorganizado, inseguro y costoso sistema de transporte de pasajeros y de cargas, apoyados por un liderazgo político que de manera irresponsable les ha otorgado una licencia total para hacer los que les venga en ganas, así sea amenazar con prender en fuego.
Algo similar ha ocurrido con los invasores de terrenos, quienes por años se han cobijado en la desidia e irresponsabilidad del Estado que en vez de hacer respetar el fundamental derecho de propiedad, ha tolerado estas ilegales ocupaciones y no ha querido utilizar su autoridad para ponerles fin; lo que también se ha expandido y ya no solo afecta terrenos de particulares o del Estado sino áreas protegidas, como son nuestros parques nacionales.
Como responsablemente ha denunciado el Consejo de Co-Gestión del Parque Nacional de Valle Nuevo en un comunicado público, el mayor causante de los incendios forestales que están destruyendo nuestra foresta son “las ocupaciones ilegales de esos espacios protegidos por personas que talan sus bosques para la extracción de sus maderas y para dedicarlos posteriormente a la agricultura”, violando todas las normativas vigentes.
Ambos hechos están siendo investigados, con presuntos responsables identificados y se espera que nuestro sistema de justicia sea capaz de sancionarlos con las penas correspondientes, sin ceder ante las defensas que ya han salido y que saldrán a su favor.
Pero esas sanciones solo podrán tener un verdadero efecto ejemplarizante en la medida que no sean hechos aislados sino que respondan a una clara voluntad de hacer respetar la ley por todos, para que esos y otros mal acostumbrados a imponerse a la fuerza y a no respetar ninguna ley, comiencen a percibir que las autoridades están dispuestas a hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como a sancionar a quienes las violen.
Para que esto ocurriera haría falta que se haga lo que nunca se ha hecho, menos politiquería y más institucionalidad; lo que lamentablemente en el clima político actual parecería difícil.