"Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder
siente inclinación a abusar de él,
yendo hasta donde encuentra límites"
Montesquieu
Una vez más se ha elegido por evitar la construcción de una institucionalidad nueva y que asegure el avance democrático. Siempre parecerá mejor confiar en la buena disposición de la autoridad y en su capacidad ilimitada de elegir lo exacto, lo preciso, lo necesario y luego celebrarlo. Es imposible negar que la idea de la reforma constitucional que expresó hace unas semanas el nuevo Consultor Jurídico tenía que ver con el nombramiento del procurador o la procuradora, pues necesariamente debían haber concluido que con la Constitución actual no era posible conseguir lo que se había ofrecido, el camino estaba trazado en otra dirección pues quien debía nombrar era el presidente y por decreto. El entusiasmo era grande, pero nunca tanto como para cumplirlo en el marco de una nueva institucionalidad.
Así las cosas, el tema se tomó la “agenda” de medios y una campaña francamente peligrosa pues sus promotores están fuera de la institucionalidad y actúan como grupos de presión inspirados por la ideología que promueven los Estados Unidos para el problema de la corrupción. Sobre esto y para no entrar en detalles aquí recomiendo la lectura de este articulo publicado ayer en Acento: (https://acento.com.do/opinion/el-lado-oscuro-de-la-lucha-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad-2-de-3-8850255.html ) y revisar el libro “OJOS VENDADOS” “Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina” del periodista Andrés Oppenheimer a quién nadie podría acusar de ser reportero del Granma.
Los nombramientos en la Procuraduría General de la República (PGR) se hicieron según el “librito”, igual que las designaciones de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Podrán “los que hacen política fuera de los partidos” destacar los méritos y las biografías de las seleccionadas para ocultar lo evidente, pero si queremos hablar en serio es demasiado básico centrarnos en las bondades de las seleccionadas por una decisión política, pues nadie bien intencionado puede creer que en este país repleto de gente buena exista sólo una o dos personas con los méritos para ejercer las funciones que se comentan. Montesquieu -por la separación de los poderes- no dejó una sola letra donde afirme que la independencia de los poderes descansa sobre las cualidades de quienes ejercen determinadas funciones. Lo primero, si se quiere tener un diálogo es despersonalizar la decisión y despersonalizar a los cargos en cuestión. Eso es lo que llamamos institucionalidad.
La institucionalidad nos permite tener certezas acerca de cómo la misma decisión se tomará en el futuro y como han ido las cosas nada asegura que el próximo presidente, incluso el mismo presidente si se ve obligado por las circunstancias hará los nombramientos con el mismo discernimiento.
Los abogados corporativos y litigantes se han ido a extremos que ya no llaman la atención. Decir que el presidente “Escuchó los latidos del corazón de la ciudadanía respecto al tema de la designación de la PGR” es darle soberanía a la “agenda setting” y transformarse en protagonistas de la decisión soberana, legal e institucional del presidente. Espero que nadie defienda lo actuado como expresión de una especie de democracia directa, que no existe aquí ni en ninguna parte.
Fue la situación política y las convicciones de los actores las que impidieron el único camino posible para que el poder judicial y la Procuraduría sean poderes independientes del poder ejecutivo y del poder legislativo mediante una reforma constitucional, que en mi opinión hace imperativo la eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La incompatibilidad de ese órgano con la independencia del poder judicial se ha hecho ya un asunto delicado y evidente con la novedad del tránsito de legisladores de un partido a otro con posibles consecuencias en la conformación de los bloques que deben estar representados en el CNM.
No parece difícil que el Procurador o Procuradora se eligiera de manera que fuera el resultado del acuerdo de autoridades de los tres poderes con modalidades que pueden conocerse de otras experiencias y cuyo titular sea inamovible hasta el cumplimiento de su período y no pueda ser nombrado nuevamente.
¿Por qué no puede ser elegido el o la Procuradora por un concurso público convocado por la Suprema Corte y que ésta proponga al presidente de la República una terna (los tres mejor calificados en el concurso) y que el presidente deba enviar un nombre de entre esos tres al senado y este deba aprobarlo con una mayoría calificada de dos tercios?
¿Por qué no una forma más o menos similar para los demás jueces cuya designación está en manos del CNM?
Especialmente delicado para la independencia de la Suprema Corte es que el CNM elija al presidente de ese alto tribunal.
¿Por qué no permitir que los jueces de la Suprema Corte sean quienes seleccionen a su presidente o presidenta?
No es difícil idear los procedimientos y se deben estudiar experiencias comparadas, lo que parece ser indiscutible que por ahí va el camino de una justicia independiente, reforma constitucional mediante. Nadie puede olvidar que los procedimientos actualmente en uso son el resultado del tristemente recordado “Pacto de las corbatas azules”, de paso puede ser un ejercicio útil recordar también donde están hoy los portadores de las corbatas.
La fragilidad institucional ha quedado en evidencia, la capacidad de “escuchar los latidos del corazón de la ciudadanía” no puede ser parte de la construcción institucional democrática, cuenten ahora que si el presidente, por las razones que sean, entre ellas que no puede renunciar a sus prerrogativas de primera autoridad del Estado, decide remover a la Procuradora, deberá tener todo el apoyo y reconocimiento por el ejercicio de sus obligaciones. Será una decisión tan política como ha sido su nombramiento.
Cuando se reúna el próximo CNM, van a aparecer nuevamente los grupos de presión que llegaron en oportunidades pasadas a cuestionar al presidente Medina porque no era abogado, ahora será presidente del CNM un economista y con seguridad intentarán participar como poder fáctico en la elección de los jueces que fallarán sus litigios judiciales corporativos.
Respecto a este tema hace un tiempo cité al ahora diputado José Horacio Rodríguez Grullón: “El ejercicio genuino de la política es incompatible con el ejercicio privado del derecho. La Política requiere de la defensa de intereses colectivos, mientras los abogados se dedican a la tarea profesional de proteger intereses privados. El conflicto de intereses es muy evidente para quien pretende hacer carrera política al mismo tiempo que decide ejercer la profesión de abogado.”
Si, falta de independencia de poderes, falta de institucionalidad a niveles que nadie sabe hoy cómo quedará formado el CNM a pesar que las elecciones fueron el 5 de julio. ¿Alguien puede justificar esto que no se puede negar?