Posiblemente la única de las conquistas democráticas que quedaron plasmadas en la reforma constitucional del 1994 que todavía no ha sido suprimida por medio de las múltiples contrarreformas que han sobrevenido después, es la separación en el tiempo de las elecciones municipales de las presidenciales.
Probablemente los mas jóvenes desconozcan una parte de la historia. En ese año se presentó una aguda crisis política, derivada de que se falsificó el padrón electoral con el que se votó en muchos lugares, con el fin de impedir que votaran ciudadanos conocidos por su militancia en el principal partido opositor.
Después de meses de una gran incertidumbre, se pactó convocar a nuevas elecciones dos años después y, como para ello había que modificar la Constitución, se aprovechó para introducir una serie de conquistas democráticas por las cuales gran parte de la sociedad dominicana venía luchando por décadas, tras largos años de dictadura o semi democracia. Una de ellas fue la separación de las elecciones.
Voy ahora a tratar de explicarles la razón por la cual me he opuesto a que vuelvan a juntarse, lo que aparentemente ocasionó mi destitución como ministro.
Voy ahora a tratar de explicarles la razón por la cual me he opuesto a que vuelvan a juntarse, lo que aparentemente ocasionó mi destitución como ministro.
En los países con democracia más avanzada, suele haber una repartición más equilibrada de las atribuciones, el poder y los recursos entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales (u otro tipo de gobiernos subnacionales); es decir, son estados más descentralizados. Esto permite satisfacer de manera más fehaciente las necesidades sociales, un ejercicio más pleno de la democracia y un uso más racional de los recursos públicos, pues los gobiernos locales están más cerca de sus ciudadanos, conocen más sus necesidades y expectativas y están más vigilados sobre cómo se comportan. Por tanto, más comprometidos a rendir cuentas.
El dominicano es uno de los estados más centralizados del mundo. Fuera del precario gasto público que caracteriza el país debido a la baja carga tributaria, cuando lo vemos a nivel municipal no llega ni al 0.5 por ciento del PIB entre todos los municipios juntos. Con eso es muy poco de los problemas de las comunidades que se pueden resolver, por lo cual los ciudadanos se ven obligados a clamar hacia el poder central para resolver hasta las más nimias de sus necesidades comunitarias, como desaguar un charco, reparar una calle o disponer en qué vía debe fluir el tránsito.
Y si las cosas ocurren así, los ciudadanos esperan muy poco de sus autoridades locales y las eligen sin mucho miramiento. Siempre he sido un ardiente partidario de que el país avance hacia un Estado más descentralizado, y para eso se necesita insistir en el fortalecimiento del régimen municipal y su capacidad para proveer bienes y servicios a sus comunidades.
El Dr. Castaños y los demás miembros de la JCE deberían demostrarle al país que los tiempos de Roberto Rosario ya pasaron, y con ello, la costumbre de malgastar el dinero de los contribuyentes.
Si los alcaldes y directores de distritos municipales se eligen simultáneamente con el presidente de la República, entonces toda la atención ciudadana se centra en la figura del candidato a presidente, y la lealtad partidaria hace que esta figura arrastre consigo cualquier candidato malo, colándose en el proceso autoridades municipales de muy cuestionable calidad. No decimos que eso no haya ocurrido en el pasado, pero cada vez en menor proporción, pues conozco infinidad de alcaldes que, en medio de la precariedad, se desvelan por satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.
La excusa de que resulta muy costoso mantener elecciones separadas me parece inadmisible. Primero, porque los costos de la democracia hay que pagarlos. Pero lo segundo es que no hay razón aceptable que justifique gastar tanto dinero en unas elecciones. Porque si fuera así, cómo se harían en Suiza, país donde los ciudadanos van a votar varias veces al año, todos los años.
Los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia, no poniéndole límites. Y mientras más costoso es un régimen electoral, menos democrático es.
Según un estudio del Proyecto Ace de la Red de Conocimientos Electorales, auspiciada por Naciones Unidas y otros organismos (http://aceproyect.org/ace-es/focus/fo_core) “Existen diferencias significativas de costo entre las elecciones rutinarias en democracias establecidas, las celebradas en democracias en transición, y las llevadas a cabo durante operaciones especiales para el mantenimiento de la paz. En países con experiencia democrática multipartidista, las elecciones son consistentemente menos costosas que aquellas de países en donde unas elecciones constituyen una nueva empresa. Esta tendencia trasciende regiones, niveles de desarrollo económico, y aun las interrupciones de las prácticas electorales causadas por razones militares. Bajos costos electorales, aproximadamente de 1 a 3 dólares por elector, tienden a manifestarse en países con una larga experiencia electoral: los Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental; Chile ($1.2), Costa Rica ($1.8) y Brasil ($2.3) en América Latina…”
La República Dominicana tiene mas de medio siglo organizando elecciones; no tiene que construir registro electoral, no tiene que construir instituciones nuevas. ¿Por qué gastar tanto en las elecciones? El Dr. Castaños y los demás miembros de la JCE deberían demostrarle al país que los tiempos de Roberto Rosario ya pasaron, y con ello, la costumbre de malgastar el dinero de los contribuyentes.
Sólo para el 2020, y que conste, que antes de iniciarse ese año ya se habrá gastado una parte considerable del costo, la JCE está pidiendo mas que lo establecido en el presupuesto de España para 2019, un país con el triple de electores y con una economía veinte veces la dominicana. Y con eso se da dinero a los partidos, ya van unas elecciones nacionales, unas autonómicas y unas europeas, quedando pendiente con casi total seguridad unas nuevas elecciones nacionales.
Invito a los lectores a investigar y descubrirán que con menos de 300 millones de dólares se organizan elecciones en cualquier país del mundo, por grande que sea, siempre que tenga tradición electoral. Los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia, no poniéndole límites. Y mientras más costoso es un régimen electoral, menos democrático es.