Pocos días después de ser evacuada la aberrante sentencia 168/13 del TC, el presidente Medina expresó su preocupación por las consecuencias que esta pudieran tener para las personas que serían afectadas por ese fallo. Casi simultáneamente, el ex presidente Fernández expresaba su inquietud por el carácter retroactivo que este podría tener. Pero ninguno de  los dos tuvo la responsabilidad de actuar de acuerdo a sus preocupaciones.

El uno como el otro, conocían el contenido de ese adefesio jurídico antes de ser evacuado por el TC. Y  muchos se preguntan: cómo es que siendo conocedores de las inevitables consecuencias del fallo, sobre todo en el plano internacional, no buscaron la forma de encontrar una salida negociada con sus principales propiciadores para limitar los alcances de ese dictamen.

No creo que favorecieron la medida del TC porque la misma excluiría del padrón electoral a eventuales electores con las características de los afectados por la sentencia, tampoco porque estuvieran convencidos de que la misma constituye la "solución definitiva" al tema de la migración haitiana en nuestro país. Esto último sólo lo cree el núcleo duro del conservadurismo de mentalidad ultraderechista, racista y xenófoba, algunos alucinados y gente que no es ni lo uno ni lo otro, pero sí presa del delirio anti haitiano y del miedo, sin que falten bocinas bien pagadas o gente que vive de la extorsión en los medios de comunicación.

Así como se ha demostrado que quienes han dirigido el Estado Dominicano durante décadas son los principales causantes del descontrolado flujo migratorio de mano de obra haitiana hacia este país, actualmente podemos decir que los responsables de que en estos momentos penda sobre nosotros una inminente sanción que empeñará nuestra imagen en todo el mundo, son los dos principales líderes del partido de gobierno, porque no calibraron los alcances de una medida jurídica que por su naturaleza inhumana provocaría un contundente rechazo de los países vecinos.

No calibraron, sobre todo el Presidente, que similar sentencia no podía pasar desapercibida en una región particularmente sensible a los temas migratorios y étnicos, donde existe un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya nos había sancionado por negar los derechos a una nacional dominicana de origen haitiano.

No lo hicieron, porque a ambos les falta sentido de responsabilidad y de coraje político, porque pensaron que el revuelo causado por la sentencia duraría poco, porque se apoyan en sectores del pensamiento conservador clérigo/trujillista, con el cual sellaron alianza en 1996, a los que les sirven y de los que se sirven.

Esos sectores han arrastrado al presente gobierno y al país hacia un atolladero, del cual la única manera de salir es aceptando el carácter inviable de la sentencia del TC, aviniéndose al diálogo y al respeto de los derechos adquiridos por los dominicanos de ascendencia haitiana.

Al gobierno le llegó la hora de las negociaciones, para conducirlas con éxitos se requiere seriedad, transparencia y responsabilidad, algo que le ha faltado en este tema. El debate sobre los alcances e intenciones de la sentencia TC168/13 seguirá, independientemente de los resultados de esas negociaciones.  Cualquier intento de despojar de su nacionalidad a centenares de miles de ser humana, a través de una sentencia de un alto tribunal genera una tensión y una discusión que durará mucho tiempo y para eso deberá estar preparado el liderazgo político del país en cuestión.

Es un debate que marcará para siempre este país y eso debemos saberlo todos. En tal sentido, debemos estar preparados para participar del mismo con sentido de responsabilidad, entereza y espíritu de entendimiento. En ese debate, quienes realmente estamos en ánimo de que el mismo no se produzca una tragedia  tenemos la mayor responsabilidad de aportar ideas e iniciativas tendentes a que se canalice bien y de los mejores frutos.