El vergonzoso enfrentamiento entre el procurador y la magistrada Miriam Germán ha tenido, entre sus efectos colaterales, el de llamar la atención sobre los pinches telefónicos, que revelan un lado turbio de la justicia y de la vida del país con el uso de técnicas intrusivas de investigación.
En cualquier parte del mundo, pinches hay y pinches siempre hubo, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, estipula que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. En la República Dominicana, el artículo 44 de la Constitución establece el derecho a la intimidad y al honor personal.
Mi experiencia de los pinches se inició hace más de 45 años en la República Dominicana. Fue una experiencia empírica. Descubrí este mundo y submundo totalmente novedoso para la joven francesa que desembarcaba en una nueva patria.
Desde este momento el “pinchismo” ha sido parte de mi panorama de la “democracia” dominicana. Me trataron de inculcar una cultura que he sido incapaz de adoptar y en la cual no se dice nada realmente importante por teléfono.
He conocido épocas que hasta para darse citas, respetables ciudadanos de hoy se hablaban en código y utilizaban apodos para referirse a ellos mismos o a terceras personas.
Por razones personales hice un viaje con mi esposo a la Polonia comunista en el año 1978. Un día, de repente, mi esposo que manejaba un carro de alquiler en un pueblito me dijo que la policía nos seguía. Mi reacción inmediata fue de burla. ¡Imposible! -le dije- te sale el antitrujillista o el izquierdista perseguido.
Pero era cierto, la policía nos estaba siguiendo y nos arrestó en el café donde nos paramos según el criterio de que “es mejor ser arrestado en un espacio público”. Me enteré en esta ocasión que mi propio marido nunca salía de su casa o de un lugar sin asegurarse que no lo estaban siguiendo.
Les tranquilizo. Después de un interrogatorio de dos horas donde tuve que explicar que hacían, en medio de la Polonia profunda, una francesa y un dominicano con un visado sobre un papel suelto (estaba prohibido en tiempos de Balaguer “visitar los países de la órbita soviética”, por lo que no se podía sellar la visa de uno de estos países en el pasaporte dominicano), tomando bajo una lluvia torrencial fotos de un kombinat, considerado como un objetivo estratégico, el comisario de policía guardó el rollo de película objeto de la suspicacia y nos dejó ir después de comprobar que esta fábrica había sido propiedad de mi abuelo. Con esta experiencia entendí cómo se interiorizan los vejámenes de una dictadura.
No podemos negar que el trujillismo dejó las secuelas del “caliesaje” fuertemente impresas en la mente de quienes vivieron la tiranía, independientemente del lado de la barrera en que se encontrasen, víctimas y victimarios emburujados, y que muchos de sus métodos sobrevivieron después de la caída del dictador.
La semana pasada nos enteramos que en nuestra pequeña media isla ya no existía el caliesaje y que el DNI opera con el apoyo de 15,000 “informantes” voluntarios apoyados por dos mil profesionales retribuidos, para prevenir las amenazas a la seguridad nacional.
Sin embargo, en América Latina -y más allá- las escuchas ilegales o “pinches telefónicos” se realizan a veces en franca violación a pactos que los países han asumido, por lo que ni presidentes, ni funcionarios, tampoco personas influyentes de la sociedad, han escapado a esta persecución.
Las técnicas intrusivas y los métodos encubiertos de investigación por agentes del Estado se justifican cuando se efectúan respecto a grupos criminales poderosos, con elevados niveles de organización y desplazamiento, y experiencia en eliminar “pruebas” o “rastros” de sus actuaciones ilícitas; acciones terroristas; en materia de delitos de pornografía infantil y prostitución infantil.
¿Se justifican acciones de este tipo en el caso de Miriam Germán? Claro que no. Para agravar la situación, como se observa en el caso de esta magistrada, los ejecutores de estas operaciones ilegales tratan de cubrirlas disfrazándolas de interceptaciones telefónicas legales mediante la falsificación de los nombres de las personas sobre las que se ejerce el fisgoneo.
Me gustaría creer que, como lo afirma el director del DNI, que a causa de los cambios en las comunicaciones y los altos costos de las nuevas tecnologías ya no existen en el país los pinches privados realizados por personas conocidas que se dedicaban a este jueguito y a vender sus costosos servicios al propio gobierno o a políticos y empresarios, que se podían permitir pagar cuantiosas sumas que circulaban seguramente sin pagar ningún tipo de impuestos.