Aunque la fecha tuvo que ser pospuesta, finalmente estamos a días de que se celebren las elecciones convocadas para el domingo 5 de julio y afortunadamente a pesar de la crisis sanitaria se pudo lograr la autorización de celebrarlas en distintos países del extranjero en los que reside nuestra diáspora. Su celebración irremisiblemente coincidirá con el virus, y eso no lo podemos variar, pero sí hay muchas otras cosas que podemos hacer para tratar de que el proceso pueda celebrarse con el mayor respeto posible del protocolo sanitario de forma que se provoque el menor número posible de contagios y, para tratar de evitar situaciones conflictivas que infecten su legitimidad y dañen nuestra democracia.
Probablemente a estas alturas no vamos a poder conseguir que la JCE ejecute los mandatos de la Constitución y la ley electoral sobre la equidad, ni de fiscalización de gastos previstos por la ley de partidos, por eso debemos concentrarnos en reclamar el cumplimiento de todo lo necesario para garantizar la debida organización de las venideras elecciones y una eventual segunda ronda, prevenir la comisión de delitos electorales en los recintos y sus inmediaciones y la transparencia del cómputo electoral.
Los partidos deben entender que, así como tienen el derecho de recurrir ante el Tribunal Superior Electoral para cuestionar la legalidad de decisiones emanadas de la JCE, como es el caso de la presencia de delegados, también deben aceptar que disposiciones contenidas en la ley como es el horario de votación deben ser respetadas por la Junta. Lo sensato debe ser que los partidos que en su mayoría concurren aliados tanto a nivel presidencial como congresual, lleguen a acuerdos dentro de sus respectivas alianzas para hacer que la participación de sus delegados en las mesas sea la mejor razonablemente posible, lo que no necesariamente es cuestión de número sino de calidad.
La JCE debe impartir instrucciones precisas a la policía electoral para supervisar que no permanezcan electores en los recintos luego de ejercer el voto, así como a los funcionarios de mesas y los delegados, para que haya estricto control de que solo los votantes en fila al momento del cierre de la votación puedan continuar votando, e insistir con el llamado a la población de ejercer su voto dentro del horario programado.
La “maquinaria” que el partido oficial ha utilizado anteriormente para tratar de asegurar que sus simpatizantes acudan a votar será puesta en marcha, y la oposición intentará con menores recursos hacer lo mismo, acciones estas que están reñidas con la ley electoral pues incitar al voto está tipificado como delito.
Los ciudadanos debemos comprender que el voto es un derecho que debe ser ejercido con conciencia, que nada ni nadie puede obligarnos a ejercerlo de forma distinta a nuestra convicción, que delinque tanto el que intenta ponerle precio como el que lo pone en el mercado, y que el estado de nuestra democracia no solo es responsabilidad de las autoridades, sino que se construye con cada una de nuestras acciones.
Más que nunca se requiere sensatez de parte de los actores políticos para llevar los mensajes correctos a sus seguidores y no infectar la legitimidad de las elecciones con acciones delictivas que como bacterias oportunistas podrían tratar de aprovecharse de la vulnerabilidad de muchos en medio de las penurias económicas, de las autoridades electorales para dimensionar la importancia del reto y hacer lo imposible por cumplirlo satisfactoriamente y de los ciudadanos para asimilar que no solo se trata de exigir que las cosas se hagan bien, sino de contribuir para que así sea.
Todos debemos estar conscientes de que las circunstancias actuales exigen que cada uno de nuestros pasos se dé con pies de plomo, teniendo como norte lo que sea mejor para el país, aunque no necesariamente sea lo que quisiéramos, haciendo lo necesario por no generar más problemas de los que ya tenemos y por evitar a toda costa que, a la crisis sanitaria mundial y su crisis económica colateral, no se añada en nuestro país una indeseada crisis post electoral.