La columna de Marisol

Petro afección

Por Marisol Vicens Bello

Nadie puede negar la facultad soberana del Estado Dominicano así como de cualquier otro  de tener políticas migratorias y controlar sus fronteras.  Pero tampoco nadie puede negar que las decisiones de la autoridad tienen que estar apegadas a la legalidad, siendo uno de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna la no retroactividad de la ley.

El Estado Dominicano durante años descuidó la protección de su frontera y permitió que sus propios funcionarios promovieran sin consecuencias su permeabilidad.

Cuando el problema se hizo demasiado grande ha querido buscar soluciones para intentar cubrir su laxitud e irresponsabilidad, que tienen como pecado original no circunscribirse a remediar hacia futuro, pretendiendo como absurdamente han pretendido desconocer situaciones pasadas y derechos adquiridos.

No es cierto que la comunidad internacional completa esté en contra de la República Dominicana ni que esté urdiendo un plan, desde hace décadas, para aunarla con su vecina Haití.  Lo que sí es un hecho innegable es que con razón o sin ella muchas personas hicieron graves denuncias contra nuestro país por el supuesto injusto e inhumano tratamiento a los nacionales haitianos, que nueva vez nuestro Estado falló en atender y defender a tiempo, o actuar en consecuencia para corregir lo que fuere menester.

Es más cómodo pensar que todo el que rechaza determinada política, acción o decisión de nuestro Estado es un conspirador o enemigo  que detenerse a reflexionar sobre cada situación, analizar  si hay razón para los argumentos expuestos y demostrar con hechos lo que fuere injusta acusación o lo que estamos dispuestos a corregir.

Algunos entienden que en aras de la soberanía nacional cualquier acción está justificada y que tratándose de asuntos internos, nadie puede opinar, sin importar de lo que se trate, lo que es a todas luces un sinsentido, sobre todo en el mundo interconectado en que vivimos.

Lo más curioso es que a la hora de opinar, cualquier posición contraria a la que se tiene es declarada como atropello a la soberanía o sus exponentes son acusados de traidores o de inmiscuirse en asuntos internos que no les corresponden; a menos que aquellos que intervienen se les reconozca el “derecho” a hacerlo.

Es el caso con Venezuela y su conflictivo presidente Nicolás Maduro, país al cual nuestras autoridades han entendido que deben explicaciones sobre la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y al que han peregrinado más de una vez para no perder su “petro afección” y, que en adición a todo lo que se ha rumorado, de manera oficial y con foto incluida, nuestro Presidente le ha concedido la facultad de intervenir para promover una comisión para organizar una agenda bilateral de diálogo entre República Dominicana y Haití, que según se reseña incluirá la referida sentencia; comisón que  será observada por Venezuela, la ONU, la Unión Europea y el CARICOM.

Parecería que en el marco de la Cumbre del Alba y Petrocaribe la soberanía política pierde fuerza ante la dependencia económica del oro negro.  Y es que las cosas dependen del cristal con que se miren y lo que para algunos es burda injerencia en asuntos internos para otros es simple mediación.

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