Para nadie es un secreto que la corrupción ha sido siempre uno de nuestros principales lastres, así como también que la misma ha ido alcanzando niveles cada vez más altos y expandiendo sus tentáculos a más espacios.
Sin embargo durante años a pesar de que el país ocupaba los peores puestos mundiales en índices de corrupción la preocupación ciudadana por la misma no ocupaba el sitial principal que ya tiene, en parte por ignorancia de la gravedad de los hechos y de sus consecuencias, pero también por la frustración convertida en conformismo de que eso era una realidad inevitable.
Las redes sociales han revolucionado las comunicaciones y se han constituido en una ventana sin filtro a lo que sucede en todas partes del mundo, lo que ejerce una importante influencia en todas las sociedades.
Por eso el accionar de nuestras autoridades en relación con el escándalo de corrupción transnacional más grande que se ha dado en Latinoamérica, en el cual nuestro país ocupa un penoso lugar protagónico por más de una razón, está siendo constantemente contrastado por nuestra población con lo que está sucediendo en todos los demás países.
Ante la indignación e ira de buena parte de la sociedad que está hastiada de la impunidad y la corrupción y que ha decidido organizarse para reclamar el cese de las mismas, nuestro sistema judicial dio pasos en relación con la acusación penal, llegó a un acuerdo con la empresa imputada supuestamente para facilitar la acusación y dictó las medidas de coerción para de esa manera calmar la efervescencia.
Pero no se dieron cuenta que era muy riesgoso avanzar acciones para luego o no cumplirlas o dar pasos atrás como aconteció con las medidas de coerción, pues independientemente de los argumentos legales sobre la pertinencia o no de las medidas dictadas en un primer momento, la variación de las mismas conduce a pensar que las manos poderosas que han impedido hacer justicia en casos anteriores, también actuarán en este proceso.
Sería absurdo pretender que ante la gravedad de los hechos denunciados, el constante flujo de información sobre encarcelamientos y acusaciones realizados en los demás países del círculo de corrupción de la empresa ODEBRECHT y la existencia de un movimiento organizado de lucha anticorrupción que tiene más seguidores que los que caminan en sus marchas, podría suceder con este expediente acusatorio lo mismo que ha acontecido con otros en el pasado.
La falta de credibilidad en el sistema de justicia es generalizada, sus propios actores la recelan como expresó el Procurador General en ocasión del último fallo de este caso, así como la desconfianza en el expediente acusatorio presentado a la fecha, el cual se entiende que debe incluir a muchos más de los ahora encartados, ingredientes estos explosivos que no pueden ser tomados a la ligera, pues las consecuencias de que el final de este caso no sea el que se entiende justo, podrían ser extremas.
La total falta de confianza en el sistema judicial para afrontar los graves niveles de corrupción así como el convencimiento de que actores locales serían incapaces de tomar las decisiones necesarias, provocaron que en Guatemala la ONU creara la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la OEA en Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad.
Por eso sería altamente riesgoso que nuestras autoridades no dimensionen la magnitud del hartazgo y falta de credibilidad ciudadanos y no tomen conciencia de cuan peligroso sería que no actúen frente a este emblemático caso de corrupción garantizando que se imparta justicia, pues esto podría provocar un convencimiento generalizado de que solo actores extranjeros podrán enfrentar la corrupción y la impunidad que internamente somos incapaces de atacar, lo que entraña consecuencias sobre la gobernabilidad y la estabilidad que podríamos luego lamentar.