Durante los últimos tres meses la prensa de los poderosos y su canales de televisión han tenido un solo tema: lo relacionado con la permanencia en el poder de la corporación dominante (PLD-PRSC-PRD) a cualquier precio e inversión; desgraciadamente, con el dinero público. Eso lo han revestido y disfrazado con el tema de la reelección del actual presidente de la República. Pareciera, por otro lado, que los problemas del país hubiesen quedado atrás. Temas como la pobreza, la inseguridad, las negociaciones para mejorar el salario de los obreros, los altos niveles de endeudamiento público, el desastre de los servicios de los hospitales, los daños causados al ambiente por los incendios forestales y todo lo relacionado con el plan de regularización de extranjeros, han quedado relegados.
Se ha hablado de los supuestos enfrentamiento entre dos facciones del mismo grupo dominante: los danilistas y los leonelistas. E incluso se ha hablado de división en la corporación económico-partidaria dominante, después de la reunión del llamado Comité político del PLD que impuso al país el tema de la reelección presidencial. Al final quedó todo claro; era un teatro cuyo desenlace es conocido; de hecho al final lo que ha importado es buscar los medios y las estrategias para mantener el poder y seguir disponiendo, sin control, de los recursos públicos. Para esto, no importa si quien esté en la presidencia es, D. Medina, L. Fernández, M. Vargas, F. Bautista o el Diablo. Lo importante es, para la corporación dominante, asegurar la posibilidad de que los bienes públicos sigan siendo dilapidados y usurpados, con un insaciable apetito de robo, corrupción e impunidad.
Una vez más ha sucedido lo que siempre se ha hecho; la corporación dominante se ha puesto de acuerdo para hacerle creer al pueblo dominicano que sus intereses son los del país. Por eso de los 15 puntos hechos públicos del acuerdo de la corporación, ninguno de ellos está orientado a beneficiar al pueblo dominicano. Además, pareciera que hay otros acuerdos que son impublicables, pues se proponen seguir utilizando las instituciones públicas: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ministerios e instituciones públicas pagados con dineros públicos, al servicio de sus intereses bastardos.
En la actual coyuntura se ha actuado de forma parecida a como se ha hecho en las aproximadas 39 modificaciones a la Constitución realizadas previamente, desde que se comenzó a gestar el proyecto-país que hoy es República Dominicana. Tal como nos ha recordado A. Mateo, el despojo de los bienes públicos no tiene límite y la lucha por la creación de un país fundado en una institucionalidad democrática viene desde los días que se comenzó a gestar la constitución (1844) y el gobierno del naciente proyecto de nación. De hecho al poco tiempo de ser proclamada la primera Constitución, Pedro Santana la hizo cambiar para imponer su voluntad. La lucha entre los trinitarios y el grupo dominante de los Hateros, representados por Pedro Santana, terminó con la preeminencia de este último grupo y la imposición de una constitución hecha a la medida del grupo oligarca de ese entonces.
Posteriormente a la independencia nacional de la potencia española (1865) en medio de la pugna entre los dos bandos partidarios, el partido azul y el partido rojo, terminó imponiéndose el partido de la burguesía terrateniente y comercial. Y el gobierno encabezado por Ulises Heaureaux (Lilís), un líder azul que renunció a los principios de su partido, terminó siendo un dictador más, que puso los intereses personales y grupales por encima de los intereses de la nación.
Este año estamos celebrando los 50 años de la gesta patriótica del 1965 que buscaba restablecer el gobierno y la constitución de la revolución democrática instaurados en 1963. Y el año que viene estaremos conmemorando los 50 años de una supuesta democracia liderada por tres partidos de la corporación dominante, el PRSC, el PRD, y el PLD, que en la práctica se han convertido en un solo bloque partidario, que se han sucedido en el control de la cosa pública, que ha saqueado sistemáticamente el país y ha implementado un régimen de una sistemática dictadura con apariencia de democracia.
Cuando se analiza la moralidad, la eticidad y el sentido político de los pactos realizados en la corporación dominante es necesario re-orientar algunos conceptos fundamentales. De entrada es necesario no confundir una actuación moral, con una actuación ética, ni un accionar partidario con una actuación política. Pues una actuación moral es toda acción ligada a un determinado hacer o conducta cultural; en cambio, una acción ético-política está ligada necesariamente a la búsqueda del bien común, donde se prioriza lo público sobre lo privado. Por eso considero completamente equivocados quienes afirman que la justicia, o la educación o las instituciones públicas deben ser despolitizadas. Más bien tienen que ser des-partidarizadas, politizadas y puestas al servicio del bien común, de un proyecto de nación incluyente y solidaria.
Es necesario pasar de la indignación a la propuesta ético-política. Es tiempo de que los sectores más críticos se sienten a calcular fríamente los pasos necesarios, para hacer pactos políticos orientados hacia mejorar las condiciones de vida de la gente tradicionalmente excluida y definir las estrategias indispensables para construir un bloque de unidad por un mejor país, un proyecto de nación fundamentado en una opción verdaderamente política, donde se priorice lo público sobre lo privado; lo colectivo sobre lo individual.
En el contexto nuestro es urgente construir nuevas conciencias éticas y nuevas prácticas políticas. Eso tiene como condición indispensable la transformación de las mentes, el desplazamiento de la actual corporación dominante y la construcción de un nuevo proyecto político, articulador de fuerzas y voluntades. En ese proceso necesitaremos nuevos partidos y nuevos liderazgos con renovada conciencia política; necesitaremos educadoras y educadores capaces de colaborar en la educación crítica de las presentes y futuras generaciones; necesitaremos de una prensa comprometida con los mejores intereses del país; será necesario contar, además, con nuevas organizaciones barriales y comunitarias comprometidas, con iglesias proféticas y encarnadas, entre otros; todo orientado hacia la creación de un Proyecto de Vida Digna, en una sociedad justa, incluyente, solidaria y equitativa.