Si es cierto aquello de que toda ley representa un pacto entre el Estado democrático y representativo, cual sea, y los ciudadanos y sectores sociales llamados a cumplirla (pues le impone a cada parte derechos y deberes); y si existe desde hace 17 años una Ley General de Electricidad (La No. 125-01 y su Reglamento de Aplicación) que define propósitos, responsabilidades, deberes, derechos, fiscalizaciones, sanciones, instrumentos y previsiones que gobiernos ineficientes no han sabido cumplir, ¿para qué necesitamos ahora ese engendro de la vagancia estatal llamado “Pacto Eléctrico”?