El reciente discurso del presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, ha puesto sobre el tapete el tema de la necesidad de un pacto político en este país. Los ejes fundamentales de su propuesta de pacto constituyen una crítica bastante punzante a una forma de poder centralizador, avasallante y negador de elementos básicos de la institucionalidad democrática, que dentro de poco iniciará su cuarto mandato ininterrumpido. Las características de ese poder, más el hecho de que en su proceso de entronización, apuntalamiento y reproducción, sectores del empresariado han aportado una cuota altamente significativa, determinan la complejidad y dificultad para alcanzar el pacto propuesto.
En tal sentido, además de la contundencia de la posición del presidente del CONEP y del reconocimiento de que sectores del empresariado han tenido el tino de denunciar el estado de situación del país con igual énfasis y con mayor sentido de pertinencia, el empresariado debe avanzar algunos gestos indicativos de su inequívoca voluntad de impulsar un proceso de institucionalización del país. Por ejemplo, deben ponerse de acuerdo en que terminarán definitivamente el auspicio de actividades para recabar dinero para los candidatos presidenciales, sobre todo para los del partido oficial, incrementando así la grosera inequidad en cuanto al uso de los recursos en que discurren los procesos electorales. Como el reciente.
También, deberán renunciar a las alianzas estratégicas privilegiadas de algunos grupos e individualidades del sector con individualidades o sectores del gobierno de turno para servirse del poder y ensanchar sus fortunas al margen de la ley e institucionalidad. De igual manera, renunciar al privilegio de las exenciones/sobornos privilegiadas, rechazar las donaciones/extorsiones de millones de galones de combustibles y hacer un pacto entre el trabajo y el capital que garantice la libertad sindical y los derechos fundamentales de los trabajadores. La libertad sindical que no solamente contribuye al desarrollo del sentido de la dignidad de los trabajadores, sino también del capital.
Muchos empresarios son conscientes de que es necesario que el país discurra con reglas claras y que se imponga la institucionalidad, pero deben entender que ese sector ha sido en extremo pasivo y hasta cómplice de la entronización de un sistema político que lleva el país hacia el despeñadero. La voracidad de algunos y la cortedad de miras de no pocos han determinado la situación que hoy valientemente algunos condenan. Pero, deben estar conscientes de que el grupo político que actualmente controla el Estado tiene una férrea voluntad de mantener sus privilegios y su fuente de enriquecimiento a toda costa, sin importar medios. Es su filosofía del poder.
Un pacto con ese grupo es en extremo difícil. Por tanto, si los empresarios quieren realmente crear las condiciones para un pacto social o político para enfrentar las propuestas de pactos que los gobiernos de ese grupo hacen reiteradamente, deberían examinar la idea ser parte, de hecho, de un pacto entre diversos actores productivos, sociales y políticos para imponerle nuevas reglas de juego a un grupo político de vocación continuista y autoritario que no se suicidará renunciando sin más a su idea de cómo, para qué y para quien gobernar. Solos, difícilmente podrán doblarle el pulso a ese grupo.
En ese tenor, dos cosas hay que tener presente en la discusión de la propuesta del presidente del CONEP, primero: el sector del PLD actualmente en el poder es el que más decididamente ha contribuido a forjar la cultura política de ese partido y no se vislumbra que la abandonará, sin más, en la antesala de un mandato que iniciará en medio de un significativo déficit de recursos frescos. Su anunciada voluntad de pacto fiscal, sin enviar señales claras de que cambiará sustancialmente las reglas de juego, evidencia su dificultad de entender otra forma de concebir el poder. Las destempladas declaraciones de Reynaldo Pared y de algunos dinosauros, como Euclides Gutiérrez, así lo evidencia, a pesar de las declaraciones de algunos sectores de que dicen ver con simpatías la propuesta del CONEP. De ahí la necesidad de esa institución de sumar esfuerzos para la viabilidad de su propuesta.
Lo segundo es que la oposición debe tener claro lo que quiere; algunos de sus dirigentes hablan de pacto con el gobierno, otros, en términos genéricos, dicen que harán una decidida oposición. La cuestión es que una estrategia opositora debe tener un objetivo claro y este no es otro que obligar al sector del PLD que controla el Estado a cambiar las reglas de juego. La propuesta del CONEP, independientemente de las limitaciones que pueda tener y de la existencia en su seno de sectores que están comprometidos económica y políticamente con el gobierno, constituye un significativo punto de referencia para un diseño más global de una política opositora, que no puede ser otra que la articulación de todas las voluntades interesadas en construir una alternativa que, teniendo en cuenta la referida propuesta, vaya más allá de esta.
De lo contrario, la propuesta del CONEP terminará como otra más, de las muchas que los grupos que dirigen el PLD no solamente han desoído, sino despreciado.
Creo que hay tiempo y posibilidades para que esta vez no sea así.