Supongo que siempre ha sido así. Supongo que a lo largo de nuestra historia, las instituciones dominicanas han actuado de la misma manera.
Pero dados mis limitados conocimientos de la historia, solo voy a referirme al tiempo que me ha tocado vivir. Al observar las acciones, o la falta de acciones, de las instituciones llamadas a proteger los derechos de la sociedad, he visto todo tipo de iniquidades. Ignominias de todos los colores, tamaños, formas y motivaciones. Pero hay dos que sobresalen:
El “fallo histórico” de 1978 y el del viernes pasado. Hay un hilo conductor entre ambos, un hilo muy grueso. Tienen demasiadas cosas en común. Incluso hay personajes que pueden estar detrás de las cortinas en ambos escenarios. O sus herederos.
Ahora voy a hablar para los más jóvenes, y para los que están cortos de memoria. Las personas de mi generación crecimos bajo la percepción de que el gobierno más corrupto era el de Balaguer, y el entendido de que a lo largo de nuestra historia nunca podría haber otro más corrupto. Es más, luchamos por erradicarlo creyendo que con ello derrotaríamos la corrupción. Craso error.
Probablemente nos habríamos equivocado de todas maneras, pero lo que ocurrió al término de aquellos doce años en 1978, indujo un ambiente de impunidad que condicionó el comportamiento de los políticos posteriores.
Durante el largo período de Balaguer, se cuidó sistemáticamente de tener el control del Senado de la República (aún fuera al costo del arrebato) porque desde el mismo era que se designaban políticamente los jueces, al tiempo que el Ejecutivo nombraba también políticamente los fiscales. Para 1978 la indignación del país era tan grande que ningún fraude pareció suficiente, y las elecciones dieron como resultado, no sólo el desplazamiento de Balaguer de la Presidencia, sino la pérdida del control del Congreso y, por consecuencia, del derecho a designar jueces y fiscales.
Si eso ocurría, habría peligro. Porque había demasiada corrupción acumulada y demasiados crímenes de sangre. Había que mantener el control de la justicia a como diera lugar. Es en ese contexto en que el Dr. Balaguer y el Dr. Marino Vinicio Castillo se las ingeniaron para conseguir la protección de todos los corruptos de la época, que garantizara la impunidad a todos los involucrados.
La maniobra condujo a aquel famoso Fallo Histórico de la Junta Central Electoral, por medio del cual se le “donaron” a Balaguer los senadores suficientes para asegurar la mayoría que necesitaba de modo que, aún fuera del gobierno, pudiera seguir controlando el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. Además, que el nuevo gobierno de Don Antonio Guzmán tuviera que sujetarse a la Constitución de Balaguer.
En aquella ocasión, a medida que el tiempo pasó, se fue diluyendo el ambiente social que clamaba por justicia. Pero sucedió algo mucho peor: ya los políticos de los otros partidos habían descubierto que si a los balagueristas les había ido tan bien y que era tan fácil desfalcar el patrimonio público sin que a uno le pasara nada, entonces por qué no hacerlo ellos también, y habían enfilado el camino pa’lante. Probablemente hubieran terminado siendo tan corruptos como los demás de todas formas, pero no hay dudas de que la impunidad de que disfrutaron los corruptos conocidos por las generaciones del momento ha de haber condicionado la reacción de muchos políticos posteriores.
Lo que ocurrió el pasado viernes con el “No ha lugar” del juez Moscoso Segarra es algo muy parecido. Como dije, tienen muchas cosas en común. En aquel momento el “fallo histórico” fue para cubrir con un blindaje judicial a Balaguer y su gente. Este nuevo fallo, que pasará a ser tan histórico como aquel, tiene lugar como consecuencia del blindaje judicial que Leonel se había fabricado antes.
En aquel se cerró la puerta a cualquier intento de reforma constitucional o de cambios de las ahora llamadas “altas cortes”. En este se procura mantenerla cerrada. Hay un personaje de nuestra oscura historia que está vinculado con ambos. Adivinen su nombre.
El problema grande lo tiene el pueblo dominicano, que nunca había tenido grandes razones para confiar en la justicia, pero que durante algún tiempo acarició ciertas esperanzas. Y cuando el ciudadano pierde todo vestigio de esperanza en la justicia, al final no se sabe lo que ocurre.
Porque el ciudadano puede estar dispuesto a tolerar un abuso del Ejecutivo, e incluso una decisión errada del Legislativo, pues entiende que ambos responden, en última instancia, a fines políticos. Y puede aún así mantener la confianza en el sistema, sólo si sabe que el Poder Judicial puede ampararlo. Pero si llega a perder la confianza en el juez, si observa una actitud de complicidad, a pensar que forma parte de la misma maquinaria, entonces ya no tendrá nadie en quién creer.
Y cuando la ciudadanía no confía en la justicia, entonces probablemente intenta utilizar a su favor la circunstancia, desobedeciendo todas las reglas y sacando beneficio de todo aquello en que piense que puede resultar impune, o se resigna pasivamente y acepta el yugo, pero más probablemente se va al otro extremo y adopta una actitud de confrontación, con un final que no siempre es el más felix.