El domingo pasado el presidente Abinader anunció una nueva extensión de la UASD, en Santo Domingo Este, después de la de La Vega anunciada en noviembre, que no fue objeto de muchos comentarios.
Al contrario, la nueva extensión ha despertado algunas perplejidades y dudas, manifestadas, por ejemplo, en un breve editorial de Listín Diario. Es comprensible que, dado el tamaño de la inversión, 600 millones de pesos, se considere su costo de oportunidad, frente no solamente a los grandes problemas que pone la recuperación pospandemia, sino también a la necesidad de incrementar la financiación de la ciencia y tecnología, cuyo indicador, porcentaje del PIB, está en nuestro país todavía muy lejos de los valores que desde al menos cincuenta años se repite que son recomendables.
Sin embargo, aun entendiendo y respetando esas perplejidades, considero, por dos razones, estéril un debate tendiente a revertir la decisión.
Es inimaginable que un Gobierno que anuncia un compromiso de tal envergadura modifique su decisión, a menos que no haya argumentos muy contundentes que demuestren que fue equivocada. Y en un país que necesita una vigorosa política de educación superior abierta a todas las clases sociales, es difícil imaginar cuáles podrían ser estos argumentos fuertes.
En lugar entonces de cuestionar una decisión política tomada, es mucho más productivo analizar en qué forma ella pueda contribuir a corregir problemas estructurales de financiación de la ciencia y tecnología y a afianzar la posición de nuestro país en América Central y en el Caribe.
Posiblemente sea cierto que, si la iniciativa se limitara al descongestionamiento del Campus principal, reproduciéndolo en menor escala en otra área del Gran Santo Domingo, el impacto sobre el futuro del país no sería extraordinario ni particularmente significativo. Inclusive podría dar origen a un proceso a cascada de solicitudes análogas de otras provincias.
Sin embargo, el caso sería muy diferente si la extensión de la UASD fuera un instrumento para fortalecer el sistema científico y tecnológico del país en áreas prioritarias para su desarrollo económico e industrial. Una inversión de 600 millones de pesos en edificios tal vez contribuya solamente a resolver algunos problemas laborales en el sector de la construcción, pero si el proyecto pudiera tener un efecto multiplicador para el desarrollo científico nacional y de la región, esto caracterizaría la decisión como una gran oportunidad.
En el editorial mencionado las dudas sobre la necesidad de la iniciativa estuvieron acompañadas por una sugerencia: “Talvez es más apropiado reenfocar el proyecto de Santo Domingo Este hacia un centro de alta tecnología, no propiamente una extensión como las demás que posee la UASD, con sus consabidas precariedades.”
Esta sugerencia no es de ninguna manera antitética a la propuesta de extensión. Al contrario, la enriquecería, y podría volverla parte de un proyecto de desarrollo de largo plazo, para el cual el país es maduro.
Ya desde hace más de dos años se está debatiendo la propuesta de crear un Centro Regional de Ciencias de Materiales (CRICMA), para el cual existen las condiciones científicas, inclusive en la UASD, y no solamente en las dos universidades que más se han comprometido, hasta hace unos meses, en el proyecto, la PUCMM y la UNEV.
Este proyecto, actualmente en stand-by, podría, como se mencionó en los Apuntes sobre Ciencia e Investigación científica en República Dominicana, “agrupar los investigadores del área de Nanociencias” y contribuir a la creación “que es urgente necesidad nacional, de posgrados con estándares de calidad internacional”.
En realidad, si el proyecto de extensión de la UASD incluyera, en la UASD, o liderada por la UASD, o asociada de manera oportuna a la UASD, detalles no esenciales si pensamos en el País y no en pequeños intereses de una u otra institución, la realización de un Centro de Alta Investigación Científica y Tecnológica, las oportunidades ofrecidas irían mucho más allá de la simple realización del CRICMA, idea a la cual no niego sentirme indudablemente ligado, por haber sido hace casi tres años uno de sus proponentes, junto con los colegas Núñez Selles de la UNEV y Piazza de la PUCMM.
Esto no quiere decir abandonar la idea del CRICMA, sino enmarcarla en un proyecto más amplio de desarrollo científico y tecnológico, consistente en crear un Centro que incluya al menos tres áreas, la mencionada, la de las energías renovables y la de las biotecnologías, todas de alta prioridad y un gran impacto económico y social, limitado al sector académico.
Un proyecto de esta naturaleza no puede ser de mero carácter nacional, sino debe tener esa vocación regional que sola puede garantizar su éxito, ya que permitiría contar con la masa crítica que sí la hay si se incluyen los países centroamericanos y también aspirar a que el costo de su implementación no sea asumido solamente por el Estado dominicano.
Esto vuelve a llamar la atención a la urgencia de que la Región haga realidad la propuesta que, hace casi cuatro meses, fue objeto, en este mismo medio, de otra nota, la de crear un Fondo Regional de Ciencia y Tecnología. En la conclusión de esa nota, parafraseando al presidente Castro Madriz, recordé que “Una independencia política sin independencia científica es ilusoria”.
La experiencia del último año ha puesto en evidencia una amplia serie de problemas, preexistentes, reconozcámoslo, para sortear los cuales es necesario poder contar con una fuerte capacidad de investigación científica. En nuestra región, esas capacidades existen, aunque dispersas. Utilizarlas hace imprescindible una fuerte cooperación e integración regional de la cual una sólida infraestructura investigativa es pilar esencial.
Un ejemplo de lo que se puede lograr, lo brinda el programa de ocho proyectos semillas que el SICA ha lanzado con la cooperación del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá, entre los cuales varios cuentan con presencia de investigadores dominicanos.
La creación de un Centro de Alta Tecnología sería sinérgica con la política impostergable de establecer programas doctorales regionales en ciencia naturales, y podría, como beneficio adicional, valorizar otra institución pública de Santo Domingo Este, el Instituto Técnico Superior Comunitario.
Oportunidades como ésta es posible no se vuelvan a presentar por décadas. Que no se la desaproveche, y se la use para fortalecer al mismo tiempo el sistema de educación superior público, eje de cualquier política democrática de desarrollo ciudadano, la capacidad científica de la región y la imagen, en el contexto regional, del país que lideraría un proceso que beneficiará a todos los países del SICA.