La sed de justicia es un ansia fundamental de la condición humana. En nuestro país esa sublime aspiración ha sido y es frecuentemente frustrada, tanto a nivel social como individual. En el caso de los sobornos de Odebrecht, el más espinoso de nuestra vida como nación, la reciente sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no ha sido el parteaguas esperado. Peor aún, pone en entredicho la posibilidad de que el actual Ministerio Publico (MP) pueda rescatar la maltrecha moralidad pública de una sociedad hastiada de la impunidad.
La trascendencia del caso no admite dudas. La consternación desatada por la revelación, en diciembre del 2016, del colosal entramado de corrupción de esa empresa fustigó la ira de la clase media dominicana, volcada estruendosamente en el movimiento de la Marcha Verde. Fue ese el fuego que originó un cambio de gobierno fundamentado en la transparencia y el pulcro manejo de la cosa pública. Pero comprometido por las negligentes actuaciones del anterior MP, el proceso legal amenaza ahora con tragarse la posibilidad del castigo ejemplar que amerita la enorme transgresión. La persecución del delito del soborno, la espina dorsal de ese criminal entramado ahora parece inútil.
Sin embargo, nadie pone en tela de juicio la idoneidad del mencionado Tribunal. La trayectoria judicial de las tres magistradas que lo componen sugiere una honesta profesionalidad. Pero el expediente que presentó las acusaciones del MP estuvo plagado de ausencias procesales y debilidad probatoria. Muy a pesar de que el juez de la SCJ Ortega Polanco le autorizara a perseguir la investigación del caso en Brasil y de que la actual Procuradora –en su condición anterior como juez de la SCJ– advirtiera las fallas del expediente, el anterior MP no obtemperó. Y al uno de los imputados perder su jurisdicción privilegiada al cesar en sus funciones legislativas, la SCJ remitió el defectuoso expediente al Tribunal y al actual MP no le quedó más remedio que someterse a sus limitaciones.
El expediente acusatorio tendió un manto de protección e impunidad sobre casi todos los involucrados en los sobornos de US$92 millones admitidos por Odebrecht. El resultado ha sido dos condenas pírricas, un eventual decomiso de bienes y una ausencia total de identificación de los sobornados. Ambos bandos del proceso han anunciado su intención de apelar y los entendidos en la materia predicen que eso tomaría casi un año adicional para que la Corte de Apelación, la cual se limitará a examinar la parte técnica de la sentencia del Tribunal, dicte un fallo. A eso le seguirá una apelación en casación ante la SCJ y eso podría suponer otro año para finiquitar el caso. Con los defectos del expediente original se puede dar por descontado que la sentencia original del Tribunal quedará como lo irrevocablemente juzgado.
Naturalmente, la insolente corrupción de Odebrecht no se quedó en los sobornos para los 17 contratos firmados en el país entre el 2001 y el 2014. Aunque el actual gobierno anunciara la cancelación de los contratos pendientes de cumplimiento por US$222 millones, todavía está por verse lo que sucede con las enormes sobrevaluaciones de los 17 contratos y con Punta Catalina, siendo el soborno y la sobrevaluación los delitos perseguibles en este ultimo caso. Según reportes de prensa, la Cámara de Cuentas está a punto de entregar una auditoria forense de las primeras sobrevaluaciones, la cual fue solicitada por el anterior MP y había estado durmiendo el sueño eterno entre los anteriores incumbentes de la Cámara. Eso podría generar otro sometimiento judicial sobre la base de los hallazgos de la auditoría, pero posiblemente no se encuentren culpables locales a menos que el MP acuda a Brasil a profundizar las pesquisas en los archivos del caso Lava Jato. Eso podría tomar meses, pero seria el mejor legado del actual MP sobre el caso.
El actual MP no ha revelado si está investigando el caso de Punta Catalina excepto que viene por ahí un caso que ha denominado Odebrecht 2.0. El procurador adjunto de la PEPCA ha dicho que “la siguiente investigación se ocupará de investigar las campañas políticas dominicanas, la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina, y los codinomes de las cuentas que recibieron fondos de manera ilegal por parte de la empresa Odebrecht.” “Esperamos que Odebrecht continúe cumpliendo con el acuerdo en la medida que entregue información útil para las investigaciones y los pagos. Si ellos cumplen con su parte del acuerdo, no hay ninguna necesidad de romper con el acuerdo.” Hasta ahora la empresa ha pagado US$60 millones de los US$184 que le fueran impuesto como multa por el famoso Acuerdo Homologado con el MP anterior. Pero no está claro si eso incluye los US$39 millones pagados en sobornos para Punta Catalina que denunció el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Parece existir una firme intención del actual MP para realizar una abarcadora labor de investigación y persecución en el caso del Odebrecht 2.0. El procurador adjunto del PEPCA ha dicho: “Con Odebrecht 2.0 nosotros vamos a saltar los obstáculos que sea necesario saltar para llegar hasta las últimas consecuencias”. Esta declaración es lo único que permite todavía albergar una esperanza de que en nuestro país se hará justicia en el caso de Odebrecht, siendo el nuestro el que más lento y negligente ha sido en materia de persecución judicial entre los 12 países implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht. Es la intención que da sustento a una nueva complicidad con la ilusión de lograr justicia.
Pero serios nubarrones se presentan en el panorama que obligan a un cauteloso optimismo al respecto. Lo primero es las limitaciones con las que trabaja el actual MP, habiendo encontrado a su llegada 500 expedientes de denuncias de corrupción en el PEPCA. Con los pesados casos que ha destapado en los 14 meses de su gestión, el MP podría no tener las capacidades necesarias para enviar un equipo de fiscales a Brasil, un paso indispensable para develar el tinglado de sobornos. Si bien existe un acuerdo de cooperación entre nuestro MP y la fiscalía general de Brasil para facilitar las pesquisas, no está claro que todavía pueda usarse y que las actuales autoridades brasileñas obtemperen. Asimismo, no esta claro que la nueva versión de la empresa Odebrecht decida seguir cooperando con información prometida. Ahora se llama Novonor.
Lamentable resulta que las posibilidades del actual MP también deban ser evaluadas en función del escenario político local. La oposición que anunció el expresidente Fernandez a una modificación constitucional que entronice la independencia del MP prácticamente asesta un golpe mortal a esa posibilidad, en vista de que es dable visualizar que el PLD tampoco la apoyaría en el Congreso. Y si, como se rumora insistentemente, la Fuerza del Pueblo y el PLD se unen para la contienda electoral del 2024 se puede asumir que el caso Odebrecht será relegado al zafacón de la historia. De manera que la continuada gestión del MP –y el continuado apoyo del presidente Abinader en particular, comprometidos como está con la independencia del MP– es lo único que permite avizorar la posibilidad del castigo en la lucha que actualmente se libra contra la corrupción y la impunidad.
Frente a tales incertidumbres hay espacio para optar por la colaboración de las Naciones Unidas en las investigaciones restantes. La nación necesita una sacudida catártica frente a la corrupción y la impunidad y el presente gobierno se llenaría de gloria si demuestra su firmeza con la solicitud de esa colaboración, fortaleciendo así la posibilidad de seguir disfrutando de las simpatías del electorado. Quien escribe propuso esta opción un par de veces cuando se sabia que el gobierno anterior no haría tal solicitud. Pero hoy parece no existir el temor de que los miembros del partido de gobierno sean salpicados en el caso. La firmeza mostrada por el actual gobernante frente al narcotráfico y la corrupción administrativa le avalarían, con la ayuda de las Naciones Unidas, un nuevo periodo de gobierno. Solicitar la ayuda de las Naciones Unidas es pues una sólida estrategia política.
Queda, finalmente, el lixiviado fatal de la prescripción. Con la excepción de Punta Catalina, la mayoría de los contratos de Odebrecht ya pasan de los diez años –el tiempo de prescripción estatuido por el Código Procesal Penal—y los que intervinieron en la maleza corruptora estarían exentos de persecución. Pero con una investigación de las Naciones Unidas quedarían por lo menos al descubierto y la nación podrá conocer mejor sus manzanas podridas. De manera que las Naciones Unidas serian el mejor cómplice de la ilusión del pueblo dominicano de que prevalezcan los valores de la honestidad y la decencia en nuestra moralidad pública.
