La Procuraduría General de la República, PGR, enfrenta una enorme presión indebida por los documentos remitidos desde Brasil en los que presuntamente se vincula a exfuncionarios, legisladores, empresarios y abogados al caso de esquema de corrupción y sobornos de la empresa multinacional Odebrecht en la República Dominicana.
Hubiera preferido no referirnos al asunto en vista de que se debe dar el espacio razonable a las autoridades para que cumplan con el debido proceso, antes de inferir conclusiones y dar saltos al vacío por el cúmulo de especulaciones y conjeturas que desde hace semanas se debate en los medios y en las redes subterráneas hasta la saciedad.
Aspiramos a materializar un país de ley y orden. Pero no es serio ni responsable emitir conclusiones en procesos puntuales, y en los cuales se pretende embarrar reputaciones y el buen nombre de personas, como es el caso de la lista falsa, sin antes esperar el anuncio oficial de los hallazgos en virtud del principio de la autoridad legal y competente.
La Constitución de la República garantiza en uno de sus artículos que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ante un tribunal legalmente constituido. ¿Cuál es la prisa por hallar culpables en el caso de Odebrecht? ¿Acaso no deben las autoridades cumplir con el procedimiento por etapas? ¿Hallar y calibrar la evidencia primero, antes de dictar acusaciones? ¿Y sopesar la calidad del proceso de encausamiento de los alegados culpables?
La palabra meollo se define en una de sus acepciones como “aspecto o parte central más sustanciosa de un asunto.” En el expediente de la confesa corrupta multinacional brasileña, por la que han sido encausados 77 funcionarios en Brasil, no es aconsejable partir de lo ligeros ni de contentos en lo que atañe al capítulo dominicano. El país demanda resultados concretos, específicos, justicia, no represalias ni castigo a mi villano favorito.
¿Por qué? Porque en el caso nacional la corrupción y la impunidad ha dejado marcado a muchos, dentro del Gobierno y también en la oposición, y por los riesgos que implican las consecuencias judiciales y penales finales en un país con una burocracia pública y privada, sumado a una sociedad civil, altamente corruptas desde la fundación misma de la República.
La parte social y política del país sano espera y confía en que habrá consecuencias. Y que los responsables, muchos de los cuales ya están siendo juzgados y condenados en el cadalso de la opinión pública, de ser culpables sean procesados por la justicia competente, mientras algunos forjadores de opiniones afilan la guillotina para aplicarla por la vía rápida a su corrupto preferido.
Es obvio que no se debe repetir el mismo patrón de impunidad y encubrimiento del pasado para aplicar la ley en el caso de Odebrecht. El primer interesado en que se aplique el debido proceso debe ser el Gobierno central. A nadie se le ha olvidado los casos de CORDE, CEA, OISOE, etc., muchos de los cuales quedaron en el limbo en el pasado por no estar bien sustentados, por debilidad en las evidencias, por tráfico de influencias o por falta de voluntad o conveniencia política. El pesimismo histórico, el leviatán de siempre, el discurso del odio y de la división…
El peligro es lo que pretenden muchos en la oposición política: convertir en un embrollo un proceso anti corrupción que debe ser diáfano, transparente y ejemplar. En lenguaje coloquial significa: mentiras, embuste. ¿Apuestan a que todo resulte en un asunto confuso, desordenado, problemático o difícil de resolver? De ser así, se perpetúa la maldad. Así, nadie gana. Así perdemos todos.
En su obra cumbre, El espíritu de las leyes, el filósofo francés Charles Louis de Secondat, conocido como el barón de Montesquieu, advierte sobre el equilibrio político, la división de poderes y la libertad en democracia, al señalar que “…la libertad política no se halla más que en los gobiernos moderados… cuando no se abusa del poder; pero es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se ve inclinado a abusar de él; y así lo hace hasta que encuentre algún límite. ¿Quién lo diría? Hasta la virtud necesita límites. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder.
En situaciones de crisis política o social hay personas que creen que los hechos históricos son producidos por los grandes hombres. Y resulta que es al revés: son los hechos históricos los que producen a los grandes hombres. Pero en la República Dominicana, la política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que sí le importa. Y al final de la novela, el fuerte devora al más débil.
El caso de Odebrecht pone a prueba una vez más al sistema político, al estado de derecho, al liderazgo, a la impunidad, a la justicia, a la falta de transparencia y a la corrupción. Esperemos los resultados y los residuos del derrumbe, para continuar elaborando con paciencia y sin odios la sociedad futura, no como indignados, sino como entrometidos… ¡¡¡porque altares, ya no hay!!!