Pocas dudas caben que el panorama político y social del país ha cambiado sustancialmente en los últimos dos breves años. 

Se trata de modificaciones en las correlaciones de fuerzas en la política nacional y del ascenso en la atención pública de problemas con gran influencia  en las decisiones electorales de los ciudadanos.

Los nuevos líderes de las últimas encuestas son: la corrupción gubernamental, la inmigración desbordada (principalmente de haitianos) y la inseguridad de la vida en las calles.

Bajo los efectos de esos malestares los ciudadanos tienden a culpar a los gobernantes por falta de iniciativas y control;  esa es parte de la explicación de la caída de la aprobación de la gestión de Medina desde un 91.3% en agosto del 2014, descendió a un 62.7% en febrero del 2017 hasta caer a un 47.3% en marzo del 2018.

El dilema que enfrenta Danilo es que la corrosiva corrupción seguirá siendo un tema sensible mientras Odebrecht y Punta Catalina respiren, dentro y fuera del país, y, por su lado, la inmigración haitiana luce imparable y en expansión. 

Otro rasgo fundamental del nuevo panorama, revelado por la última encuesta Gallup, es que el 67% de la población rechaza una eventual modificación de la Constitución para permitir la repostulación de Danilo Medina. Era exactamente lo contrario en el 2016.

Además, Medina no es ya el preferido respecto a Leonel Fernández para encabezar la boleta del PLD en el 2020. Ambos aparecen empatados con un 14.8% entre la población general.

En medio de las dificultades del danilismo, Leonel Fernández resurge aparentemente decidido a disputarles la candidatura  presidencial del PLD a Danilo Medina y su equipo en el 2020.

Tratando de evitar lo peor los danilistas pretenden meterse por vía contraria y aprobar en el Congreso una ley de partidos que incluye las elecciones primarias abiertas como método para elegir los candidatos presidenciales en todos los partidos políticos. Se trata de un despropósito que violaría flagrantemente la Constitución de la Republica y que casi todos los partidos de la oposición han rechazado de manera enfática.

Una ley de partidos unilateral y con primarias abiertas serviría para que el Palacio, utilizando sus poderes, intervenga en las convenciones de algunos partidos e imponga los candidatos presidenciales de la oposición y el del PLD.  ¡Casi nada!

En resumen, ese nuevo panorama se completa (y complica) si se considera el firme ascenso del PRM hacia convertirse en una verdadera opción de cambio político.