Si don Juan estuviese vivo, con la gran capacidad que tenía para la reflexión y la maestría como artista de la palabra tanto escrita como hablada, no cabe duda que frente a la realidad social crearía una nueva categoría social: Núcleo Oligárquico de la Corrupción. Una nueva casta social creada bajo el manto total del Estado. Una estratificación social especial que se encuentra por encima de las leyes y que impide la validación de un Estado de Derecho.
En una sociedad con un régimen político democrático el soporte medular que le da el peso y el contrapeso, el ente legitimador, es la JUSTICIA. En el Estado de Derecho lo que guía la actuación del Estado y la sociedad son las normas legales establecidas que fijan las mismas obligaciones para todos, gobernantes y gobernados. En un Estado de Derecho es preciso y se constituye en un elemento sine qua non que los ciudadanos sean tratados de la misma manera, evaluados con los mismos criterios y sujetos a las mismas exigencias.
En un Estado de Derecho el Poder Ejecutivo, el Poder Congresual y el Poder Judicial no son una mera ficción, sino una realidad que permite el desarrollo de las instituciones y la diafanidad y transparencia de las decisiones y acciones lo más cerca de la realidad. No importa, incluso, si los actores de los tres poderes fueran del mismo partido; empero, estando en presencia del imperio de la ley y donde esa elite política tuviera al menos el don de la decencia y la necesaria consciencia moral, el espíritu de la justicia, el sentido del honor, de la integridad, de la dignidad y un poco del sentido de la historia.
Lo que estamos viendo frente a los casos más emblemáticos de la corrupción es una negación sempiterna de la Constitución del 2010. El Art. 4 establece Gobierno de la Nación y separación de poderes. El Art. 7 nos habla del Estado Social y Democrático de Derecho que nos establece la separación e independencia de los poderes públicos; y, el Art. 146 esboza Proscripción de la corrupción, en su numeral 1 dice: “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. El acápite 2 reza: “De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”; y el ordinal 3 del referido artículo establece: “Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimientos de autoridad competente.”
Lo que aspiramos es a una sociedad decente, a una sociedad donde exista más y mejor democracia, donde prevalezca un régimen de consecuencias frente a las acciones de los ciudadanos, donde la justicia con su peso imponga las reglas del juego, ciega cual su génesis, para que sus hijos más malvados, más perversos, cumplan frente a sus desafueros.
A partir del 2005, en nuestra sociedad, a los sociólogos se nos hace difícil realizar un análisis de las clases sociales y ponderar las escalas de prestigio, el status y la movilidad social. Dicho de otra manera, la estratificación social y la reconfiguración y reconsideración del análisis de clase, a partir de la penetrante onda expansiva de la corrupción, desde y dentro del Estado mismo. Aquí no hablamos de negocios y política, sino que el Estado es un instrumento de negocios. No se puede entender a la luz de Marx, de Max Weber, de Dahrendorf, Goldthorpe. Quien más nos ilumina al respecto es Pierre Bourdieu, al establecer la clasificación de las clases por cuatro formas de capital “Económico, cultural, social y simbólico”.
Desde el 2005 se rediseñó el Estado como la fuente y sostenimiento de una hegemonía política, ya no solo en base al clientelismo, sino también, al rentismo. Se verifica, al mismo tiempo, una transformación económica y social de esa nueva elite política, vía la corrupción como palanca potencializadora no solo de la alienación de una parte significativa de la ciudadanía, sino en el eje de clase y política. Se dan entonces, todas las formas y dimensiones de esa lacra social: Corrupción Administrativa o Burocrática, Nepotismo, Padrinazgo y la Captura del Estado.
Es esa corrupción tan grosera con todas sus modalidades, la que explica que produciendo riquezas aumentemos la pobreza. Si no, qué explica que hoy 6 de Abril existan más pobres (42%) que en el 1990, 1996, 2000. Como entender con datos empíricos, factuales, que solo el 2% de la población ascendió socialmente en los últimos 10 años. Sin embargo, los réditos de la corrupción han cambiado extraordinariamente los estilos de vida y categorías de consumo de quienes forman parte de la elite del dominio de los poderes públicos.
La exacción tan bestial desde el Estado en un proceso de acumulación que no tiene parangón en la historia republicana, reconfigura la concepción de clase y la política; una redefinición que va más allá de Burguesía Burocrática o Paraestatal. Como ubicarlo en la estructura social, como trazar las fronteras de clase a gente que ayer declaraban RD$547,000.00 pesos y hoy ni ellos mismos saben cuanto tienen. Cuando accesamos a la declaración de bienes de muchos funcionarios desde el 2004, uno no sabe si reír o llorar copiosamente. La mezcla de emociones se da en esta terrible realidad que nos acogota la existencia.
Duele la corrupción porque nos afecta socialmente, económicamente, moralmente y políticamente; ya que esta última conlleva toda la problemática de la gobernabilidad, de la sostenibilidad misma de la democracia. La corrupción es lo que hace posible el abuso de poder, por eso, todo demócrata verdadero la desprecia, porque ella es al mismo tiempo, el espectro más abominable y desgarrante de exclusión y de desigualdad social.
Sin embargo, la tristeza nos derrumba el corazón cuando vemos la impunidad. La impunidad es igual a la soberbia, a la arrogancia, a la prepotencia que expresa la diferenciación y jerarquización social de ese núcleo oligárquico. La corrupción puede ser individual o colectiva; empero, la impunidad es siempre colectiva, porque suma a otros poderes del Estado que están llamados a cercenar la primera, a controlar y diezmar la corrupción.
Por el grado y dimensión de la impunidad podemos aquilatar la calidad de los políticos y de los ciudadanos de un país, podremos auscultar el nivel de institucionalidad de una nación y el signo del deterioro ético-moral de los poderes fácticos de esa sociedad; en su lozanía con la complicidad y con la indiferencia; con la falta de valor y de virtud, frente a una nueva clase: Núcleo Oligárquico, esencia de la corrupción.
¡Construyamos un nuevo sentimiento moral y de decencia para mejorar la sociedad que es de todos y todas!