Si hay algo en que los políticos no sintonizan con los deseos del pueblo llano es en lo relativo a las cargas impositivas con que gravan las bebidas alcohólicas. Su afán de engrosar los recursos del fisco se contrapone frontalmente a la preferencia por esas bebidas del común de los mortales. Con ellas se deriva entretenimiento y diversión, dos elementos de la vida que son necesarios para contrarrestar el tedio de la rutina y aproximarnos a la felicidad. Es esa palurda contradicción, por tanto, que ahora se debe tener en cuenta de cara al pacto fiscal en próxima discusión.
La inclinación de la humanidad hacia el consumo del alcohol es de larga data. Un reporte de la BBC nos dice que: “Nuestros ancestros -el linaje de primates del que descienden los humanos- comenzaron a ingerir alcohol hace unos 10 millones de años. Es decir, mucho antes de que los seres humanos abandonaran su vida nómada en favor de la agricultura y mucho antes de que empezaran a fermentar comida con la intención de crear una bebida alcohólica.” Fue cuando nuestros ancestros, los gorilas y chimpancés, bajaron de los árboles que se comenzó el consumo.
El masivo consumo de bebidas alcohólicas a nivel mundial tiene, por supuesto, sus grandes bemoles. Por un lado, divierte y entretiene, pero por la otra causa tensiones intrafamiliares, mortales accidentes de tránsito y perdida de productividad en la clase trabajadora. A eso se añade que “la mayoría de la población es felizmente inconsciente" de cuánto engorda el alcohol y no repara en los múltiples impactos negativos para la salud (p.ej. alcoholismo). Los políticos enarbolan los efectos negativos para gravar inmisericordemente las bebidas alcohólicas, sin tomar en cuenta cuan impopulares son las medidas impositivas correspondientes. Aunque son raras las ocasiones en que la población demuestra un resentimiento público, el rechazo al encarecimiento siempre es firme y genera maldiciones.
Aquí la industria del ron, por supuesto, tiene repercusiones económicas importantes más allá de lo meramente fiscal. El ron dominicano ha ganado espacio en unos 70 mercados internacionales y las exportaciones montan unos US$100 millones anualmente. La Asociacion Dominicana de Productores de Ron (Apron) da cuenta de que “las empresas formales de ron generan 4,000 empleos directos e indirectos, con ramificaciones en casi todos los ramos productivos a nivel nacional. En el año 2020 se encontraban registradas y bajo cumplimiento de todas las normas establecidas para ello 29 licoreras y tres destilerías a nivel nacional”. Y “el sector genera de manera agregada, entre impuestos al consumo, al ingreso y al patrimonio más de RD$10,000 millones al año en impuestos.”
El temor generalizado es que el propuesto pacto/reforma fiscal aumentará aún más los impuestos. Sorprendentemente, con una carga impositiva cercana al 70% la Asociacion de Roneros Dominicanos (ARDO) “no se opone a que se realice un ajuste al Impuesto Selectivo al Consumo”, pero se queja de que el mercado de bebidas alcohólicas este plagado de monopolios y oligopolios y de que “en los renglones ron y cerveza más del 95% de las ventas están concentradas en empresas multinacionales.” De ahí que propongan que a las empresas mayoritariamente dominicanas se le grave con solo un 50% del aumento a los aranceles, el ad-valorem y el selectivo al consumo.
En un artículo reciente, el conocido industrial vinícola Franklin Baez Brugal se queja de los altos gravámenes, siendo la RD el país de la región con el impuesto selectivo más alto. “Mientras la tasa efectiva de tributación del ron es del 66 por ciento, la de la cerveza es del 40 y la del whisky y el vino del 35, en un evidente perjuicio discriminatorio para un producto de fabricación nacional.” Las cargas tributarias del ron, por ejemplo, le impiden competir con bebidas extranjeras y enfrentan la competencia de los rones de fabricación informal –incluyendo los adulterados que causan muertes– que no paga impuestos. Baez Brugal señala “que después del último incremento de impuestos a las bebidas realizado en el año 2012, el mercado formal del ron se redujo en un 30 por ciento, demorándose seis años para que las cifras de recaudación igualaran las del 2011. Hoy en día los niveles de producción todavía no han alcanzado los de años anteriores.” “Actualmente, por cada 100 pesos que se pagan por una botella de ron 70 corresponden a impuestos.”
“Para corregir esta situación, y evitar continuar incentivando al mercado informal que provoca muertes, el impuesto Ad-Valorem es una correcta alternativa para nivelar los tributos que afectan al sector. Una opción más justa, sería mantener el Impuesto Selectivo a los niveles actuales e incrementar el Ad-Valorem al 15 por ciento. Este asunto no debe verse solamente como un problema fiscal, ya que es un importante caso de salud pública y de imagen a nivel nacional e internacional que afecta un producto que es parte de la marca país.”
Independientemente de que lo sugerido sea la solución final, resulta evidente que el sector esta resignado a aceptar nuevas cargas impositivas y que inclusive sugiere fórmulas para ello. Pero es importante que los diseñadores de las nuevas cargas tengan en cuenta lo que significan las bebidas alcohólicas para la alegría, felicidad y bienestar de la población. Ella tiene el deber de hacer una contribución fiscal por el consumo de productos que son de su preferencia, sean nativos o extranjeros. Pero tambien tiene el derecho de consumir esos productos con precios que estén al alcance de sus bolsillos. Por su relativo bajo costo, el ron y la cerveza son la opción mas asequible para mas de la mitad de la población (que califica como pobre o vulnerable).
La solución final debe reconocer el derecho a la felicidad y para eso se deberán rechazar impuestos que, siendo tan extravagantes, disminuyan forzosamente el consumo de alcohol hasta el punto de condenar al tedio a los ciudadanos. Nuestra Constitución no consagra explícitamente el derecho a la felicidad ni determina los fines de nuestra existencia como seres humanos. Pero al reflexionar sobre el asunto conviene tener presente algunos contenidos de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: “Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.”
Ciertamente, “la búsqueda de la felicidad” es tambien un derecho inalienable de todos los dominicanos en la mundanidad de su vida, en sus “noches tenebrosas del alcohol”. Si bien una parte de la población adulta –tal vez un 10%– no consume bebidas alcohólicas, el resto cuenta con ellas para sentirse alegre y disfrutar su existencia. Puede que algunos fundamentalistas religiosos –como los musulmanes—aborrezcan el consumo de alcohol y lo castiguen severamente. Pero el resto de la humanidad no piensa como ellos y depende de esas bebidas para enriquecer su vida. La absurda idea de prohibir su consumo colide con esa preferencia, tal y como se demostró en Estados Unidos con la suerte que corrió la “Ley Seca”, la cual genero un inmenso crecimiento del crimen organizado.
No podrá negarse que para algunos las bebidas alcohólicas podrían considerarse un flagelo para la sociedad. Pero otras drogas prohibidas son tambien un flagelo y un panel de las Naciones Unidas ha recomendado su legalización y descriminalización. Su serio control sería más beneficioso que su continuada prohibición. Las actitudes cambian con el tiempo y, por ejemplo, una reciente encuesta del Pew Research Center encontró que el 91% de los adultos estadounidenses piensan que la marijuana debe legalizarse. Aquí no existe una corriente de opinión publica que se oponga al consumo de bebidas alcohólicas, pero una carga impositiva exagerada actúa como una oposición contundente que redunda en una virtual prohibición.
La posición de Baez Brugal de que cualquier nuevo gravamen recaiga sobre el Ad-Valorem resulta sensata en tanto gravaría más a las bebidas de alta gama y las extranjeras que consumen los ricos. Es sensata también la solicitud de ARDO para que los gravámenes a los productos dominicanos se limiten a un 50%. Al grueso de la población no se le debe castigar encareciéndole su elixir preferido, ni a los productores nacionales se les debe poner en desventaja frente a las bebidas importadas. Poner nuevos impuestos moderados a las bebidas nacionales es tan razonable como beber con moderación.