A nivel internacional existen diversos organismos, que otorgan créditos a las naciones con menor desarrollo económico. De acuerdo con sus reglamentos institucionales, tales préstamos deberían tener como finalidad, posibilitar el desarrollo económico y social de dichas naciones.
El principal agente financiero es el denominado “Grupo del Banco Mundial”, compuesto por los siguientes organismos: a) el Banco Mundial, con su banco regional subordinado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); b) el Fondo Monetario Internacional y c) el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BRIF). Los tres están implicados en la promoción de la agenda de género.
Estos organismos han creado un sistema, que perpetúa la dominación de los países ricos sobre las naciones pobres. Se trata de la transformación de la deuda externa en “eterna”.
El control de las cuentas públicas por parte del FMI, tiene como finalidad esencial, asegurar que el conjunto de los préstamos otorgados sea superior a la capacidad de repago de cada Nación. La ecuación ideal es aquella donde no se pueda devolver el capital, y sólo pagar los intereses.
Aspiramos a que el Estado Dominicano, cuando lleguen las presiones de estos organismos, sepa resistir y haga valer en la mesa de discusión los principios y valores judeo-cristianos que enarbola nuestra Constitución y más del setenta y cinco por ciento del pueblo dominicano
Al llegar los vencimientos de capital, el país “beneficiado” no puede cancelarlos, refinanciándolos con un nuevo préstamo, en condiciones usurarias con la excusa del incumplimiento anterior.
Por el incremento de la tasa de interés de esta refinanciación, el país en cuestión sólo podrá pagar parte de los intereses. Vencidas las cuotas de capital, solicitará una nueva refinanciación donde los intereses caídos se capitalizan, y se agregan al capital impago, refinanciándose el nuevo monto, con una tasa de interés aún mayor, atento el doble incumplimiento. Y así sucesivamente.
Sin perjuicio de ello, cada una de las refinanciaciones incluye otras condiciones extorsivas. Se exige a la Nación pobre que tome nuevos préstamos para la compra y distribución masiva de contraceptivos y con ello controlar la natalidad; reforma del sistema educativo que incluya la “educación sexual” en las escuelas; reforma del sistema sanitario y judicial, que incluya indicadores de género, etc.
Ninguno de estos era un objetivo del gobierno de turno; sin embargo debe incorporarlos a sus políticas, para obtener la refinanciación de su deuda externa, en el momento en que tiene la imposibilidad financiera de pagar en término la misma.
Un estudio pormenorizado de los préstamos de estas instituciones a los diversos países, en la materia que nos ocupa, excede ampliamente el objeto de este artículo. El lector puede ingresar en la página web del Banco Mundial, y allí buscar el enlace al país que desee investigar. Encontrará el detalle de todos los préstamos vigentes, con una información sucinta de cada uno de ellos.
En los que se refieran a: salud materno-infantil, políticas de género, salud sexual o reproductiva, prevención del sida, reforma del sistema sanitario o educativo, está la financiación de diversos aspectos de la ideología contenida en el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que recientemente fue rechazada su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de nuestro país.
Por razones de espacio, me limitaré a citar tres documentos de diciembre de 1999, elaborados por el Banco Mundial con relación a la República Argentina. Los elegí para demostrar que el Banco Mundial está implicado en la implantación del género, desde hace más de una década y además, para mostrar que esta política se impone a todos los países en vías de desarrollo.
Esos tres documentos están contenidos en una “Estrategia de Asistencia al País”, elaborada por el Banco Mundial para la Argentina. Dichos documentos pretenden guiar las políticas y programas que serán objeto de apoyo crediticio.
Los textos expresan preocupaciones del Banco Mundial sobre el tema de la salud reproductiva femenina y presenta como metas expandir la importancia de la salud reproductiva y ampliar la agenda en cuestiones relacionadas con problemáticas sexuales.
Las consecuencias de las recomendaciones del Banco Mundial fueron las siguientes. Argentina aprobó en el año 2003 la ley de salud reproductiva, por la que se distribuyen gratuitamente todo tipo de contraceptivos en los hospitales públicos, a cualquier persona.
En el año 2005, el presidente Néstor Kirchner emitió un decreto donde estableció como prioridades de su gobierno la legalización de las esterilizaciones y el consumo de drogas, la despenalización del aborto y la eutanasia y el reconocimiento de las uniones homosexuales.
Las esterilizaciones fueron legalizadas por ley en el año 2006. Ese mismo año, se aprobó por ley la creación del “Programa Nacional de Educación Sexual Integral”. También se modificó la ley de educación para incorporar la ideología de género. En el año 2007, el Ministerio de Salud incorporó la “anticoncepción de emergencia” a las prestaciones médicas obligatorias y aprobó la “guía técnica para la atención de los abortos no punibles”.
Ya en el gobierno de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Educación aprobó en el año 2008 los lineamientos curriculares obligatorios para la “educación sexual”, donde se incluye como tema transversal –es decir en todas las materias de todos los ciclos-, la ideología de género. En el año 2010, Argentina se convierte en el primer país latino-americano en legalizar los matrimonios GLBT.
Para completar el panorama, debemos saber que a comienzos del año 2002, la Argentina declaró en cesación de pagos una parte sustancial de su deuda externa. Durante el año 2005 regularizó esa situación, mediante una nueva refinanciación de su deuda externa. Es obvio que, además de las ilícitas presiones del Banco Mundial, los gobiernos de los Kirchner hicieron suyas esas políticas, tan caras a la ideología de género.
República Dominicana se ha endeudado en los últimos veinte años con los organismos internacionales de crédito más en que en los 151 años anteriores de vida republicana. El proyecto de ley de salud sexual y reproductiva pretende imponernos de golpe una ideología que a Argentina le tomó seis años incorporar a su vida como nación.
Aspiramos a que el Estado Dominicano, cuando lleguen las presiones de estos organismos, sepa resistir y haga valer en la mesa de discusión los principios y valores judeo-cristianos que enarbola nuestra Constitución y más del setenta y cinco por ciento del pueblo dominicano.