Blancos, morados, rojos, variopintos, multicolores, los de a pie y los montados, los de arriba y los de abajo estamos en un mismo barco, todos con el mismo deseo de contribuir a hacer posible los avances necesarios para la mejoría de nuestro país en un mundo rodeado por los estragos sanitarios y sociales de la Covid-19.
La población votó mayoritariamente por un cambio y al gobierno del PRM le ha tocado iniciar su misión en medio de una crisis que sacude global y localmente planes, certezas y parámetros.
Para ser efectivos el cambio político y los nuevos aires que soplan sobre la República Dominicana deberían estar acompañados de una real transformación de las mentalidades, que deje de lado el clientelismo, el cofrecito, el barrilito, el patriarcalismo y el conservadurismo.
La gente votó por un gobierno que haga las cosas de otra manera. Esto no puede ser un quítate tú para ponerme yo. No hay herencia ni reparto que valga en los puestos gubernamentales y entre los electos del pueblo. El cambio debe ir mucho más allá de una simple permuta de funcionarios. Lo que tiene que imperar es la ley y la adecuación de la hoja de vida con los puestos a proveer. Si hay algo que puede frustrar al pueblo dominicano es darse cuenta un buen día que el anhelado cambio se ha transformado en más de lo mismo.
Celebramos hace apenas tres días el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, un tema en la palestra y en la mano de nuestros honorables diputados que tendrán la responsabilidad de aprobar la ley sobre el matrimonio infantil.
Han sido muchos los años de rodeos, sin que hayamos logrado garantizar a nuestras adolescentes el ejercicio de derechos ya reconocidos por leyes vigentes y acuerdos internacionales de los cuales somos signatarios.
En la espera, somos el reflejo de una sociedad desigual que no se muestra capaz de defender a su niñez amparándose en una ceguera social que tolera la “entrega” de adolescentes y la explotación sexual comercial de las niñas a cambio de bondades para las familias.
Esta legislación tan importante para los derechos de la niñez va de la mano con los derechos sexuales y reproductivos. La inclusión de la despenalización del aborto por las tres causales es un mínimo por el que un estado laico debe propugnar, independientemente del credo que profesen o no profesen los integrantes del gobierno y los honorables legisladores.
Como decía en un artículo reciente, la mujer del siglo XXI no es un mero objeto reproductor, sin derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, sin capacidad de resolución de conflictos, sin posibilidad de vida ni pensamiento autónomos, subyugada a diversos poderes religiosos, parlamentarios, médicos y jurídicos fundados sobre una idea de dominio masculino
La pauperización de una parte de nuestra población y la desvinculación creciente de las escuelas con la implementación de la enseñanza virtual, traen como consecuencias una mayor desprotección frente a los flagelos que mencionamos. Dicho de otra manera, propician la trata de menores, los matrimonios de adolescentes y el trabajo infantil.
Este empobrecimiento estructural es insostenible, como lo señalara el Papa Francisco en su reciente intervención frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando dijo que los síntomas de desigualdad “revelan una enfermedad social”; precisando que este “es un virus que viene de una economía enferma. Es el fruto de un crecimiento económico injusto, que prescinde de los valores humanos fundamentales”.
Es también el fondo del asunto al que el gobierno debe llegar, ahora con más razón y determinación que nunca frente a la urgencia de colmar las diversas brechas que se han profundizado en la sociedad. Brechas que dejan a nuestros niños, niñas y adolescentes todavía más desprotegidos que antes.