La siguiente nota fue tomada de un artículo de Juan LLadó quien a su vez cita otra fuente: “Según el Banco Mundial, una APP “es un acuerdo 'de objetivos compartidos' entre el sector público y una empresa o un grupo de empresas para suministrar, complementar o suplir servicios o bienes que el Estado usualmente presta o provee”. En nuestro país, las APP fueron creadas por mandato de la Ley No.47-20 y la DGAPP, por su lado, “es la institución responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social, que se planifiquen y desarrollen en República Dominicana bajo la modalidad de alianzas público-privadas”.
¿Cuál es el problema? Muy sencillo:
En este país, en esta etapa, momento y coyuntura, ninguna propuesta de alianza público privada escapa al pecado original de que nuestros empresarios están acostumbrados y mentalizados para ir montados con ventaja, siempre con la mejor tajada a expensas de todos los demás, especialmente si la otra parte es el Estado dominicano.
Pero eso tampoco es cierto, es una versión maquillada de la realidad. Lo cierto es que, cuando se negocia con el Estado, los empresarios nuestros van al saqueo y la depredación.
Cuentan con la incapacidad de los funcionarios para competir con ellos en eficiencia corporativa y visión de negocios; si no pueden hacerlo, los compran en efectivo o con la promesa de asegurarles un futuro cuando ya no sean funcionarios.
Los empresarios dominicanos no están preparados para negociar de buena fe con el Estado y el Estado tampoco está listo para controlarlos. Hay demasiado fuerza en la cultura de ir a por los mangos bajitos y esa cultura todavía gobierna y seguirá hasta que varios años de Ministerio Público independiente y mucha presión ciudadana modifiquen las reglas del juego. Mientras tanto, aquí no puede confiarse en la pulcritud de ninguna alianza publico privada porque, para empezar -y aunque el Presidente Abinader intenta impulsarlas por razones obvias- la misma gente designada en esas posiciones tiene compromisos profesionales vía oficinas de abogados con las mismas corporaciones que aspiran a quedarse con esos negocios en un evidente, pero no denunciado conflicto de intereses.
Las alianzas público privadas no son malas ni perniciosas per se, pero no estamos preparados para manejarlas y no por falta de capacidad técnica o gerencial sino porque la cultura del robo, el engaño y la depredación aunque golpeada, no esta derrotada ni destruida y todos los que hoy andan detrás de acuerdos de ese tipo, todavía tienen su mente en los tiempos de Danilo Medina y de hecho, negociaron con él bajo sus normas o más bien falta de normas y quieren seguir negociando con este gobierno pero no bajo un esquema competitivo sino bajo un esquema ventajista.
Danilo Medina es un cadáver nacional, pero su obra y su cultura todavía están vivas y encarnadas en los mismos personajes y con la misma sombrilla de alianzas público privadas.
No menos del 90% de los funcionarios actuales son cómplices de empresarios vía oficinas de abogados o están totalmente incapacitados profesionalmente.