Ventana educativa

¡No más clientelismo político en educación!

Por Dinorah García Romero

El Consejo Nacional de Educación de la República Dominicana emitió, el veintidós (22) de noviembre de 2017, la Ordenanza 24-2017 que Reglamenta el Sistema Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales.

Para elaborar y aprobar este documento normativo, el Consejo Nacional de Educación se apoyó en la Ley 66-97 y en otros referentes que forman parte de la normativa del Sistema Educativo Dominicano, como el Estatuto del Docente y el Plan Decenal 2008-2018. Para fundamentar la Ordenanza 24-2017, el Consejo Nacional de Educación asumió como punto de partida  el Art. 132 de la Ley 66-97 en el acápite b. Este Artículo forma parte del Capítulo II de la Ley 66-97, cuyo título es Del Estatuto Docente. El acápite b del Art. 132 indica que se debe Garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes y atendiendo a los intereses de los educandos, los padres de familia y la comunidad.

Desde que la Ordenanza 24-2017 se puso en ejecución, un sector de la Asociación Dominicana de Profesores, liderados por su autoridad máxima, ha manifestado rechazo total a las disposiciones que derivan de esta Ordenanza. Son diversos los argumentos que expresan para no admitir un proceso de esta naturaleza. Contrario a esta posición, consideramos que la Ordenanza 24-2017 constituye una oportunidad para dar pasos firmes hacia la institucionalidad y hacia la erradicación del clientelismo político que impera en el Sistema Educativo Dominicano. Si la Ordenanza se aplica conforme a los dictados de la Ley 66-97, el Ministro de Educación no podrá manejar discrecionalmente los resultados del Proceso Competitivo de Selección de Directores Regionales y Distritales. Tampoco podrá decidir pensando exclusivamente en el grupo o en los grupos afines a su afiliación política.  Para que la Ordenanza 24-2017 se aplique con diafanidad y rigor ético, hay que cumplir paso a paso lo que dicta la ley y los reglamentos que tengan relación con este caso. Además, la Asociación Dominicana de Profesores, la Sociedad civil y todas las instancias y personas, organizadas y no organizadas del país, tenemos que darle un seguimiento crítico sostenido a la ejecución de la Ordenanza, pero no paralizar su desarrollo. Si bloqueamos su ejecución, estamos fortaleciendo la incoherencia; puesto que cotidianamente decimos que necesitamos calidad y transparencia en la práctica educativa, tanto en el ámbito de la docencia como en el de la gestión y de la investigación. Además, los conflictos sistemáticos, entre el Ministerio y sectores de la ADP producen desgaste y retroceso de carácter social y educativo. Ambas partes deben responsabilizarse de un diálogo más educativo, más adulto y más reflexivo. Necesitamos que el Ministerio de Educación garantice información y comunicación abierta y clara sobre el proceso de ejecución y sobre los resultados. La sociedad tiene derecho a ser un sujeto informado; los que van a participar necesitan una comunicación más directa y clarificadora; los que se oponen y los que afrontan la oposición deben validar el diálogo, no en el discurso, sino en la práctica.

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