Recientemente el Presidente Medina sometió al Senado el proyecto de Presupuesto Complementario, el cual adiciona al presupuesto de 2013 los US$325 millones de los ingresos extraordinarios recibidos luego de la modificación del contrato con la Barrick Gold.

Según han reseñado los medios, el Ministro de Hacienda informó a los senadores que la mayoría de los recursos son para aumentar las transferencias a la CDEEE para el pago de deuda, unos RD$9,800 millones. Acorde con las noticias algo más del 70% de los RD$13, 770 millones serán para  la CDEEE y el resto está distribuido entre los diversos ministerios y la Presidencia de la República.

Buena parte de la sociedad dominicana estuvo reclamando firmemente cambios al contrato de concesión con la  Barrick para la operación de la mina de oro de Pueblo Viejo y respaldó la posición externada por el Presidente  en su discurso ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 2013.  A pesar de que el resultado de las negociaciones dista mucho de las posiciones extremas que algunos reclamaban,  esas preocupaciones parecerían haberse disipado.

Sin embargo como habíamos anticipado, lo primordial es que la sociedad dominicana preste atención al uso y destino que tendrían los ingresos extraordinarios que recibirá el país por la explotación del oro por el tiempo previsto.

Nuestro  sector eléctrico producto de las malas decisiones que se han tomado y de un manejo político e irresponsable  del mismo por nuestros gobernantes, ha tenido un altísimo costo para nuestra sociedad, la cual no solamente ha vivido por décadas afectada por los apagones y mala calidad del servicio, sino que ha debido cargar con las consecuencias de un enorme e insostenible subsidio que se ha tragado los recursos que hubieran podido ser destinados a educación, salud, transporte u otras áreas prioritarias.

Contrario a lo que muchos piensan, todos hemos pagado este alto costo, aun los que durante años no han pagado su consumo de energía,  pues al final la carga de los subsidios recae sobre todos así como las consecuencias de no poder utilizar mejor los recursos del Estado.

Las plantas a carbón cuya construcción fue recientemente licitada por el  gobierno dominicano, independientemente de que es necesario adicionar más energía al sistema, significarán un nuevo aumento de la deuda pública y, de no tomarse las decisiones fundamentales para reformar nuestro desastroso sector eléctrico  su  situación de déficit alarmante  y calamitosa gestión poco cambiará.

Por eso como sociedad no debemos dejar que  los ingresos extraordinarios de la explotación de la mina de oro simplemente se esfumen quemando combustible para brindar energía deficientemente sin cobrarla.  Ojalá que no repitamos la experiencia anterior de la explotación de esa misma mina por la estatal Rosario Dominicana, que solo nos legó el desastre natural y la contaminación cuando cerró sus operaciones.

Es necesario un gran debate sobre la utilización de estos recursos y que exijamos a las autoridades que cumplan con la ley y se discutan y aprueben los pactos para la reforma del sector eléctrico y el pacto fiscal. De lo contrario se esfumarán estos recursos y también las posibilidades de acelerar nuestro desarrollo.